5-9-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N°869
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EL PERDÓN DE LOS JUECES POR LAS OMISIONES EN LA DICTADURA
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El Pleno de la Corte Suprema estará dominado mañana viernes por
el perdón “por las acciones u omisiones impropias de su función” durante los 17
años del régimen militar publicado ayer por la Asociación Nacional de Magistrados del Poder
Judicial.
El presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, aseguró que
"mañana hay un pleno normal y seguramente el tema se va a tratar”.
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En cuanto a la solicitud de la Asociación de Magistrados, de que la Corte Suprema realice "también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones u omisiones del pasado", Ballesteros indicó que "ellos pueden hacer peticiones, es una petición contenida en un documento de su asociación, está en la Constitución política el derecho a petición, o como vulgarmente se dice, el derecho a pataleo".
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En cuanto a la solicitud de la Asociación de Magistrados, de que la Corte Suprema realice "también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones u omisiones del pasado", Ballesteros indicó que "ellos pueden hacer peticiones, es una petición contenida en un documento de su asociación, está en la Constitución política el derecho a petición, o como vulgarmente se dice, el derecho a pataleo".
Según el documento del gremio, la Corte Suprema incurrió en
omisiones pues, "no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la
protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada".
El documento
La declaración de la Asociación de Magistrados expresa:
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"Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal".
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"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".
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“El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto".
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"Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal".
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"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".
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“El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto".
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"Sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha
llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad
chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de
orientar, interpelar y motivar a nuestra
institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de
sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la
función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la
jurisdicción".
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"Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia", enfatiza.
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El rol de un juez
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"Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia", enfatiza.
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El rol de un juez
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados,
María Francisca Zapata, dijo hoy en una radioemisora santiaguina que el perdón que el organismo transmitió a las victimas de los derechos humanos, así
como también el llamado a la Corte Suprema a meditar por sus acciones u
omisiones durante el régimen militar, forma parte de una reflexión que están
haciendo “desde hace un tiempo” sobre el
rol de un juez, y precisamente de eso se trata, porque nuestro rol es de
protección y garantía de los derechos fundamentales, y eso contrastado con los
hechos del pasado da un resultado negativo”.
“Consideramos que tenemos alguna responsabilidad en tanto no
fuimos capaces de orientar, interpelar y motivar a la asociación gremial y sus
miembros en orden de no insistir en la ejecución de sus deberes más
elementales”, agregó la magistrada.
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Pese a eso, Zapata hizo hincapié en que “lo nuclear de esto, el sentido de esta petición de perdón no debe ser frivolizado ni cuestionado con aspectos periféricos. Hay que ir al sentido profundo que tiene. No es para la galería ni para salir en los medios. El perdón mira hacia el futuro, y eso es lo relevante que contiene esta declaración, porque el sentido que tiene es cómo se asume un compromiso respecto del rol que está llamado a cumplir el juez, y en esa comprensión del rol hay una garantía de no repetición”.
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Consultada por el llamado a la Corte Suprema a reflexionar, la jueza explicó que este acto “no es una interpelación, es una invitación, y las invitaciones se toman o se dejan. La discrepancia fundamental que tenemos es en relación a la aproximación que se tiene en torno a las responsabilidades. Como no hay responsabilidades individuales en torno a quienes hoy constituyen la Corte Suprema, es evidente que no se espera que individualmente cada miembro hiciera este ejercicio”.
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“Acá no se trata de responsabilidades personales, y la presidenta del Colegio de Abogados tiene razón en el sentido de que ninguno de los que firmamos la declaración estuvo cuando ocurrieron los hechos. Estos son responsabilidades institucionales”, añadió la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados.
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Por último, Zapata recordó que esta petición de perdón se hace, en parte, debido a que “la gente dice ‘los jueces hicieron’ o ‘los jueces no hicieron’, y esa interpelación de la sociedad hace que ‘los jueces’ digan o expresen cuáles son sus pareceres frente a estas acciones. Lo más importante para nosotros es hacer este ejercicio en torno a clarificar la acción del juez en la protección de los derechos fundamentales”.
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Aparte de los magistrados, a 40 años del Golpe Militar, ya han pedido perdón los senadores Hernán Larraín (UDI) y Camilo Escalona (socialista).
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Pese a eso, Zapata hizo hincapié en que “lo nuclear de esto, el sentido de esta petición de perdón no debe ser frivolizado ni cuestionado con aspectos periféricos. Hay que ir al sentido profundo que tiene. No es para la galería ni para salir en los medios. El perdón mira hacia el futuro, y eso es lo relevante que contiene esta declaración, porque el sentido que tiene es cómo se asume un compromiso respecto del rol que está llamado a cumplir el juez, y en esa comprensión del rol hay una garantía de no repetición”.
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Consultada por el llamado a la Corte Suprema a reflexionar, la jueza explicó que este acto “no es una interpelación, es una invitación, y las invitaciones se toman o se dejan. La discrepancia fundamental que tenemos es en relación a la aproximación que se tiene en torno a las responsabilidades. Como no hay responsabilidades individuales en torno a quienes hoy constituyen la Corte Suprema, es evidente que no se espera que individualmente cada miembro hiciera este ejercicio”.
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“Acá no se trata de responsabilidades personales, y la presidenta del Colegio de Abogados tiene razón en el sentido de que ninguno de los que firmamos la declaración estuvo cuando ocurrieron los hechos. Estos son responsabilidades institucionales”, añadió la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados.
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Por último, Zapata recordó que esta petición de perdón se hace, en parte, debido a que “la gente dice ‘los jueces hicieron’ o ‘los jueces no hicieron’, y esa interpelación de la sociedad hace que ‘los jueces’ digan o expresen cuáles son sus pareceres frente a estas acciones. Lo más importante para nosotros es hacer este ejercicio en torno a clarificar la acción del juez en la protección de los derechos fundamentales”.
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Aparte de los magistrados, a 40 años del Golpe Militar, ya han pedido perdón los senadores Hernán Larraín (UDI) y Camilo Escalona (socialista).
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