Por Camilo Escalona
La crisis del sistema de acreditación de la Enseñanza Superior presenta un gravísimo dilema a la educación chilena, plantea un tema moral muy profundo y daña seriamente la credibilidad de la institucionalidad política ante la ciudadanía.
La desregulación de los mercados instaurada en los años 80 y la idea que educarse es un bien de consumo ha alimentado la codicia.
El afán de lucro ha creado una situación de la que no se tenía registro, como es la revelación del uso de pagos irregulares, o sea, sobornos para la obtención de la mencionada acreditación de instituciones de Educación superior para conseguir la imagen y legitimarse como entidades serias y confiables, cuando en la cruda realidad se trataba del uso de viejos mecanismos de corrupción. En concreto, del uso de una parte de sus desproporcionadas ganancias en la consecución del título de “acreditada”, lo que a su vez eleva aquellas preciadas utilidades. Es un círculo vicioso, en que el afán de lucro distorsiona completamente el sentido de la misión formativa.
¿Cuántos miles de jóvenes han sido engañados?
¿Cuántos miles de familias han sido defraudadas?
Por la magnitud del impacto social que se ha provocado el sistema político queda en deuda, por su incapacidad de generar un marco regulatorio eficaz. Ninguna de las propuestas del gobierno aborda este desafío.
La actual administración ha dicho que no quiere poner fin al lucro, paradojalmente, su discurso condena los ilícitos pero defiende la esencia del sistema.
Su proyecto de sociedad es así, entiende las relaciones sociales desde la obtención de ganancias. Por ello, aunque le hemos pedido un Plan de Acción ante el volumen de los perjudicados, sigue inactivo y sin hacerse cargo de la crisis.
Tampoco está en condiciones de sumarse al proyecto de ley que hemos presentado para poner término a las llamadas “sociedades espejo” con las que se extraen las rentabilidades. Es decir, que operan como verdaderos mecanismos para “blanquear” las platas conseguidas ilegalmente.
Asimismo, a pesar que la autoridad reconoce que se requiere una Superintendencia de Educación superior, su propuesta hace de la entidad que se formaría un ente decorativo, sin las reales atribuciones que se necesitan.
El resultado final es que el sistema actual de enseñanza profundiza la desigualdad a grados extenuantes para las familias, las que pagan y se endeudan, pero en la que sus hijos no reciben los conocimientos que posibilitarán la movilidad social que reclaman. Hay que rectificar profundamente la dirección por la que transitamos en este ámbito.
El impacto de una Educación que segrega no se produce solo en los estudiantes a través de sus hogares, el malestar se extiende por millones de personas. Hay que lograr reformas urgentemente. Aun estamos a tiempo.
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