En primer lugar, antes de que la Corte Suprema argentina diera luz verde a su extradición la semana pasada, Apablaza estaba esperando desde hacía bastante tiempo una respuesta a su petición de asilo político. Su caso está en trámite en la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE) y, estando aún pendiente, la Presdidenta Cristina Fernández de Kirchner aparece con las manos atadas, porque bajo estas circunstancias no podría ni debería acceder a la entrega del imputado a las autoridades chilenas. En otras palabras, Apablaza aparece hoy como un prófugo de la justicia de su país, pero, a la vez, un protegido por las leyes argentinas.
En segundo lugar, el asunto quedó hoy mucho más claro en Buenos Aires cuando el juez federal Claudio Bonadio rechazó un pedido de los abogados que representan a Chile para detener al ex guerrillero en espera de la resolución a nivel presidencial o de la Casa Rosada. Ocurrió lo de siempre: Apablaza puede seguir en libertad, pero bajo arraigo. En Chile se le espera para que responda sobre su responsabilidad en el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y también en el secuesto de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio Agustín Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.
Tercero: El caso ha originado en Argentina una controversia entre la oposición, que demanda abiertamente la entrega de Apablaza a las autoridades chilenas, y el oficialismo que, escucha atentamente a grupos de derechos humanos que son seguidores y hasta amigos del esposo de la Presidenta, Nestor Kirchner, quien ya está en campaña dentro de sus planes de postular nuevamente a la Presidencia argentina para sustituir a su esposa Cristina (alianza K&K). La opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria de Argentina, pidió al Gobierno de Cristina Fernández que conceda “inmediatamente la extradición” del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra.
La misma Presidente Fernández, cuando se reunió con su colega chileno Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda en Santiago, el sábado pasado, dio a entender que el caso era complicado, sin comprometerse a nada, y manifestando su incomodidad por dicha conversación y el posterior “acoso” de la prensa. Como no puede prometer nada, Cristina sólo se limitó a pedir respeto por “el orden jurídico de cada país”.
Para algunos medios argentinos el caso Apablaza se convertirá en una verdadera pesadilla para la Presidenta porque si bien el pasado del ex guerrillero sea quizá desconocido en sus detalles para ella, la petición coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que la mandataria hablará frente a una agenda en que el terrorismo, el peor flagelo actual de la humanidad, será uno de los temas principales. La mandataria, sin embargo, será vista como una Presidenta que protege a los terroristas y guerrilleros como es Apablaza y más de algún delegado se lo va a enrostrar. Es el riesgo que puede correr.
Pero el precio que podrían llegar a pagar los Kirchner con su defensa tan cerrada de un ex guerrillero es demasiado grande y le traería a la Presidenta más daños que beneficios, porque correría un costo político innecesario como podría ser el deterioro de las relaciones con Chile.
Pero hay un cuarto punto que puede ser importante para poner en peligro la extradición demandada por Chile: Galvarino Apablaza vive en una espaciosa casa quinta con piscina en la zona de Moreno, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, junto a su esposa Paula Chahín Ananía y tres hijos argentinos. Esto último puede ser relevante en la decisión final que se tome, porque es difícil pensar que las autoridades centrales de este país resuelvan la extradición del padre de tres hijos argentinos, aparte que la madre es periodista y trabaja como tal en la Casa Rosada, a metros del despacho de la Presidenta Cristina Fernández, como informó el diario argentino “Perfil.com”.
Todo esto se ve además complicado para las autoridades argentinas que ven un caso con ciertas debilidades porque piensan que aún no está claro el tipo real de responsabilidad que Apablaza tiene en los dos delitos que se le imputan. Esta el antecedente que ya en 2005, el juez federal Claudio Bonadio, rechazó la extradición del chileno porque consideró precisamente que en Chile no había garantías suficientes para juzgarlo.
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