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Diario La Nación de Buenos Aires Argentina
El riesgo para la prensa en México


Más de 30 periodistas mexicanos han sido asesinados o han desaparecido en su país sólo en los últimos cuatro años

La muerte de un periodista en Ciudad Juárez, México, en estos días, ha reflotado la discusión sobre la violencia que acosa al país y, como consecuencia de ello, golpea en el corazón de la prensa. Luis Carlos Santiago Orozco, reportero gráfico de El Diario, de Juárez, fue atacado junto con un compañero, que ha resultado herido, en un centro comercial de la peligrosa ciudad norteña.

Por varias razones mucho se está hablando de México, donde han sido liquidados 64 periodistas en diez años. En coincidencia con la celebración del bicentenario de la independencia, la muerte de más de 28.000 personas desde fines de 2006, a causa de la guerra contra el narcotráfico y entre carteles, es el principal tema de preocupación, tanto en el país como en el exterior.

Más de 30 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en México sólo en los últimos cuatro años, según un pormenorizado informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York. La cantidad de damnificados por la violencia iguala a otros países asolados por conflictos armados, como Irak y Somalia.

El informe detalla que por lo menos siete periodistas mexicanos han desaparecido y más aún han huido del país desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo, en diciembre de 2006. En ese momento, se intensificó la ofensiva contra el narcotráfico mediante el despliegue de miles de soldados y policías federales hacia los bastiones de los capos de la droga.

Ser periodista en México se ha convertido en algo peligroso. "La violencia contra la prensa ha conmovido al país y socavado el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos -dice el informe del CPJ-. Esta crisis nacional exige una contundente respuesta federal." En realidad, todo el país espera una respuesta de ese tipo de modo de ponerle fin a un clima beligerante capaz de arrasar los cimientos mismos de cualquier nación.

Esta batalla del pueblo mexicano, así como antes sucedió en Colombia, merece toda la atención y la solidaridad que la comunidad internacional pueda brindarles a sus autoridades. Esto va más allá de la responsabilidad por el consumo de drogas, asumida por el gobierno norteamericano como una deuda pendiente. Esto tiene que ver con la necesidad de terminar con un sistema de vida que no respeta a los Estados como tales y, en el fondo, acomoda la economía de los países a sus propias necesidades.

Dice el CPJ que los ataques de los narcotraficantes, así como la incapacidad del Estado para resolverlos, han llevado a muchos medios de comunicación mexicanos a abstenerse de cubrir hechos relacionados con las drogas y la corrupción, si no a abandonar el periodismo de investigación en esos campos. Es una pena que esto suceda porque, en definitiva, es justamente el anhelo de los criminales que nadie meta las narices en su territorio.

Está comprobado que ocho de los 22 periodistas liquidados fueron atacados por la labor que realizaban y el servicio a la comunidad que brindaban. Sería lamentable que la autocensura se imponga frente al miedo que provocan casos como el de Bladimir Antuna García, periodista del Estado norteño de Durango, que fue torturado y estrangulado en noviembre de 2009. Denunció ante las autoridades que había recibido amenazas, pero, según el CPJ, no se tomaron las medidas pertinentes para protegerlo.

Es necesario, como plantea esta organización defensora de los periodistas de todo el mundo, que el gobierno de Calderón impulse un proyecto de ley para considerar delitos federales los crímenes contra la prensa, así como que sean diferenciados de los otros por un fiscal federal y que exista, para los periodistas amenazados, una comisión capaz de brindarles seguridad y contención. En un país violento es lo menos que puede pedirse para preservar un pilar de la democracia como la prensa libre.