En la nota, Vivanco pidió que Calderón manifieste públicamente "que el respeto de los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su Gobierno", y respaldar esas afirmaciones "mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos".
En la misiva, el activista señaló entre los mensajes contradictorios de Calderón la omisión de organizaciones mexicanas de derechos humanos en sus "diálogos" públicos para elaborar estrategias contra el crimen organizado.
Con la militarización de la lucha contra los carteles de la droga, según Vivanco, "se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos", como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su Gobierno, "los responsables han sido militares", señaló Vivanco.
Agregó que los casos "quedan impunes" porque la mayoría de ellos "terminan siendo investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que ha demostrado que carece de independencia e imparcialidad".
Vivanco subrayó que anunciar el compromiso del Gobierno con los derechos humanos "tiene escaso valor si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de violaciones de derechos humanos "no son ciertas" o que las autoridades simplemente no cometen abusos".
Por ello, dijo la organización HRW, con sede en Washington, que pedía que el Gobierno de Calderón adopte las medidas necesarias para que el respeto de los derechos humanos figure en todas las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, "tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica".
La lucha antidrogas ha dejado más de 28.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando Calderón ordenó un amplio despliegue militar contra los carteles del narcotráfico.
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