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CORTE SUPREMA HIZO UN MEA CULPA POR LA CONDUCTA QUE MANTUVO
DURANTE LA DICTADURA MILITAR
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El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, tras
el Pleno del máximo tribunal que sesionó durante la mañana de hoy, leyó una declaración reconociendo que el máximo
tribunal no ejerció liderazgo durante el régimen militar y no hizo todo lo que debía realizar durante la
época como también de ser responsable como Poder Judicial, de "omisiones y graves acciones" después del Golpe Militar de 1973.
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Ballesteros explicó que "el quiebre de la
institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió un régiemn cívico militar, que
violentó las garantías de los ciudadanos de nuestro país, que terminó con la
muerte de mucho de ellos, desaparecidos, con detenciones irregulares y otros
atropellos".
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"En tales condiciones, este máximo tribunal,
reflexionando sobre los hechos de la
época, como también del rol que
correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la
conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento
de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando
con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente
y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una
dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en
claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las
generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita,
por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática".
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De esta forma, el presidente del máximo tribunal explicó que
reconocen "la omisión de jueces que no hicieron lo suficiente durante la
época" y que la Suprema "no ejerció ningún liderazgo".
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"Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha
comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de
delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder
Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción
de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la
República", sentenció.
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Texto de la Declaración
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1.- Que el quiebre de la institucionalidad democrática a
partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico
militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero
contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de
los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte
de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y
torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios
de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Muchos de
tales hechos fueron legalmente establecidos en los procedimientos y juzgamientos respectivos.
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2.- Que, frente a esta realidad, no cabe sino reconocer
que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió
a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo
suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las
que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada pero principalmente de la
Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este
tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia,
toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales
que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela
judicial de que gozaban los afectados.
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3.- Que en tales condiciones, este máximo tribunal,
reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que
correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la
conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento
de las
graves acciones y omisiones que en ese entonces se
incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que
claramente, a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de
funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos
los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones
ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por
contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática.
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4°.- Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la Republica y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República.
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Presidentes de la Suprema desde 1973
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- Enrique Urrutia Manzano (1972-1975)
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4°.- Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la Republica y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República.
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Presidentes de la Suprema desde 1973
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- Enrique Urrutia Manzano (1972-1975)
- José María Eyzaguirre Echeverría (1975-1978)
- Israel Bórquez Montero (1978-1983)
- Rafael Retamal López (1983-1988)
- Luis Maldonado Boggiano (1988-1991)
- Enrique Correa Labra (1991-1993)
- Marcos Aburto Ochoa (1993-1995)
- Servando Jordán López (1996-1997)
- Roberto Dávila Díaz (1998-1999)
- Hernán Álvarez García (2000-2001)
- Mario Garrido Montt (2002-2003)
- Marcos Libedinsky Tschorne (2004-2006)
- Enrique Tapia Witting (2006-2008)
- Urbano Marín Vallejo (2008-2010)
- Milton Juica Arancibia (2010-2012)
- Rubén Ballesteros Cárcamo (2012-2014)
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