Villanueva, quien estaba con orden de arraigo, es investigado por su relación con el crimen del senador y ex estrecho asesor del fallecido ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido el 1 de abril de 1991.
Carroza decidió su detención después de interrogarlo por cerca de una hora y someterlo a un careo con el ex informante de La Oficina (agencia de inteligencia de la época), Humberto López Candia, quien asegura que Villanueva era también informante de ese organismo creado bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Carroza se tomará cinco días para resolver sobre el procesamiento de Villanueva.
El detenido fue citado a declarar por el juez Carroza luego que este reabriera el caso tras la entrevista que dio en Brasil al canal de televisión Chilevisión Mauricio Hernández Norambuena, el comandante “Ramiro”, que ya está condenado por este caso, pero que se dio a la fuga del penal donde se encontraba en diciembre 1993.
Humberto López Candia aseguró que Villanueva, conocido en ese entonces como el comandante Eduardo, era informante de La Oficina y a la vez integraba la dirección nacional del grupo subversivo. Por esta razón aseguró que “Eduardo” estaba enterado del plan para matar a Guzmán antes de que se concretara. Enrique Villanueva ha negado esta versión.
El caso Guzmán (senador chileno de derecha, ideólogo del dictador Pinochet y fundador de la Unión Demócrata Independiente-UDI, asesinado en la vía pública por miembros del FPMR en 1991) fue reabierto por el magistrado Carroza el 7 de septiembre pasado.
Ese mismo día interrogó durante unas cuatro horas a Humberto López Candia, a quien careó hoy con Villanueva. Humberto López cumple condena en la cárcel de Colina por el envío de dos cartas bomba, una a la embajada de Estados Unidos y otra al abogado Luis Hermosilla, en los primeros años de esta década.
López Candia confirmó recientemente que "La Oficina" (agencia de seguridad de la época) dispuso de información del atentado contra Jaime Guzmán quince o veinte días antes, la cual habría sido entregada por Florencio Velázquez al gobierno, pero que fue desechada.
Carroza interrogó también al ex vocero de gobierno del régimen militar Francisco Javier Cuadra, luego de que este sostuviera que el 28 de marzo de 1991 recibió un llamado del general (R) Jorge Ballerino, dándole aviso de las intenciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este interrogatorio se efectuó la semana antepasada.
Luego de las declaraciones efectuadas por Mauricio Hernández Norambuena a Chilevisión, desde la cárcel donde está preso en Brasil, que señaló que tras la muerte de Jaime Guzmán en 1991, el FPMR tenía planeado atentar contra otros civiles, el ministro Carroza decidió reabrir el caso del asesinato del senador UDI.
Cuadra afirmó que el Ejército manejaba con anticipación antecedentes que indicaban que habría un atentado contra el senador UDI y que había otros blancos posibles entre las autoridades de la época. "A mí me llamó el general (Jorge) Ballerino el Jueves Santo, por lo tanto, esos son algunos días antes del Lunes de Resurrección, que fue el día cuando fue asesinado el senador Guzmán", comentó el ex ministro. "Lo que él me manifestó es que había información calificada, de valor comprobado, que había en operación un riesgo de atentado y los objetivos optativos serían los senadores (Sergio) Fernández, (Sergio) Diez, (Sergio Onofre) Jarpa, Guzmán y yo", relató.
Cuadra fue ministro secretario general de Gobierno entre 1984 y 1987, y posteriormente embajador de Chile en Ciudad del Vaticano entre 1987 y 1990.
Caso Apablaza
Chile pidió que Apablaza Guerra fuera devuelto al país para juzgarlo por el atentado contra el parlamentario registrado el 1 de abril de 1991. Sin embargo, la decisión final de su extradición está ahora en manos de la Casa Rosada, es decir de la Presidenta Cristina Fernandez.
Apablaza llegó a Argentina en 1993 y fue detenido en 2004 en la provincia de Buenos Aires por el delito antes mencionado, además del secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio de Santiago, Agustín Edwards, ocurrido el mismo año en que pidió asilo político en el vecino país. Estos delitos fueron denunciados por Chile a Argentina con el propósito de que se procediera a la detención del ex guerrillero.
Norambuena, en la entrevista concedida a Chilevisión desde Brasil, dijo que Apablaza y otros frentistas habrían participado en el crimen. El conocido como comandante “Ramiro” cumple actualmente una condena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.
El problema que puede anular la posibilidad de extradición es que se resuelva en estos días una petición de asilo político realizada por el mismo Apablaza, antes de que la Corte Suprema argentina diera luz verde a su extradición la semana pasada.
Su caso está en trámite en la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE) y, estando aún pendiente, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aparece con las manos atadas, porque bajo estas circunstancias no podría ni debería acceder a la entrega del imputado a las autoridades chilenas. En otras palabras, Apablaza aparece hoy como un prófugo de la justicia de su país, pero, a la vez, como protegido por las leyes argentinas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario