KRADIARIO

9-9-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N° 870

TODO SERÍA HOY DIFERENTE SI

 PINOCHET HUBIESE SIDO

 PROCESADO Y CONDENADO

 

Los procesos contra altos ex jefes militares deben continuar

 

Por Walter Krohne

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Reconciliación es un concepto tremendamente positivo, pero lamentablemente en el caso chileno parece impracticable.  Lo hemos visto hoy cuando los esfuerzos para conmemorar los 40 años del golpe militar de 1973 se efectuaron en el marco de una división insuperable que, como noticia,  recorrió el mundo en cosa de minutos. 

La oposición, encabezada por Michelle Bachelet, recordó el golpe en el Museo de La Memoria y el oficialismo, con el Presidente Sebastián Piñera a la cabeza,  lo hizo donde corresponde, en el Palacio de La Moneda, porque allí ocurrieron los hechos, fue ese el lugar del despiadado bombardeo de los Hawker Hunter, allí murió el presidente constitucional Salvador Allende y también terminó la vida para  “el perro Olivares”, un avesado periodista de la época.

Es en ese palacio, hoy reconstruido, donde ha estado  siempre el punto neurálgico de la tragedia y de todo lo que ocurrió tras el derrocamiento del presidente constitucional. La Moneda es el símbolo de una de las más cruentas dictaduras militares de América Latina que sustituyó los errores de Allende por los horrores de Pinochet.

El pecado de Allende fue intentar darle  justicia a un sufrido pueblo que había vivido a medias desde la época colonial en el marco de una miseria inconmesurable que fue pasando de una a otra familia, por generaciones, afectando a los trabajadores en general y a las mujeres. Ambos grupos humanos fueron escasamente respetados y explotados por un capitalismo indomable, que sigue vigente en nuestra organización estatal y que hoy, en el siglo 21,  identificamos como “capitalismo salvaje”.

Nunca habrá reconciliación en Chile, al menos mientras sigan vivos varios personajes representativos y que tuvieron directa responsabilidad en el golpe y en la violación de los derechos humanos. Por la vía del perdón, que han puesto en práctica algunos parlamentarios, dirigentes políticos y jueces, no se logrará ningún progreso en cuanto a reconciliación. El perdón no puede ser real mientras no sean superados cada uno de los casos aún pendientes de esta tragedia. Me refiero a los centenares de casos de torturados y asesinados, a los desaparecidos, a los humillados, a los empobrecidos tras perder sus puestos de trabajo, familiares  y todos sus bienes y a una generación de chilenos frustrados, especialmente cuando ven caminando libremente por las calles de Santiago, después de 40 años del Golpe,  a quienes asesinaron o torturaron en siniestras casas de la Dina o la CNI operadas por  la estructura estatal como por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
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No habrá reconciliación mientras no se termine de procesar como corresponde a todos los que cometieron delitos y actos criminales. En este sentido el principal error que cometió la clase política fue abortar el proceso contra el dictador Pinochet  tras su detención en Londres en 1998. Allí está el momento clave en que se desvió una vez más la historia de Chile o se interrumpió un proceso que podría al menos haber conformado a los incansables luchadores por verdad y  justicia. Todavía algo se podría hacer, como condenar a Pinochet "post mortem" y abrir procesos al resto de los jefes militares que hoy viven en la impunidad.
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La política del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle frente a la detención de Pinochet fue el denominado “principio de soberanía judicial” consistente en que el general debería  ser procesado sólo por tribunales chilenos, en territorio chileno y por delitos cometidos en Chile.
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El mandatario, sus ministros, los políticos de la época de todos los bandos  fallaron, por conveniencia o error, porque sabían perfectamente que iba a ser imposible juzgar a Pinochet en Chile como efectivamente ocurrió. Muchos políticos que participaron en el Gobierno militar lo impidieron, como los conservadores de la UDI,  y a la Concertación le faltó mucho coraje para imponerse.

 

Ni siquiera cuando se supo del millonario patrimonio que poseía el dictador en diversos bancos en el extranjero, cuya procedencia quedó sin aclararse, y el caso tuvo que ser cerrado tras nueve años de investigación en agosto de este año.
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El ministro en visita Manuel Valderrama pudo establecer que Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990,  acumuló una fortuna de 21 millones de dólares, 17 de los cuales no pudieron ser justificados contablemente. Estos capitales o bienes de todos los chilenos fueron depositados en un centenar de cuentas en el Banco estadounidense Riggs y entidades financieras del Caribe bajo 27 nombres falsos de Pinochet, entre ellos Daniel López y John Long, así como al amparo de cuentas de sus familiares.
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Y no sólo Pinochet, muchos otros militares y altos funcionarios crearon grandes fortunas personales a través de “negocios sucios” de la dictadura o la compra a precio de huevo de las empresas que formaban el patrimonio del Estado de Chile. Todo esto está pendiente y debe ser investigado. 

 

Los derechos humanos se mantienen en un manto de impunidad y distorsión. Aquí hubo terrorismo de estado. Los responsables fueron el estado de Chile y sus instituciones, las fuerzas armadas y un sector político del país que hoy está otra vez en el poder. Los grandes responsables intelectuales, altos mandos de las fuerzas armadas que integraron la junta y los más influyentes organismos de la dictadura militar deben ser investigados, procesados y eventualmente condenados. Mientras esto no ocurra  no intentemos nuevamente buscar la reconciliación en Chile porque una vez más fracasaremos.

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