KISSINGER PREFIRIÓ CALLAR ANTES QUE ADVERTIR A PINOCHET DE LOS PROYECTADOS CRIMENES POLITICOS
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El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, resolvió cambiar por el silencio una decisión anterior suya de advertir a Agusto Pinochet en Chile y a los demás dictadores sudamericanos, en septiembre de 1976, que el gobierno estadounidense estaba enterado de los crímenes políticos que se proponían cometer a través de la Operación Condor.
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Este cambio de decisión habría sido clave para que cinco días después, el 21 de septiembre de 1976, se cometiera, como estaba previsto, el crimen contra el ex cancilller y ex ministro de defensa del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington.
Analistas en EE UU opinan que si Kissinger hubiese mantenido sus instrucciones anteriores de advertir a Pinochet y a los demás dictadores de que Washington estaba en conocimiento de estos crímenes, al menos en el caso chileno, la DINA hubiese dado marcha atrás en el plan Letelier, quien trabajaba en el Instituto de Estudios Políticos, a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca.
Esta nueva información sobre el atentado se desprende de documentos desclasificados ayer sábado por el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en la capital estadounidense.
Letelier murió cuando una bomba colocada en su automóvil hizo explosión, matando también a su secretaria estadounidense Ronnie Moffit. Este fue el segundo más espectacular asesinato de Pinochet tras el atentado contra el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, ocurrido en octubre de 1974 en el barrio Palermo de Buenos Aires, también como consecuencia del estallido de una bomba en su automóvil.
Sin embargo, como este plan estaba integrado a la denominada "Operación Cóndor", las víctimas fatales ya habían aumentado a esa fecha con los asesinatos de los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres.
Kissinger revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes, el 18 de agosto, a los embajadores de EE UU en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares de la región de no cometer una "serie de asesinatos internacionales", según el Archivo de Seguridad Nacional, lo que el ex alto funcionario calificó como una "profunda preocupación" de Washington, cuando gobernaba en EE UU el presidente republicano Gerald Ford. "Con estos crímenes esos gobiernos crearían un grave problema político y moral", habría declarado Kissinger.
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Pero el Secretario de Estado, por razones que no están aclaradas, se retracta el 16 de septiembre en una comunicación enviada a su secretario adjunto para asuntos interamericanos, Harry Shlaudeman.
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El documento desclasificado pone fin a la controversia generada por una orden dada por Shlaudeman a su segundo, William Luers, el 20 de septiembre de 1976 de que "instruyera a los embajadores de la región a no tomar más medidas" respecto de la disposición del 18 de agosto, porque "en las últimas semanas no hubo información que indique la intención de activar el Plan Cóndor".
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El especialista en asuntos chilenos del Archivo de Seguridad Nacional (organización independiente), Peter Konbluh, comentó que el "el cable del 16 de septiembre es la pieza que faltaba en el histórico rompecabezas sobre el papel desempeñado por Kissinger.
Sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado trató en forma oportuna de frustrar los ‘Asesinatos Inc.’ en el cono sur, y Kissinger, sin explicaciones, lo suspendió", remarcó Konbluh.
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Letelier fue gran opositor de Pinochet, lo que trajo como consecuencia que fuera detenido y torturado el mismo 11 de septiembre, tras el golpe militar, siendo enviado a la Isla Dawson como prisionero. Luego de su liberación, vivió exiliado en Caracas y más adelante, en 1974, en Washington.
Desde esa ciudad realizó una fuerte campaña opositora en contra de la dictadura y dio una impactante conferencia ante una comisión del Senado estadounidense, donde atribuyó la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el golpe, lo que obstaculizó que algunos países concedieran créditos a Chile, como fue el caso de Holanda. En esta situación, el gobierno chileno lo privó de la nacionalidad chilena, justo 20 días antes del atentado que le costó la vida.
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Tras el asesinato se realizó una investigación que duró dos años terminando con la conclusión de que el autor principal del atentado fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que actuó en conjunto con la Operación Cóndor, nombre secreto de la fuerza multinacional, en la que intervinieron los servicios de inteligencia de países sudamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú, que tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas “subversivas” residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.
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La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de los países del Cono Sur desplazarse libremente en el territorio de otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos. La base de esta siniestra operación estuvo en Chile, donde el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA la concibió y la organizó. Contreras viajó a Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos para exponer su proyecto represivo transnacional y conseguir el apoyo de los jefes de los servicios secretos de estos países para coordinar la eliminación del comunismo y “defender a la sociedad occidental y cristiana”. En Washington se habría reunido con Kissinger.
Fue así como en 1978, EE UU pidió la extradición de Manuel Contreras, jefe de la DINA, y de sus principales colaboradores, como el agente norteamericano Michael Townley y el brigadier Pedro Espinoza. Sin embargo, éstas fueron denegadas por la Corte Suprema al año siguiente. Recién en el año 2000, luego de una profunda investigación del juez de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, se acusó a Contreras y Espinoza por participar en el crimen, quienes fueron sentenciados por unanimidad a siete y seis años de cárcel respectivamente.
A través de la Operación Cóndor y también sin ella, el régimen chileno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.000 personas. El de Argentina, a unas 30.000, y el uruguayo a más de 200. Los opositores detenidos o secuestrados en un país eran llevados a otro para asesinarlos y esconder sus restos.
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El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, resolvió cambiar por el silencio una decisión anterior suya de advertir a Agusto Pinochet en Chile y a los demás dictadores sudamericanos, en septiembre de 1976, que el gobierno estadounidense estaba enterado de los crímenes políticos que se proponían cometer a través de la Operación Condor.
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Este cambio de decisión habría sido clave para que cinco días después, el 21 de septiembre de 1976, se cometiera, como estaba previsto, el crimen contra el ex cancilller y ex ministro de defensa del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington.
Analistas en EE UU opinan que si Kissinger hubiese mantenido sus instrucciones anteriores de advertir a Pinochet y a los demás dictadores de que Washington estaba en conocimiento de estos crímenes, al menos en el caso chileno, la DINA hubiese dado marcha atrás en el plan Letelier, quien trabajaba en el Instituto de Estudios Políticos, a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca.
Esta nueva información sobre el atentado se desprende de documentos desclasificados ayer sábado por el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en la capital estadounidense.
Letelier murió cuando una bomba colocada en su automóvil hizo explosión, matando también a su secretaria estadounidense Ronnie Moffit. Este fue el segundo más espectacular asesinato de Pinochet tras el atentado contra el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, ocurrido en octubre de 1974 en el barrio Palermo de Buenos Aires, también como consecuencia del estallido de una bomba en su automóvil.
Sin embargo, como este plan estaba integrado a la denominada "Operación Cóndor", las víctimas fatales ya habían aumentado a esa fecha con los asesinatos de los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres.
Kissinger revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes, el 18 de agosto, a los embajadores de EE UU en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares de la región de no cometer una "serie de asesinatos internacionales", según el Archivo de Seguridad Nacional, lo que el ex alto funcionario calificó como una "profunda preocupación" de Washington, cuando gobernaba en EE UU el presidente republicano Gerald Ford. "Con estos crímenes esos gobiernos crearían un grave problema político y moral", habría declarado Kissinger.
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Pero el Secretario de Estado, por razones que no están aclaradas, se retracta el 16 de septiembre en una comunicación enviada a su secretario adjunto para asuntos interamericanos, Harry Shlaudeman.
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El documento desclasificado pone fin a la controversia generada por una orden dada por Shlaudeman a su segundo, William Luers, el 20 de septiembre de 1976 de que "instruyera a los embajadores de la región a no tomar más medidas" respecto de la disposición del 18 de agosto, porque "en las últimas semanas no hubo información que indique la intención de activar el Plan Cóndor".
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El especialista en asuntos chilenos del Archivo de Seguridad Nacional (organización independiente), Peter Konbluh, comentó que el "el cable del 16 de septiembre es la pieza que faltaba en el histórico rompecabezas sobre el papel desempeñado por Kissinger.
Sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado trató en forma oportuna de frustrar los ‘Asesinatos Inc.’ en el cono sur, y Kissinger, sin explicaciones, lo suspendió", remarcó Konbluh.
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Letelier fue gran opositor de Pinochet, lo que trajo como consecuencia que fuera detenido y torturado el mismo 11 de septiembre, tras el golpe militar, siendo enviado a la Isla Dawson como prisionero. Luego de su liberación, vivió exiliado en Caracas y más adelante, en 1974, en Washington.
Desde esa ciudad realizó una fuerte campaña opositora en contra de la dictadura y dio una impactante conferencia ante una comisión del Senado estadounidense, donde atribuyó la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el golpe, lo que obstaculizó que algunos países concedieran créditos a Chile, como fue el caso de Holanda. En esta situación, el gobierno chileno lo privó de la nacionalidad chilena, justo 20 días antes del atentado que le costó la vida.
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Tras el asesinato se realizó una investigación que duró dos años terminando con la conclusión de que el autor principal del atentado fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que actuó en conjunto con la Operación Cóndor, nombre secreto de la fuerza multinacional, en la que intervinieron los servicios de inteligencia de países sudamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú, que tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas “subversivas” residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.
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La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de los países del Cono Sur desplazarse libremente en el territorio de otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos. La base de esta siniestra operación estuvo en Chile, donde el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA la concibió y la organizó. Contreras viajó a Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos para exponer su proyecto represivo transnacional y conseguir el apoyo de los jefes de los servicios secretos de estos países para coordinar la eliminación del comunismo y “defender a la sociedad occidental y cristiana”. En Washington se habría reunido con Kissinger.
Fue así como en 1978, EE UU pidió la extradición de Manuel Contreras, jefe de la DINA, y de sus principales colaboradores, como el agente norteamericano Michael Townley y el brigadier Pedro Espinoza. Sin embargo, éstas fueron denegadas por la Corte Suprema al año siguiente. Recién en el año 2000, luego de una profunda investigación del juez de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, se acusó a Contreras y Espinoza por participar en el crimen, quienes fueron sentenciados por unanimidad a siete y seis años de cárcel respectivamente.
A través de la Operación Cóndor y también sin ella, el régimen chileno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.000 personas. El de Argentina, a unas 30.000, y el uruguayo a más de 200. Los opositores detenidos o secuestrados en un país eran llevados a otro para asesinarlos y esconder sus restos.
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