El gobierno argentino se querelló hoy contra los ejecutivos de los diarios bonaerenses Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la adquisición de una firma de fabricación de papel para diarios bajo la dictadura militar, informó la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).
"La SDH presentó hoy la querella por la vinculación entre la venta ilegítima de la empresa Papel Prensa y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura" (1976-83), señaló un comunicado de esa cartera.
El gobierno pide que se procese a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, propietaria y director de Clarín, respectivamente, y a Bartolomé Mitre, director de La Nación.
También piden el procesamiento de Sergio José Marcos y Hugo Fernando Peralta Ramos, ex dueños del diario La Razón, hoy en manos de Clarín.
En la misma denuncia judicial, se reclama el procesamiento e indagatoria de los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, integrantes de la junta militar en el momento de la venta de la empresa Papel Prensa, y al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.
Los antecedentes
El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, preparó toda la documentación necesaria para esta doble querella con la intención de que este poder del Estado investigue y resuelva sobre el bullado caso de la empresa Papel Prensa.
Igualmente envió al Congreso Nacional un proyecto de Ley que regule la actividad de esta compañía en Argentina y que se declare de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, sobre el que reclamó un “tratamiento igualitario” para todos los diarios del país. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución al respecto.
La mandataria, que habló el 24 de agosto en la Casa Rosada sobre el tema, demandando igualmente la constitución de una Comisión Bicameral que controle el marco regulatorio del funcionamiento de Papel Prensa, con la participación de representantes del Congreso en el directorio de la empresa que hoy está constituido por directivos de los diarios Clarín y La Nación, en la que el Estado tiene un 27% del paquete accionario.
Con recurrentes menciones a episodios vividos por la Argentina durante la última dictadura militar, en medio de risas y aplausos de los funcionarios presentes en la Casa Rosada, criticó a las dos empresas periodísticas; a sus directivos y los acusó de “apropiación” de la fábrica de papel.
El informe de la presidenta, con 26.000 páginas, asegura que hubo irregularidades en la compra de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en noviembre 1976.
Previo al mensaje de la Presidenta, Alberto González Arzac, representante del Estado en Papel Prensa, dijo que la supuesta compra fraudulenta se hizo bajo “una variedad de delitos de lesa humanidad, cometidos contra el grupo Graiver. La viuda de Graiver y otros familiares, actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder” al momento de ceder las acciones a los tres diarios, dijo González Arzac, quien habló de “probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal” de la empresa.
Portavoces de los diarios involucrados dicen que esta es una nueva embestida, especialmente contra el Grupo Clarín, el principal enemigo de la presidente argentina. Agregan que su intención es que el Estado tome el control de la fabricación de papel para poder así presionar a los diarios, lo que describen como un flagrante intento de violación de la libertad de expresión en Argentina.
“Periódico pluralista sin fines de lucro que dice lo que otros callan”.
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