Con amplio despliegue publicitario y la usual cacofonía bolivariana, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera con Colombia en el Estado Noroccidental de Táchira frente al contraparte colombiano de Norte de Santander. La razón detrás de tan drástica medida estaría en un incidente protagonizado por paramilitares colombianos y fuerzas regulares venezolanas, con dos venezolanos muertos y algunos heridos. Hubo una reunión bilateral a nivel de ministros de relaciones exteriores sin resultados positivos, seguida del mutuo llamado a consulta de los respectivos embajadores.
En el marco del cierre de la frontera, el gobierno venezolano ha procedido a la expulsión de ciudadanos colombianos residentes en esa parte de su territorio, la incautación de sus bienes y destrucción de sus viviendas, siguiendo tácticas desarrolladas por el régimen de ocupación israelí en Palestina y Cisjordania.
Tanto la OEA como UNASUR, y el resto de la parafernalia conocida ilusoriamente como diplomacia latinoamericana, han mantenido silencio; la Unión Europea y Estados Unidos han emitido declaraciones en lenguaje insípido llamando a privilegiar las negociaciones y evitar empeorar la situación humanitaria de los colombianos todavía en territorio venezolano, el gobierno de Maduro ha rechazado la declaración americana y evitado referirse respecto de la europea. Curiosamente, en medio de una situación en apariencia seria, Nicolás Maduro ha confirmado viaje a China para comienzos de septiembre.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de mas de 2.300 kilómetros de largo, marcada por las cuencas de los ríos colombianos afluentes del Orinoco; desde tiempos coloniales, esa frontera ha sido foco de tráfico de irregulares y contrabando, el comercio intérlope en la descripción del historiador Sergio Villalobos.
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En el Siglo XX, a partir del prolongado régimen venezolano de Vicente Gómez, el abigeato y el contrabando adquirieron rango semioficial, sin mayores controles del lado colombiano, si bien algo se intentó en la década del 1930 durante los gobiernos liberales de Olaya Herrera y Eduardo Santos.
A fines de la década del 1940, en medio del período conocido en Colombia por La Violencia, la frontera colombo-venezolana fue territorio de incremento de las actividades ilegales con intenso tráfico de armas ligeras. Los contemporáneos regímenes militares de los generales Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla no tuvieron mayor interés en mejorar sus controles fronterizos.
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Desde la década del 1970, el auge del narcotráfico y las actividades de los grupos armados insurreccionales colombianos de las FARC y ELN, arrasaron con los débiles controles fronterizos.
A comienzos de la década del 1990, la Cuenca del Río Arauca tenía una de las mayores concentraciones de hombres armados por kilómetro cuadrado fuera del Medio Oriente, en a ratos caótico entremezclarse de fuerzas regulares de ambos países, paramilitares de variados pelajes, y los insureccionales.
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