KRADIARIO

15-4-2014-KRADIARIO-Nº893

LA CATÁSTROFE DEJÓ A LA VISTA LA REALIDAD SOCIAL QUE ALGUNOS NO QUIEREN VER

Por Hernán Ávalos Narváez

El terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso mostraron la marginalidad en que viven los sectores de menores ingresos de la población chilena. Su situación socio-económica no es reciente, ni obedece a una erradicación puntual desde otros barrios. Se viene consolidando desde hace cuatro décadas, cuando las familias sin casa empezaron a construir viviendas precarias en terrenos eriazos sobre la cima de los cerros y al borde de las quebradas, sin servicios, ni agua, ni luz eléctrica, ni siquiera caminos de acceso.

Esta catástrofe no sólo dejó en evidencia el rostro más agresivo de la pobreza material de algunos chilenos. También la improvisación en las emergencias, la ausencia de políticas públicas, la falta de una planificación urbana, la migración continua del campo a la ciudad presionando por servicios y en general, mostró los efectos de un sistema neoliberal a ultranza impuesto por la dictadura de Pinochet, que tiene al mercado como el gran regulador de la actividad económica sustentada en el negocio lucrativo.

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Así Chile llegó a ocupar en 2014 el 1° lugar en desigualdad de ingresos entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En cifras macroeconómicas Chile alcanza los 18.945 dólares anuales de producto interno bruto por persona (PIB Per Cápita). Y esta riqueza producida con el esfuerzo de todos promedia un ingreso mensual de 790.000 pesos (con el dólar a $500). ¿Cuántos chilenos reciben este sueldo o salario al mes por su trabajo?

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Porque en la sociedad en que vivimos los servicios básicos como agua potable, electricidad, gas, transporte y comunicaciones están entregados al negocio de las empresas privadas. Y el consumo de alimentos, vestuario y bienes durables, como el acceso a la salud, la previsión social, la vivienda y la educación, dependen del nivel de ingresos de las personas, tanto en calidad, como en cantidad y en la oportunidad de la prestación de los servicios.

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Por eso las familias pobres de Iquique viven en ese verdadero “ghetto de pobreza” que es la comuna de Alto Hospicio. Y por las mismas razones los habitantes más desposeídos de Valparaíso se encaraman en los cerros para vivir donde les alcanzan sus escuálidos ingresos, por cierto muy por debajo del ingreso mensual promedio de 790.000 pesos mensuales. Ellos de seguro pertenecen al 18% de los chilenos que viven en una situación de pobreza estructural.

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En Chile el Estado (entendido como la Nación organizada jurídicamente) debiera ofrecer a cada persona nacida en su territorio no sólo la nacionalidad, sino también trabajo, salud, educación y vivienda, de modo que pueda cubrir sus necesidades mínimas de sobrevivencia. Para cumplir este propósito desde antaño las sociedades utilizan los impuestos como instrumento adecuado para hacer equitativa la distribución del ingreso. Así la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Bachelet va en este sentido humanista. Es decir poniendo al hombre y sus necesidades como objetivo final, y no al lucro y la acumulación de dinero.

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Con todo, pareciera inconducente la intransigencia de algunos políticos de oposición para hacer una campaña comunicacional, destinada a que el Gobierno explique en que invertirá el Estado los 8.200 millones de dólares que  pretende recaudar en cuatro años con la nueva carga tributaria para las personas y las empresas. Tienen una postura ideológica y no quieren admitir las carencias que ha producido el neoliberalismo en asistencia social, en salud, en educación, en previsión social y en vivienda, por nombrar algunas. Pero la realidad social que develó tanto el terremoto de Iquique como el incendio de Valparaíso no admite dudas sobre las necesidades urgentes de la población.