La huelga de hambre que realizan 34 mapuches en el sur de Chile para “exigir” no ser procesados nunca más por la Ley Antiterrorista en tribunales militares, comienza a originar las primeras consecuencias en otros sectores que quieren también mejorar las condiciones carcelarias con protestas de este tipo.
El tema toca ahora a los militares que fueron procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet. Son nueve los oficiales en retiro del Ejército recluidos en el penal especial Punta Peuco que iniciaron hoy una huelga de hambre para demandar que se cumplan los compromisos por parte del Gobierno y parlamentarios de un “juicio justo”, pero la acción fue abortada más tarde tras la intervención del alto mando de la Gendarmería de Chile.
En una “pauta de exigencias” los condenados, que se autodenominan presos políticos militares, pidieron que, además de un juicio justo, un trato igualitario, puesto que ha existido una notoria y evidente desigualdad con que el Estado ha tratado a los presos políticos militares, respecto de otros presos políticos habidos en estos últimos 25 años en el país", se planteó en un documento firmado por la Agrupación de Presos Políticos Militares.
En el comunicado difundido en la madrugada de hoy, los militares reconocen "delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990", pero a la vez señalan que "estamos en prisión a consecuencia de la legítima ejecución del mandato entregado por nuestra Carta Magna a la judicatura chilena".
La Agrupación de Familiares
La AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) calificó de “impresentable” esta huelga de hambre, según expresó su presidenta Mireya García (derecha).
"Esto es un oportunismo sin límites y una falta de sentido de la realidad que indica que ellos nunca comprendieron que los crímenes que cometieron son de una naturaleza superior. Por ello, la comunidad internacional los cataloga como crímenes contra la humanidad", señaló García.
Mejoramientos carcelarios para preso de DD HH
Sin embargo, hay más. Al parecer ha comenzado en Chile una tendencia a mejorar las condiciones carcelarias de los condenados militares por derechos humanos. Entre gallos y medianoche se decidió por parte de Gendarmería el primer beneficio carcelario a un condenado de derechos humanos, informa hoy el diario “La Tercera” de Santiago.
Se trata del mayor de Carabineros en retiro Luis Fernando Romo Morales, condenado por secuestro en 2007 a cinco años y un día de cárcel. Este reo tendrá derecho en el futuro a salir en libertad limitada (salida dominical) para que pase el día con sus familiares y amigos. Según informa La Tercera, el mayor retirado había solicitado nueve veces este beneficio y se le concedió sólo ahora con la ayuda de la Alianza por el Cambio que gobierna Chile.
Romo Morales permanece detenido desde 2001, pero en 2007 la Corte Suprema los condenó por secuestro permanente de Carlos Montecinos Urray y José Jofré Obadilla, desaparecidos en septiembre de 1973. Romo cumple su condena en la cárcel de Chillán.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) acusaron a la Concertación de negarse a conceder este beneficio a Romo por razones políticas.
El tema fue activado ahora por el oficialismo a raíz de la huelga de hambre de los mapuches. Los dos partidos de derecha presentaron el respectivo reclamo y petición al presidente Sebastián Piñera “en paralelo a las peticiones de los comuneros mapuches en huelga de hambre de cambiar sus procesamientos por delitos de la Ley Antiterrorista”, dice La Tercera.
El diputado UDI Jorge Ulloa declaró recientemente que “como se está buscando beneficios para quienes cometieron hechos terroristas, es justo darlos a militares que tienen los requisitos para ello”.
A pesar que la decisión que favorece a Romo fue tomada ya el viernes, recién ayer celebraron los diputados María Angélica Cristi (UDI) y Alberto Cardemil (RN).
“Esta es una señal de que el gobierno va a empezar a ver los casos que ameritan”, dijo Cristi y Cardemil acotó: ”Con esto se respeta la igualdad ante la Ley”.
Según “La Tercera” en esta gestión, la Alianza tuvo un fuerte respaldo del ministro de Defensa y ex democristiano, Jaime Ravinet, quien le propuso al presidente conceder o permitir beneficios carcelarios a los ex uniformados condenados por delitos de derechos humanos que no recibieron doble condena.
Hay que recordar que el presidente en su decisión sobre el Indulto Bicentenario, el 25 de julio pasado, decidió lo siguiente: Habrá indulto presidencial para presos ancianos, enfermos terminales u otras razones humanitarias, es decir se estudiará acuciosamente caso por caso. En esta lista, que se dará a conocer con mucha transparencia, no estarán aquellos condenados que cometieron delitos de lesa humanidad.
Recordamos esto porque lo que está pasando, por lo menos frente al caso Romo, es la antesala de un indulto que puede decretarse para más de alguno de este tipo de condenados. Al menos parece que se está preparando el terreno.
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