CÓMO PODEMOS SALVAR A CHILE
Por Walter Krohne
Una curiosa mezcla de frustración y esperanza dejó la
conmemoración del 40 aniversario del golpe militar de 1973. Frustración por la
violencia en que terminaron las manifestaciones callejeras que llevaron el odio
a numerosas poblaciones modestas y periféricas del gran Santiago. Pero también los actos y discursos pronunciados en las ceremonias oficiales
abrieron algunas esperanzas de que los
dirigentes políticos estarían comenzando a pensar diferente y dispuestos a
encausar los cambios que sean necesarios para el Chile actual y lograr que la
sociedad tenga otra vez la fuerza necesaria para luchar y sacar al país de la miseria moral en la que se encuentra.
La violencia no funciona en absoluto, es un camino
equivocado que nos hundirá cada vez más porque la violencia trae cada vez más
violencia. Hace algunos años los manifestantes lanzaban piedras, hoy utilizan
armas de guerra y ácido que lanzan sin piedad a los rostros de los policías. Antes los protestantes destruían algunas
señales éticas, hoy saquean tiendas de comerciantes modestos que lo pierden
todo. Al comienzo eran manifestantes inspirados en alguna ideología, hoy son en
su mayoría gente frustrada y entremezclada con delincuentes.
Entre los discursos que se pronunciaron en diversos actos o
a través de entrevistas periodísticas
hubo algunas que dejaron abiertas algunas puertas de esperanza real .
”¿Qué es más importante?”, preguntó el presidente Sebastián
Piñera a los chilenos y chilenas, pero muy particularmente a los ex presidente
democráticos de Chile…”¿lo que pasó hace 40 años o lo que juntos vamos a hacer
en los próximos 40 años? Si todos pensáramos con esa actitud, Chile se va a
reencontrar no sólo con la paz sino
también con la reconciliación”.
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En este sentido quedó manifestado el reconocimiento de que
había llegado el tiempo de no olvidar, pero si de superar los traumas del
pasado o de que “la inexistencia de una visión común no debe ser impedimento
para lograr construir un futuro más tolerante.
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Para ello algunos sectores políticos deben intentar cambiar la forma arcaica de como siguen viendo el futuro político institucional de Chile para así poder llegar a tener una visión distinta a la que manifiestan hoy, como es, por ejemplo, el caso de la UDI que insiste en no cambiar nada con la excusa de evitar una pérdida de estabilidad política, tratándose más bien en el fondo de querer mantener un control político absoluto apoyado en una Constitución pinochetista totalmente obsoleta para el momento en que vivimos.
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Hay que convencerse que han pasado años y que ya no necesitamos medidas que nos aseguren estabilidad, porque eso fue útil en los primeros años de democracia, lo que hoy ya es pasado.
La estabilidad se logra de día en día con los cambios que se hagan en la ruta por el desarrollo. Lo que necesitamos ahora para lograr la reconciliación es conseguir una mayor participación ciudadana en las decisiones del Estado.
En este sentido la estructura estatal chilena debería apoyarse mucho más en el “principio de subsidiaridad” que significa tomar las decisiones en el nivel más bajo posible de una sociedad para ir ascendiendo a los niveles siguientes cuando sea necesario, soluciones que siempre, a pesar del nivel en el que se tome finalmente la decisión definitiva, debe estar presente el factor primordial que es lo que quiere la gente o lo que plantea el pueblo según las necesidades de cada segmento de la sociedad.
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La gente no quiere que se le impongan decisiones del poder central como tampoco las regiones quieren que desde Santiago los partidos le impongan los candidatos a parlamentarios. Esto no tiene nada que ver con socialismo o capitalismo, tiene que ver con la búsqueda permanente de la reconciliación interna, indispensable para un país que desea ser desarrollado, lo que no se logrará si los ciudadanos no son tomados en cuenta.
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El principio de subsidiariedad, en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema. Este principio se basa en el máximo respeto al derecho de autodeterminación o a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social y, a su vez, es el fundamento sobre el que se sustenta la estructura de la interacción sociopolítica que denominamos democracia participativa.
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Para el caso de Chile, lo anterior debe avanzar además en forma separada de lo que conocemos como verdad y justicia, que es un tema fundamental para hallar la paz. Las fuerzas armadas deben ser obligadas por una ley especial a entregar toda, pero toda la información que poseen sobre violación de los derechos humanos y que no quieren hacerlo por la existencia de un pacto interno de “secretismo”, éticamente despreciable, acordado antes de terminar la dictadura. Todos los responsables de delitos cometidos como asesinatos, torturas, desapariciones o lanzamientos de cuerpos al mar, entre otros, deben ser pagados con cárcel. Y si fuera necesario habría que reinstaurar la pena de muerte para aquellos soldados o agentes de inteligencia que sean responsables de torturar en la forma más brutal a mujeres embarazadas y niños, como ocurrió en los 17 años de la dictadura de Pinochet.
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Si todo esto no lo tomamos en serio volveremos a caer en el futuro en nuevas barbaridades como fue el gobierno autoritario, manejado por cobardes e incapaces, que nos han dejado un país convertido en una “piltrafa humana” con una gran parte de la población moralmente enferma como consecuencia del secuestro y posterior asesinato de los seres queridos.
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Para ello algunos sectores políticos deben intentar cambiar la forma arcaica de como siguen viendo el futuro político institucional de Chile para así poder llegar a tener una visión distinta a la que manifiestan hoy, como es, por ejemplo, el caso de la UDI que insiste en no cambiar nada con la excusa de evitar una pérdida de estabilidad política, tratándose más bien en el fondo de querer mantener un control político absoluto apoyado en una Constitución pinochetista totalmente obsoleta para el momento en que vivimos.
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Hay que convencerse que han pasado años y que ya no necesitamos medidas que nos aseguren estabilidad, porque eso fue útil en los primeros años de democracia, lo que hoy ya es pasado.
La estabilidad se logra de día en día con los cambios que se hagan en la ruta por el desarrollo. Lo que necesitamos ahora para lograr la reconciliación es conseguir una mayor participación ciudadana en las decisiones del Estado.
En este sentido la estructura estatal chilena debería apoyarse mucho más en el “principio de subsidiaridad” que significa tomar las decisiones en el nivel más bajo posible de una sociedad para ir ascendiendo a los niveles siguientes cuando sea necesario, soluciones que siempre, a pesar del nivel en el que se tome finalmente la decisión definitiva, debe estar presente el factor primordial que es lo que quiere la gente o lo que plantea el pueblo según las necesidades de cada segmento de la sociedad.
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La gente no quiere que se le impongan decisiones del poder central como tampoco las regiones quieren que desde Santiago los partidos le impongan los candidatos a parlamentarios. Esto no tiene nada que ver con socialismo o capitalismo, tiene que ver con la búsqueda permanente de la reconciliación interna, indispensable para un país que desea ser desarrollado, lo que no se logrará si los ciudadanos no son tomados en cuenta.
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El principio de subsidiariedad, en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema. Este principio se basa en el máximo respeto al derecho de autodeterminación o a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social y, a su vez, es el fundamento sobre el que se sustenta la estructura de la interacción sociopolítica que denominamos democracia participativa.
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Para el caso de Chile, lo anterior debe avanzar además en forma separada de lo que conocemos como verdad y justicia, que es un tema fundamental para hallar la paz. Las fuerzas armadas deben ser obligadas por una ley especial a entregar toda, pero toda la información que poseen sobre violación de los derechos humanos y que no quieren hacerlo por la existencia de un pacto interno de “secretismo”, éticamente despreciable, acordado antes de terminar la dictadura. Todos los responsables de delitos cometidos como asesinatos, torturas, desapariciones o lanzamientos de cuerpos al mar, entre otros, deben ser pagados con cárcel. Y si fuera necesario habría que reinstaurar la pena de muerte para aquellos soldados o agentes de inteligencia que sean responsables de torturar en la forma más brutal a mujeres embarazadas y niños, como ocurrió en los 17 años de la dictadura de Pinochet.
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Si todo esto no lo tomamos en serio volveremos a caer en el futuro en nuevas barbaridades como fue el gobierno autoritario, manejado por cobardes e incapaces, que nos han dejado un país convertido en una “piltrafa humana” con una gran parte de la población moralmente enferma como consecuencia del secuestro y posterior asesinato de los seres queridos.
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Alejandro Boye Walter, suscribo 100 por ciento tu análisis. ¡Muy bueno!
Hace 11 minutos · Me gusta