REFORMA CONSTITUCIONAL Y REFUNDACIÓN DE CHILE AHORA
Por Walter Krohne
Estamos llegando a un punto en la política chilena donde escuchamos la palabra “cambio” en las más diversa versiones. La derecha quiere cambiar, la izquierda pretende lo mismo, las fuerzas sociales piden cambios urgentes. Sin embargo, lo que se aprecia hasta ahora son sólo palabras sueltas y slogans que los políticos no especifican claramente en qué forma quieren concretar estos cambios.
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Los programas de los candidatos, como los de Bachelet y Mathei, no ofrecen grandes novedades, porque en ellos no se refleja un cambio claro dentro del sistema o en el modelo que arrastramos desde la dictadura militar.
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Son tantos los problemas pendientes que es imposible pensar que en cuatro años se resuelvan los más puntuales que tienen los chilenos, porque no se ve la capacidad funcionaria para hacerlos, son casi los mismos de antes, ni tampoco el dinero suficiente que sería necesario disponer para poder darle a los trabajadores, mujeres, niños y jóvenes una nueva vida, especialmente a los de la clase media y en general a los más vulnerables (el precio del cobre baja y se cree que lo seguirá haciendo).
Las 50 medidas en los primeros cien días de Gobierno
presentados hoy por la ex mandataria Bachelet tienen mucho de fantasía y poco
de realidad, porque en el fondo lo que se anuncia son métodos introductorios
para poder llegar a abordar más adelante los problemas a fondo. Lo mismo ocurre en el sector
de Matthei, que tiene un programa mucho más orientado al desarrollo económico y
al crecimiento del PIB que a combatir la desigualdad.
Y justamente el modelo económico chileno es el principal
factor de nuestra desigualdad social y económica. No existe ningún intento
serio para lograr una distribución mucha más justa del ingreso nacional.
Quienes se llevan lo que Chile gana son siempre los mismos, entre los cuales se
incluyen a los que “heredaron” de la dictadura empresas del estado de Chile, como
es el caso de Soquimich, que hoy afronta diversas acusaciones por
irregularidades financieras de forma y de fondo, o aquellos grandes conglomerados
que han sido “premiados” con perdonazos tributarios, como el caso Jonhson’s.
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Todo esto se comprende por la inexistencia en Chile de una verdadera Ley de donaciones electorales que regule los aportes empresariales a los candidatos, porque los dueños del dinero no lo hacen por altruismo o por algo que se parezca, sino por negocio que una vez llegado el candidato al poder se cobra de vuelta con creces. Esto origina corrupción e irregularidades como los escasos ejemplos mencionados, pero ciertamente hay muchos más. Es decir sólo por esta perspectiva olvidémonos del cambio. ¿Cómo cree usted que en Chile se permiten algunas construcciones o la instalación de industrias que no cumplen con los requisitos ni urbanísticos ni medioambientales? ¿Para qué queremos tener el edificio más alto de América Latina si después vamos a padecer serias dificultades para movilizarnos y utilizar nuestras propias calles?
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Cada vez que se le pregunta a un candidato sobre el origen de los fondos donados para sus campañas obtenemos un “yo paso”, método implantado por la señora Bachelet para soslayar así las preguntas difíciles. Sólo se puede obtener este datos observando la propaganda electoral: Cuando hay muchas gigantografías, que cuestan millonadas, es una señal que hay mucha plata frente a los más pobres y con menos relaciones empresariales que muestran letreros escritos a mano como ocurre en la localidad de El Totoral (comuna de El Quisco) con la candidatura de Marcel Claude.
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Los cambios que ofrecen hoy las candidaturas son más bien cosméticos o sólo para que la población menos informada diga que efectivamente los políticos están preocupados de “nuestros problemas”. La reforma del binominal es por ejemplo un gran chiste porque no se elimina este nefasto y antidemocrático sistema electoral. Es más de lo mismo pero con un aumento del número de parlamentarios como también de los diputados que pueden elegirse en cada distrito donde antes eran dos y hoy en algunos de ellos pueden ser hasta cuatro.
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Si se revisan las ofertas de los candidatos, ocho de nueve se inclinan por una reforma constitucional, pero muchos le temen a que este trabajo se concrete dentro de una Asamblea Constitucional porque piensan en Cuba y Venezuela, que tienen regímenes llamados “democráticos” pero que en realidad son similares a cualquier otra dictadura o sistemas autoritarios, por decirlo más suavemente. La conveniencia de una Asamblea es en el fondo una tarea que asumirían todas las fuerzas vivas chilenas para “refundar la República” con cambios reales que incluya la revisión a fondo de temas como el presidencialismo, el federalismo, el poder legislativo, el poder judicial y el desarrollo social y económico de Chile sobre la base de una real economía social de mercado y no en un capitalismo tan atroz como el que tenemos ahora.
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Realizar esta nada fácil reforma dentro de la actual institucionalidad no podría llegar a buen puerto porque la extrema derecha se las ingeniaría para rechazar cambios contundentes defendiendo permanentemente el legado que nos dejó Jaime Guzmán con una Carta Magna que es inmodificable, y lo mismo, pero con otros objetivos, haría la extrema izquierda.
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Así como se ven las cosas y a pesar de tener un panorama histórico de nueve candidatos presidenciales, no nos parece que va a ser posible lograr avances concretos y de fondo en materia de reformas del Estado que es el punto central de lo que se debería hacer hacia adelante.
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¿Significa entonces que estamos casi condenados a vivir bajo un nuevo período presidencial de otros cuatro años que serán en este sentido perdidos?
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Todo esto se comprende por la inexistencia en Chile de una verdadera Ley de donaciones electorales que regule los aportes empresariales a los candidatos, porque los dueños del dinero no lo hacen por altruismo o por algo que se parezca, sino por negocio que una vez llegado el candidato al poder se cobra de vuelta con creces. Esto origina corrupción e irregularidades como los escasos ejemplos mencionados, pero ciertamente hay muchos más. Es decir sólo por esta perspectiva olvidémonos del cambio. ¿Cómo cree usted que en Chile se permiten algunas construcciones o la instalación de industrias que no cumplen con los requisitos ni urbanísticos ni medioambientales? ¿Para qué queremos tener el edificio más alto de América Latina si después vamos a padecer serias dificultades para movilizarnos y utilizar nuestras propias calles?
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Cada vez que se le pregunta a un candidato sobre el origen de los fondos donados para sus campañas obtenemos un “yo paso”, método implantado por la señora Bachelet para soslayar así las preguntas difíciles. Sólo se puede obtener este datos observando la propaganda electoral: Cuando hay muchas gigantografías, que cuestan millonadas, es una señal que hay mucha plata frente a los más pobres y con menos relaciones empresariales que muestran letreros escritos a mano como ocurre en la localidad de El Totoral (comuna de El Quisco) con la candidatura de Marcel Claude.
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Los cambios que ofrecen hoy las candidaturas son más bien cosméticos o sólo para que la población menos informada diga que efectivamente los políticos están preocupados de “nuestros problemas”. La reforma del binominal es por ejemplo un gran chiste porque no se elimina este nefasto y antidemocrático sistema electoral. Es más de lo mismo pero con un aumento del número de parlamentarios como también de los diputados que pueden elegirse en cada distrito donde antes eran dos y hoy en algunos de ellos pueden ser hasta cuatro.
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Si se revisan las ofertas de los candidatos, ocho de nueve se inclinan por una reforma constitucional, pero muchos le temen a que este trabajo se concrete dentro de una Asamblea Constitucional porque piensan en Cuba y Venezuela, que tienen regímenes llamados “democráticos” pero que en realidad son similares a cualquier otra dictadura o sistemas autoritarios, por decirlo más suavemente. La conveniencia de una Asamblea es en el fondo una tarea que asumirían todas las fuerzas vivas chilenas para “refundar la República” con cambios reales que incluya la revisión a fondo de temas como el presidencialismo, el federalismo, el poder legislativo, el poder judicial y el desarrollo social y económico de Chile sobre la base de una real economía social de mercado y no en un capitalismo tan atroz como el que tenemos ahora.
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Realizar esta nada fácil reforma dentro de la actual institucionalidad no podría llegar a buen puerto porque la extrema derecha se las ingeniaría para rechazar cambios contundentes defendiendo permanentemente el legado que nos dejó Jaime Guzmán con una Carta Magna que es inmodificable, y lo mismo, pero con otros objetivos, haría la extrema izquierda.
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Así como se ven las cosas y a pesar de tener un panorama histórico de nueve candidatos presidenciales, no nos parece que va a ser posible lograr avances concretos y de fondo en materia de reformas del Estado que es el punto central de lo que se debería hacer hacia adelante.
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¿Significa entonces que estamos casi condenados a vivir bajo un nuevo período presidencial de otros cuatro años que serán en este sentido perdidos?
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