KRADIARIO

OPINIÓN DEL EDITOR-KRADIARIO

EL ESTADO CHILENO ATENTA CONTRA LA CLASE MEDIA

Por Walter Krohne

En Chile se ha desatado una verdadera guerra en contra de la clase media, sector socioeconómico que cada día es más insignificante en cuanto a derechos de voz, energía  e influencia. El enemigo número uno es el Estado con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En un momento se pensó que la calle sería el escenario más adecuado para que esta clase económica pudiera alcanzar algunos  de sus objetivos de mejorar las condiciones de vida que son inaceptables en el Chile de hoy, especialmente para trabajadores con sueldos bajos y la tercera edad con jubilaciones de hambre, pero que en la práctica ha sido imposible de lograr por los conductos oficiales.
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Pero este escenario de la calle también se ha debilitado al haber sido invadido por los “bárbaros” de la delincuencia que se han infiltrado entre los que son manifestantes pacíficos y bien intencionados, escenario que la policía observa con los brazos cruzados. Para esta clase sin  influencia  no funciona el Ejecutivo ni el Legislativo y ahora tampoco el poder Judicial ¿cuáles son las nuevas puertas que puede golpear esta clase media o cuáles son los caminos que debería seguir en Chile donde ya no hay ley válida ni “Dios creíble”?
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Como los políticos en 25 años no han hecho nada o muy poco para cambiar las reglas que orientan a la salud, las pensiones, el transporte, la educación, las autopistas, la seguridad ciudadana,  los abusos de poder y la corrupción y  muchos otros problemas heredados de la dictadura militar de Pinochet, que abundan en las conversaciones cotidianas  de la gente, en la prensa, en los foros radiales y de TV o en la chimuchina de los políticos, interesados únicamente en el poder y en obtener del Estado los mayores beneficios personales para alcanzar privilegios y vivir como una clase burguesa de verdad y sin mucho esfuerzo.
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Todos los días amanecemos con un nuevo atentado contra la clase media. Hoy son las isapres y el golpe que le han dado a miles de usuarios que habían encontrado  en el Poder Judicial una puerta "liberadora", de justicia y comprensión que permitiera evitar el alza anual indiscriminada de los planes de salud. Hasta la semana pasada podía evitarse este cobro recurriendo al Poder Judicial que consideraba hace un par de años este paso como un comportamiento ilegal de las aseguradoras de salud. Sin embargo, el criterio judicial está sorpresivamente cambiando y  ahora dicen lo contrario, que las isapres tienen la “libertad” por ley de reajustar los precios de sus planes. Esto ocurrió esta semana en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que dictó sesenta fallos en los que se rechazan los recursos de protección que habían interpuesto usuarios de isapres para congelar la tarifa de los planes de salud. 
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La confianza en este recurso quedó prácticamente anulada, teniendo como afectados, no a los más ricos, sino a una masa grande de trabajadores de clase media dentro de un total de 3.308.927 beneficiarios, cifra que incluye, según datos de 2014, a 1.842.895 cotizantes y 1.512.601 cargas.
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Estas resoluciones llamaron la atención debido a que los ministros emitieron esta vez argumentos de fondo para rechazar las presentaciones, después que durante varios años decidieron acoger  sin chistar estas demandas. Este año se han presentado más de 68 mil causas en contra de  las aseguradoras por la adecuación de los planes. En las resoluciones, todas similares, los jueces plantearon que “la Corte no advierte que el alza de precios propuesta sea producto de un acto ilegal ni arbitrario (...) es fruto del ejercicio de una facultad legalmente establecida y regulada”, en los artículos 197  y 198 del  Decreto con Fuerza de Ley 1, de 2005 (Gobierno de Ricardo Lagos). Nadie dijo una palabra que la cotización de las prestadoras privadas de salud sube todos los meses por el incremento de la UF.
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Los pronunciamientos indican que “atendido el bajo porcentaje del alza propuesto al precio base del plan (...) el control puede ejercerlo el propio afiliado, mediante el empleo de los recursos que la ley reconoce o incluso ejerciendo la opción de desafiliarse de una isapre que ejerce, de modo reprochable, la facultad de adecuar los contratos”.
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¿Desafiliarse? Es sinónimo de quedar sin atención de salud, porque el servicio público en la práctica o realidad no funciona y sólo se aprecian listas de espera interminables y largas filas o “colas” frente a los consultorios, además que una gran cantidad de médicos simplemente se niegan a atender a pacientes de Fonasa. Según una encuesta Plaza Cadem, un 80% de los chilenos confían en el sistema de isapres y sólo 12 por ciento en Fonasa. Al mismo tiempo, un 89% califica al sistema público como muy malo o malo.

Esta desafiliación es criticada  por el abogado y defensor de los cotizantes del sistema privado, Pedro Barría: “Si hay una persona enferma o bien de la tercera edad y le suben el precio en su isapre, deberá cambiarse a un plan con menos beneficios o irse de la aseguradora. Estos fallos están profundamente equivocados y en contra de la seguridad social”.
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Por su parte, el abogado Carlos Tagle, con diez dictámenes adversos como consigna La Tercera, explicó que las resoluciones contra las personas “siempre se repiten cuando forman las salas el ministro Juan Mera y el abogado integrante Angel Cruchaga. Se podría decir que ellos son pro isapres. Apelaremos a la Corte Suprema y como siempre lo hace, fallará a favor”, agregó Barría. Es lo que hay, es la justicia que tenemos en Chile.
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Por supuesto,  el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, aseguró que “no le corresponde emitir un juicio”, a pesar que la Superintendencia ha recibido 7.958 reclamos por este ítem, entre julio de 2014 y junio de este año.
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Como Chile es un país donde se cometen muchas irregularidades financieras, tributarias, abusos de poder y otras “maquinaciones”, para no utilizar la palabra  corrupción, no sería de extrañar que todo lo que estamos contando sea parte de una operación o acuerdo para acabar de un plumazo con este trámite judicial para no perjudicar el negocio de las isapres, que es boyante como se puede apreciar  en las estadísticas. Las utilidades de las isapres en el primer semestre de 2014 fueron  de $ 40.804 millones. El monto se traduce en un alza de un 45,7% en comparación con el período enero a junio de 2013, cuando las utilidades llegaron a $ 34.181 millones. Este año se supone que han crecido mucho más.
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A muchos chilenos trabajadores les resulta difícil dimensionar las cifras cuando escapan con mucho del rango de valores que manejan con mayor frecuencia, por ejemplo el monto del sueldo, el valor del automóvil que compraron hace 4 años, o incluso el valor de la casa que llevan 7 años pagando y de la cual faltan todavía otros 13 años por pagar para que en definitiva sea propia. Esta es la clase media que nada recibe del Estado, es su propio esfuerzo.

Y después las autoridades se preguntan ¿por qué la clase media ha perdido la confianza en nosotros los políticos?