JUEZ GARZÓN SERÍA PROCESADO COMO ÉL INTENTÓ HACERLO CON PINOCHET
El juez de instrucción español Baltasar Garzón, que movilizó al mundo con su intento de procesar al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en 1978 por delitos de lesa humanidad, está a punto de ser llevado ahora el mismo al banquillo de los acusados por el delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho) que habría cometido tras abrir una causa sobre las desapariciones del franquismo sin haber tenido competencias legales para ello.
La acusación contra el juez de la Audiencia Nacional española fue presentada por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, Falange Española de los JONS y Libertad e Identidad y podría costarle una inhabilitación de entre 12 y 20 años.
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El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, en un procedimiento abreviado, dio hoy un plazo de diez días a las partes demandantes para formular un escrito formal de acusación e iniciar de inmediato un juicio oral en contra de Garzón.
Este paso judicial comprende además la suspensión cautelar del magistrado en su ejercicio de su función de juez en la Audiencia Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial español que ordena en este sentido al Consejo General del Poder Judicial, lo que recién se cumplirá cuando comience el juicio oral.
Contra esta resolución, Garzón apelará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como dijo hoy su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. En un escrito, Martínez impugnará especialmente la denegación de las pruebas solicitadas por el juez acusado, como son las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. Sin embargo, este trámite no cambiaría las cosas debido a que hasta ahora esta Sala siempre ha respaldado las decisiones de Varela.
Garzón, como juez de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo el día 16 de octubre de 2008 (es decir, coincidentemente diez años después de que hizo detener a Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998).
El juez de instrucción español Baltasar Garzón, que movilizó al mundo con su intento de procesar al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en 1978 por delitos de lesa humanidad, está a punto de ser llevado ahora el mismo al banquillo de los acusados por el delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho) que habría cometido tras abrir una causa sobre las desapariciones del franquismo sin haber tenido competencias legales para ello.
La acusación contra el juez de la Audiencia Nacional española fue presentada por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, Falange Española de los JONS y Libertad e Identidad y podría costarle una inhabilitación de entre 12 y 20 años.
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El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, en un procedimiento abreviado, dio hoy un plazo de diez días a las partes demandantes para formular un escrito formal de acusación e iniciar de inmediato un juicio oral en contra de Garzón.
Este paso judicial comprende además la suspensión cautelar del magistrado en su ejercicio de su función de juez en la Audiencia Nacional, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial español que ordena en este sentido al Consejo General del Poder Judicial, lo que recién se cumplirá cuando comience el juicio oral.
Contra esta resolución, Garzón apelará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como dijo hoy su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. En un escrito, Martínez impugnará especialmente la denegación de las pruebas solicitadas por el juez acusado, como son las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. Sin embargo, este trámite no cambiaría las cosas debido a que hasta ahora esta Sala siempre ha respaldado las decisiones de Varela.
Garzón, como juez de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo el día 16 de octubre de 2008 (es decir, coincidentemente diez años después de que hizo detener a Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998).
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Garzón explicó en esa ocasión que el delito a investigar aún existía por no haberse podido conocer el paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, se planteó que como los supuestos implicados, el dictador Francisco Franco Bahamonde y otros 34 acusados, habían fallecido, no existía por lo tanto responsabilidad penal y el caso pasaría entonces a los juzgados territoriales correspondientes.
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El dictador Franco estuvo 33 años en el poder entre los años 1938 y 1974, cuando falleció. Aparte de esta acusación judicial, el juez de la Audiencia Nacional de España se ve afectado por otros dos procesos en su contra que están en trámite.
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Garzón se hizo conocido en todo el mundo al ordenar la detención de Pinochet en Londres, como ya dijimos, el 16 de octubre de 1998, cuando éste estaba internado en la London Clinic de la capital británica afectado de una operación de columna.
Sin embargo, finalmente el juez no pudo trasladar al militar a España para someterlo a juicio, como había proyectado, debido a que, tras 503 días de detención, Pinochet fue puesto sorpresivamente en libertad y enviado de regreso a Chile con la promesa de que iba a ser procesado en su Patria, lo que nunca se cumplió. Esto ocurrió después que los gobiernos de Chile (presidente era Eduardo Frei Ruiz Tagle) y de Gran Bretaña llegaron a un “acuerdo humanitario”.
Sin embargo, finalmente el juez no pudo trasladar al militar a España para someterlo a juicio, como había proyectado, debido a que, tras 503 días de detención, Pinochet fue puesto sorpresivamente en libertad y enviado de regreso a Chile con la promesa de que iba a ser procesado en su Patria, lo que nunca se cumplió. Esto ocurrió después que los gobiernos de Chile (presidente era Eduardo Frei Ruiz Tagle) y de Gran Bretaña llegaron a un “acuerdo humanitario”.
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