Página Editorial Latinoamericana

Diario La Nación de Buenos Aires Argentina
Un matrimonio por encima de la ley


K&K embiste contra la justicia argentina por resoluciones que no son del agrado de la Casa Rosada como es el caso de la extradición a Chile del ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza.

La desobediencia a las decisiones judiciales y la desnaturalización de los órganos de control apuntan a un único fin: impunidad

Alguna vez, el recordado empresario Alfredo Yabrán, acusado de ser el instigador del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, dijo que el poder era "impunidad". No es improbable que la visión del matrimonio gobernante sobre el poder se acerque bastante a aquella definición de Yabrán. Por lo pronto, si nos dejáramos llevar por muchos de sus actos y declaraciones, podríamos afirmar, sin temor a caer en la exageración, que para ellos el poder es la facultad de situarse por encima de la ley y de cualquier veredicto del Poder Judicial.

En los últimos días, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo gala de la poca importancia que para ella tiene el cumplimiento de las sentencias judiciales cuando no son de su agrado. No dudó en sumarse a la virtual rebelión del gobierno santacruceño contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la restitución del ex procurador Eduardo Sosa y avaló las más duras críticas al máximo tribunal por ese fallo.

Resulta curioso que desde el oficialismo se tilde de "golpista" a una Corte que no ha hecho más que insistir en la necesidad de que se cumpla una sentencia que data de 1998, cuando otros eran los jueces del alto tribunal de la Nación y el propio Kirchner era gobernador de Santa Cruz.

El único golpismo pasa hoy por el desconocimiento de los fallos de la Justicia y por la pretensión de aniquilar el principio de división de poderes.

El actual gobierno ha dado diversas muestras de sus burlas a las decisiones del Poder Judicial. Basta recordar las innumerables sentencias firmes que disponen ajustes en los haberes jubilatorios de miles de ancianos, que no son ejecutadas por las autoridades de Seguridad Social.

No pueden olvidarse tampoco el virtual desacato en que incurrió la presidenta de la Nación, a principios de este año, cuando anticipó que no iba a cumplir una orden judicial de la jueza María José Sarmiento, vinculada con la indisponibilidad de las reservas del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo Nacional; una posición que se complementó con las imprudentes y agraviantes afirmaciones de la jefa del Estado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo pasado, con las que denunció la existencia de jueces delivery y de decisiones judiciales "tarifadas".

La desobediencia a la Justicia podría tener un nuevo capítulo en los próximos días si el Gobierno decide, finalmente, no acatar el fallo de la Corte Suprema en favor de la concesión de la extradición a Chile de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado del homicidio del senador trasandino Jaime Guzmán, y cuyo juzgamiento es reclamado por el oficialismo y las principales fuerzas opositoras del país vecino.

Desde la Casa Rosada se ha montado una verdadera campaña contra la Corte, cuyo propósito central parece ser evitar, mediante la presión a sus miembros, que el tribunal declare la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de medios audiovisuales, que obligaría a grupos periodísticos a desprenderse de licencias de radio y TV en un plazo casi inmediato.

La estrategia gubernamental contra los jueces es equivalente a la que se sigue contra aquellos medios y periodistas que se niegan a ser meros voceros del Gobierno. Se busca presionar, condicionar y, si es necesario, aniquilar a quien no es funcional a los intereses del grupo gobernante. Hasta se usan los espacios de publicidad oficial, especialmente durante las emisiones televisivas del campeonato local de fútbol, para convocar a movilizaciones contra la prensa independiente y contra los más altos jueces de la República.

Es que la propaganda oficial es otro ejemplo de la voluntad del matrimonio gobernante por situarse por encima de la ley. Como se señaló en esta página anteayer, la intención de utilizar un isologotipo con el sonriente rostro de Cristina Kirchner en los carteles que anuncien cualquier obra pública es violatoria de la ley de ética pública.

La desnaturalización de los diferentes órganos de control del Estado por los Kirchner, para convertirse en apéndices del Gobierno con el fin de hacer la vista gorda frente a irregularidades cometidas desde el Poder Ejecutivo o de correr a quienes se le oponen, es otra característica central de la gestión actual.

La inutilización de la Oficina Anticorrupción, la intrascendencia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la complacencia de algunos fiscales con la pareja presidencial a la hora de investigar su incremento patrimonial, el uso de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para perseguir a grupos periodísticos antes que para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, la politización de la AFIP, los intentos para neutralizar la Auditoría General de la Nación y el uso faccioso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la Comisión Nacional de Valores no sirven más que al mismo fin del que hablaba Yabrán: la consagración de la impunidad.

Diario La Razón de La Paz, Bolivia
Evo en la ONU

La reciente participación del presidente Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo diferentes aristas, pues el mediático gobernante desplegó una batería de temas que incluyó ataques a EEUU, a los entes multilaterales y a la misma ONU. Bolivia, para bien y para mal, sobresalió de nuevo en el mapa mundial. No hubo alusión a la demanda marítima.

La capacidad discursiva del presidente Evo Morales es evidente. Esto le ha llevado a equivocarse muchas veces, pero también a decir verdades que otros presidentes nunca se atrevieron a exteriorizar por distintos motivos, entre ellos por su compromiso con el sistema capitalista imperante.

Morales es arrojado, qué duda cabe. En no pocas ocasiones, ante los micrófonos de la prensa internacional, pecó de imprudente, pero en otras se mostró punzante y hasta llevó a algunos de sus colegas a replantear su manera de ver el mundo. No cambió en nada para participar en la reciente Asamblea General de la ONU, que reunió en Nueva York a un centenar de mandatarios.

En el marco de su acentuada personalidad, el Presidente se animó a pedir una “profunda revolución” para la ONU. Y, refiriéndose al máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas, no se aguantó de decir que “habría que acabar con el Consejo de Seguridad, es un Consejo de inseguridad”. Señaló directamente a los delegados permanentes con derecho a veto, que se restringen a un número de cinco y pertenecen a EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia. “Eso es autoritarismo, tenemos que empezar a democratizar las Naciones Unidas”, disparó.

Bajo el mismo argumento de la democratización de la ONU, propuso abrir ese espacio a todos los países que, de acuerdo con su criterio, “deberían tener la máxima autoridad cuando se habla de seguridad”.

Sin embargo, a la hora de plantear un “grito de guerra” a la magna Asamblea, Morales fue traicionado por sus buenas intenciones, que con frecuencia se entrecruzan con una locuacidad a prueba de todo. La idea de que la ONU adoptase el pensamiento “planeta o muerte, venceremos” resulta simbólica y con seguridad no tendrá eco. No porque fuese esencialmente mala, sino porque alude al conocido eslogan “patria o muerte, venceremos” y, se sabe, ninguna alusión al castrismo puede encontrar consenso entre los miembros de las Naciones Unidas.

Por lo demás, Morales concitó de nuevo la atención del planeta. Criticó a Obama, a la DEA, al FMI, al Banco Mundial —al que imaginó contraponer con un “Banco del Sur”— y pidió seguir las recetas económicas de Bolivia. No se refirió a la reivindicación marítima, lo cual hubiese sido deseable porque Bolivia aún no ha demostrado tener una política internacional convincente en este tema.