En primer lugar, antes de que la Corte Suprema argentina diera luz verde a su extradición, el 14 de septiembre de 2010, Apablaza estaba esperando desde hacía bastante tiempo una respuesta de la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE) que hoy fue conocida en Buenos Aires y fue positiva. Ahora el gobierno transandino tiene un motivo concreto para incumplir la resolución judicial de entrega de Apablaza a las autoridades judiciales chilenas. Así se confirmó que el ex guerrillero es prófugo de la justicia chilena y a la vez un protegido del gobierno argentino.
En segundo lugar, el caso originó en Argentina una controversia entre el gobierno y la oposición. Esta última demandó abiertamente al gobierno la entrega de Apablaza a las autoridades chilenas. Esto era "imposible" porque el oficialismo escucha atentamente a los grupos de derechos humanos e izquierdistas, opuestos a la entrega del ex guerrillero chileno, y que además son seguidores y hasta amigos del esposo de la Presidenta, Nestor Kirchner, quien ya está en campaña dentro de sus planes de postular nuevamente a la Presidencia para sustituir a su esposa Cristina (alianza K&K). La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, pidió al Gobierno de Cristina Fernández que concediera “inmediatamente la extradición” del ex guerrillero chileno.
Tercero, Apablaza -que padece una enfermedad grave- está radicado desde 1998 en la localidad bonaerense de Moreno, en donde vive con su esposa y sus hijos argentinos, como informó esta noche el diario Clarin. Este es el único argumento humano y no político que tiene la Presidenta.
Hoy las cartas están ya jugadas y ciertamente todo esto tendrá un precio para el gobierno transandino. Entre países vecinos que hablan continuamente de integración y de hermandad, eso no se hace. En pocas palabras los daños serían mayores que el “gustito” de decir que no a un gobierno “amigo” para favorecer, por razones electorales, a izquierdistas con cuentas pendientes ante la justicia.
En política todo tiene un precio y no sería extraño que en este caso se produzca un deterioro de las relaciones entre ambos países, al menos durante el gobierno de la Sra. K que termina el 2011.
Ciertamente la presidenta, mal asesorada, ha confundido una política de gobierno con una política de Estado, porque existe un principio irrebatible que indica que un ex guerrillero como Apablaza, con delitos pendientes y con una resolución a favor, dictada por la Corte Suprema de Argentina, no pueda o no deba ser extraditado por el gobierno. En Chile se le esperaba para que respondiera sobre su responsabilidad en el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y también en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio Agustín Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.
No puede ser una política de Estado la protección de un personaje como Apablaza, ni menos cuando existe una relación entre dos estados reconocidamente democráticos. Esta parece ser más bien una política barata y electorera de los Kirchner.
La misma Presidenta Fernández, cuando se reunió con su colega chileno Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda en Santiago, el último 18 de septiembre, dio a entender que el caso era complicado, sin comprometerse a nada, y manifestando su incomodidad por dicha conversación y el posterior “acoso” de la prensa. Como no podía prometer nada, Cristina sólo se limitó a pedir respeto por “el orden jurídico de cada país”.
Lo que le ocurrió en Santiago se repitió, pero al revés, en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada en Nueva York, cuando la Presidenta volvió a recibir la negativa del gobierno iraní para extraditar a los acusados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994 (85 muertos y 300 heridos).
Sin embargo, en su discurso ante el foro mundial, la presidenta sorprendió cuando ofreció a Iran que para destrabar el conflicto entre ambos países por AMIA "la elección de un tercer país servirá para teminar con las excusas de la no neutralidad, con la coartada que se nos quiere imponer de que [los acusados] no van a poder ser sometidos a un juicio imparcial. Ello nos va a permitir salir y encauzar una conflictividad que tenemos que resolver en el marco de la justicia y la legalidad", declaró.
Ante una pregunta que le hizo un periodista en una conferencia de prensa que ofreció la mandataria posterior a su discurso, rechazó tajantemente comparar el conflicto iraní con el que tiene con Chile por el tema de Apablaza. "Este asunto no se puede resolver con un mecanismo similar al propuesto a Irán. No hay puntos de contacto entre una cosa y la otra. Lo que tenía para decir ya se lo dije a (Sebastián) Piñera (Presidente de Chile)", explicó un poco molesta.
¿Acaso no hay similitud entre un caso de extradición y otro? ¿No se origina el caso Apablaza también en una desconfianza de los K con la justicia chilena, presionados por los grupos de derechos humanos? ¿Estaría de acuerdo la Sra. K que en este caso se buscara también un tercer país para procesar a Apablaza?
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