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miércoles, 12 de agosto de 2015

DD HH- LIBERTAD DE ASESINO PUEDE SERVIR DE PRECEDENTE-KRADIARIO
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CONDENADO A PERPETUA EN CASO DEGOLLADOS QUEDÓ EN LIBERTAD CONDICIONAL POR "NO TENER CONCIENCIA"  DEL FEROZ CRIMEN REALIZADO

La Corte Suprema ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgar la libertad condicional para uno de los condenados por el caso de la muerte de tres militantes comunistas en 1985, conocido como caso Degollados.
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Se trata del ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Sáez, quien había sido condenado a cadena perpetua por los crímenes de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada.
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De los cinco integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema, solo la juez Rosa Egnem estuvo por rechazar este beneficio, tomando en cuenta el informe sicológico donde se establece que el ex carabinero no tiene conciencia del mal causado y que aún justifica sus acciones delictivas.
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La sala está integrada además por los ministros Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados Rodrigo Correa y Arturo Prado.
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En conversación con El Diario de Cooperativa, Manuel Guerrero hijo calificó esta resolución como "horrorosa" y aseguró que se trata de un día muy triste para los familiares de las víctimas, ya que podría marcar un precedente respecto a otros casos de violaciones a los derechos humanos.
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"Nos horroriza la decisión de la Corte Suprema porque establece un antecedente muy delicado de otorgar el beneficio de libertad condicional a un ejecutor material de un crimen de lesa humanidad que lo otorga además en forma improcedente porque Sáez Mardones no tiene conciencia del daño y tampoco se ha arrepentido de la justificación de delito cometido, por lo tanto para nosotros lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de denegación de Justicia", dijo Guerrero.
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Además, Manuel Guerrero señaló que ahora estudiarán recurrir a tribunales internacionales para que se sancione al Estado chileno.
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El máximo tribunal tomó esta decisión sin realizar alegatos, pese a que, aparte de  que los habían solicitado no solo los querellantes, sino que también el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la bancada de diputados del PC.

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