Chile había requerido que Apablaza Guerra fuera trasladado al país para juzgarlo por el atentado contra el parlamentario registrado el 1 de abril de 1991. Sin embargo, la decisión final de su extradición está ahora en manos de la Casa Rosada, es decir de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
Apablaza llegó a Argentina en 1993 y fue detenido en 2004 en la provincia de Buenos Aires por el delito antes mencionado, además del secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio de Santiago, Agustín Edwards, ocurrido el mismo año en que pidió asilo político en el vecino país. Estos delitos fueron denunciados por Chile a Argentina con el propósito de que se procediera a la detención del ex guerrillero.
La investigación por la muerte del Guzmán fue reabierta en Chile la semana pasada por el ministro Mario Carroza, luego de que Mauricio Hernández Norambuena, el principal implicado, manifestara en una entrevista con Chilevisión, desde una carcel brasileña, que Apablaza y otros frentistas habrían participado en el crimen. El conocido como comandante “Ramiro” cumple actualmente una condena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.
El pedido de extradición recobró fuerza en los últimos días cuando otro ex guerrillero dio a entender que la decisión del asesinato y el secuestro había sido tomada también por el entonces jefe del FPMR.
Cuando el ex guerrillero fue detenido en Argentina por las denuncias de las que había sido objeto en 2004, vivía en el país transandino junto a su familia y bajo un nombre falso. Permaneció preso unos meses y luego fue liberado e inició un proceso de pedido de asilo como refugiado político.
Ese trámite ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados era el que mantenía frenado desde hace años el proceso de extradición. Pero en su fallo de hoy, la Corte argumentó que, después de cinco años sin una definición por parte del Comité, no puede "vislumbrar la fecha en que será resuelto" y por eso "entiende necesario reanudar el trámite".
Con la decisión de la Corte de declarar procedente la extradición, el futuro del pedido debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo. La situación de Apablaza Guerra había sido tratada por los gobiernos en un encuentro que mantuvieron hace escasos días en Santiago el ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, y su par chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Tras esa reunión, el ministro argentino había advertido que el caso estaba en manos del máximo tribunal y que el Gobierno "no le fija plazos a la Corte Suprema", mientras que el chileno se había manifestado "confiado en que la ley se va a aplicar".
El diario La Tercera resaltó la semana pasada otro dato que vuelve más delicado aún el trámite: la mujer de Apablaza Guerra, la periodista chilena Paula Chaín, trabaja en el área de prensa del Gobierno argentino, que es el que ahora tiene la palabra final sobre la extradición que reclama Santiago. Chaín y Apablaza tienen tres hijos con nacionalidad argentina, informó Clarin de Buenos Aires.
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