EN BUENOS AIRES

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE ARGENTINA Y ESPAÑA SE QUERELLAN CONTRA EL FRANQUISMO

Una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España por el franquismo, entre los años 1936 y 1977, fue presentada hoy en la Cámara Federal de Buenos Aires por unas diez organizaciones de derechos humanos de Argentina y España.

Entre los querellantes figuran la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, y el Comité de Acción Jurídica de la Central Argentina de Trabajadores.

La querella comprende el período entre el 17 de julio de 1936, cuando el dictador Francisco Franco se hizo del poder en España, y el 17 de junio de 1977, cuando el Rey español confirmó al centrista Adolfo Suárez en su cargo de Presidente del Gobierno para el cual fue elegido en comicios libres.

El texto de la querella expone en primer lugar los casos particulares de los familiares de Rivas y García Holgado como ejemplos de muchos más y pide a la justicia argentina que intervenga en aplicación del principio de justicia universal. La titular del Juzgado Nº1 de la Cámara Federal de Buenos Aires es la magistrada María Romilda Servini de Cubria, la misma que condujo el proceso contra los autores del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y de su esposa, ocurrido en un atentado terrorista perpetrado por agentes de Augusto Pinochet en el barrio Palermo de la capital argentina en octubre de 1974.

Tras la presentación se realizó una manifestación de solidaridad y apoyo al juez español Baltasar Garzón, al que todos los participantes aludieron para expresar su gratitud y reconocimiento.
"Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América Latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable esta sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe", dijo el presidente del Centro argentino de Estudios Legales (CELS), Horacio Verbitsky.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, apoyó igualmente al juez Garzón y exigió continuar la investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo que se lleva a cabo en España.

La querella solicita a la justicia argentina que actúe en aplicación del principio de jurisdicción universal para evitar la "impunidad" de los graves delitos denunciados.

Proceso contra Garzón en España

El juez de instrucción español Baltasar Garzón, que movilizó al mundo con su intento de procesar al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en 1978 por delitos de lesa humanidad, se le quiere llevar ahora al mismo al banquillo de los acusados por el delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho) que habría cometido tras abrir una causa sobre las desapariciones del franquismo sin haber tenido competencias legales para ello.

La acusación contra el juez de la Audiencia Nacional española fue presentada por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, Falange Española de los JONS y Libertad e Identidad y podría costarle una inhabilitación de entre 12 y 20 años.

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, en un procedimiento abreviado, dio un plazo de diez días, el 7 de abril pasado, a las partes demandantes para formular un escrito formal de acusación e iniciar de inmediato un juicio oral en contra de Garzón. Sin embargo, contra esta resolución, Garzón apeló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, informó su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.

El dictador Franco estuvo 33 años en el poder entre los años 1938 y 1974, cuando falleció. Aparte de esta acusación judicial, el juez de la Audiencia Nacional de España se ve afectado por otros dos procesos en su contra que están en trámite.
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Garzón se hizo conocido en todo el mundo al ordenar la detención de Pinochet en Londres, como ya dijimos, el 16 de octubre de 1998, cuando éste estaba internado en la London Clinic de la capital británica afectado de una operación de columna.

Sin embargo, finalmente el juez no pudo trasladar al militar a España para someterlo a juicio, como había proyectado, debido a que, tras 503 días de detención, Pinochet fue puesto sorpresivamente en libertad y enviado de regreso a Chile con la promesa de que iba a ser procesado en su Patria, lo que nunca se cumplió. Esto ocurrió después que los gobiernos de Chile (presidente era Eduardo Frei Ruiz Tagle) y de Gran Bretaña llegaron a un “acuerdo humanitario”.