Sin embargo, después de permanecer un par de horas junto a los mapuches en Temuco, los diputados fueron violentamente desalojados del penal por orden del Gobierno, como informó CNN Chile.
Los parlamentarios son el comunista Hugo Gutiérrez, el pepeidista (Partido por la Democracia) Tucapel Jiménez, y los socialistas Sergio Aguiló y Manuel Monsalves.
Esta decisión, tomada en la misma ciudad de Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, complicó mucho al gobierno del empresario derechista Sebastián Piñera, que carece de una vía clara de solución o camino a seguir para resolver este grave conflicto.
La muerte de uno de los 34 comuneros originaría en Chile un problema político de proporciones. La única propuesta realizada por el Gobierno es modificar las "reglas del juego" en procesos por destrucción de la propiedad privada que en el futuro podrían ser llevados a tribunales civiles y no militares como ocurre actualmente.
Ellos, sin embargo, argumentaron que se trataba de una medida adicional para presionar ante el gobierno para que decida crear una instancia, como podría ser una mesa de diálogo, que ayude a resolver el conflicto indígena, que en Chile es un conflicto histórico que supera los 200 años de vida independiente que se celebran la próxima semana en todo el país.
La vocera de La Moneda, Ena von Baer, calificó la acción como una "actitud irresponsable" por parte de los diputados. "Todos, incluyendo también sectores de la oposición, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer un llamado en concreto y en conjunto para que se deponga la huelga. Por lo tanto, en este momento, sumarse a la medida es irresponsable", expresó la portavoz de Gobierno.
Igualmente reaccionó la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, del Partido Regionalista Institucional (PRI), quien descartó por ahora la aplicación de sanciones a los parlamentarios que se habían sumado al ayuno de los comuneros mapuches y que luego fueron desalojados.
Calificó la medida de “muy lamentable”. Los cuatro parlamentarios integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
Mientras tanto, en la misma ciudad de Temuco se efectuó una marcha en la que participaron unas 150 personas. Allí la vocera de las familias de los comuneros huelguistas, María Tralcal, emplazó al Presidente Sebastián Piñera, diciendo que era de doble estándar por haber apoyado a los presos políticos de Cuba y luego decir que la huelga mapuche era ilegal.
El jefe de bancada de los senadores DC, Andrés Zaldívar, acusó de descoordinación al gobierno en iniciativas para solucionar esta huelga de hambre. Por lo mismo, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a “poner orden en su gente y asumir su responsabilidad” respaldando las iniciativas de la Concertación sobre Justicia Militar y modificación a la Ley Antiterrorista.
“Espero que con estos dos proyectos facilitemos la tarea al gobierno. Aunque hay que ser claros, es fundamental que el gobierno instale una mesa de diálogo, ya que la Iglesia ha aceptado hacer una intermediación para solucionar este tema. No hay que temerle al diálogo y es necesario sentarse a conversar”.
Papel de la Iglesia
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, que intenta mediar en el conflicto, se refirió hoy a la huelga de hambre que llevan a cabo 34 comuneros mapuches y que hoy cumplieron 60 días, haciendo un llamado al Gobierno para que tome medidas legales concretas que "plantean el inicio al nuevo trato para el pueblo mapuche" y que vayan en la dirección a solucionar este conflicto.
También solicitó a los comuneros que cedan en sus posiciones. "Rogamos también a los miembros de las comunidades mapuches que eviten que algunos de sus integrantes pongan en riesgo sus vidas y continúen su lucha por otros medios legítimos".
Goic dijo que para actuar como mediador debía primero existir una invitación de alguna de las partes, lo cual no había sucedido. Sin embargo, "alguien tiene que dar el primer paso", dijo. El problema es que los mapuches no están de acuerdo en que sean representantes de las Iglesia los que medien en el conflicto, porque ellos dicen que este es un problema con "el Estado de Chile y no con la Iglesia".
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