Por Camilo Escalona
Los alegatos de la fase oral en el Tribunal de La Haya han concluido. El representante de Chile, Alberto van Klaveren, finalizo el tiempo correspondiente a nuestro país con una exposición maciza y potente que, probablemente, se estudiara con atención en el futuro no solo por el caso de Chile sino que por su trascendencia en el Derecho Internacional.
En algunos meses más el Tribunal ha de fallar en Derecho y se sellará una etapa en la vida de ambas naciones.
Desde ese momento la responsabilidad será de los Estados respectivos. De la controversia se habrá de evolucionar hacia una nueva mirada centrada en la Integración regional.
Desde hace tres décadas aproximadamente, América del Sur logro asentar gobiernos democráticos elegidos por votación popular y dejar atrás el oscuro periodo de las dictaduras neoliberales. Afianzar la democracia es un proceso en curso, cuya potencialidad comienza a dar sus frutos paulatinamente, pero que ahora debe hacerse cargo de un imperativo mayor: enfrentar la desigualdad en cada país y colaborar para superarla como fenómeno crónico de la región. Ello requiere formular un nuevo pensamiento geoeconómico en el cono Sur.
Este es un esfuerzo en que para Chile adquiere especial significación establecer una relación de complementariedad con Argentina, no obstante, inclusiva y abierta al Brasil y el conjunto de la región. Desde este suelo se puede mirar -si cooperamos- hacia las dos cuencas oceánicas principales: la atlántica y hacia la creciente presencia del Pacífico.
Un entendimiento constructivo en el Cono Sur abriría perspectivas insospechadas a cada uno de los países por separado, como parte de un esfuerzo conjunto de solidaridad e integración, que posibilite incluso una perspectiva de interlocución asociada con vistas al interés común frente a otros protagonistas del mundo global.
Chile debe ampliar los horizontes de su visión de regionalismo abierto para potenciar los nuevos espacios que se abren en esta segunda década del siglo XXI.Hoy en la globalización compiten los países. Eso deben entenderlo aquellas miradas mezquinas y llenas de codicia que solo pretenden maximizar ganancias, no importando los grados de injusticia que su voracidad provoca.
Por ello, enfrentar la desigualdad, debe pensarse como una acción que va mas allá del imperativo moral y social que la anima, es una tarea de alcance decisivo para la estabilidad democrática y, además, como una apremiante exigencia impuesta a las obligaciones competitivas del país.
Una nación marcada por la desigualdad no podrá ser el interlocutor que el contexto global del siglo XXI demanda a cada uno de sus actores.
Cuando, como en el caso de Freirina, hay autoridades que pregonan que por el número de empleos la comuna debe aceptar cualquier condición sanitaria, eso significa que se piensa con anteojeras, que no se está a la altura de las circunstancias que exigen dignidad en todos los hogares.
Cuando el descrédito consume el sistema de acreditación de la Educación superior privada y la autoridad solo observa como los conflictos de interés acentúan ese descrédito, tampoco se está a la altura de lo que el país hoy requiere.
Nuestros vecinos no están estáticos, legítimamente observan como crecer y ocupar espacios; en Chile parece que hay quienes se complacen con mirar como la desigualdad y el lucro tensionan al país, pero sin que hagan nada para evitar que se consagre una fractura social que a Chile le provocaría un severo retroceso. La autoridad no puede eludir su responsabilidad.
La integración regional nos golpea la puerta y nos apremia para ser capaces de enfrentar la desigualdad en Chile.
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