23-1-2014-KRADIARIO-884
Documento
EL
ESCÁNDALO DE LA FICHA SOCIAL Y LOS POBRES QUE EL ESTADO NO CONOCE
Por Luis Conejeros
Durante la campaña presidencial la candidata Evelyn Matthei motejó a la
Ficha de Protección Social (FPS) como un mal instrumento de focalización,
asegurando que “perjudica a las
personas que se esfuerzan”. Por eso, según ella, el actual gobierno la
estaba cambiando.
Pocos días después de
la segunda vuelta el gobierno aplazó, nueva e indeterminadamente, la entrada en
vigencia de la llamada ahora “Ficha Social”, que reemplazaría a la FPS. Ya no
parece tan urgente solucionar la “injusticia” denunciada.
Recién asumido, el primer ministro de Mideplan de la actual administración,
Felipe Kast, formó un “comité de expertos” para la formulación de la Ficha
Social. Coordinado por el actual presidente del Consejo Nacional de Educación,
Ignacio Irarrázaval, este equipo entregó sus propuestas al Presidente Piñera en
noviembre de 2010. Kast, que anunciaba los primeros cambios para marzo de 2011,
aseguraba que “la Ficha de
Protección Social es la llave de paso para que muchas personas ingresen a
diversos programas sociales, pero actualmente esta llave está oxidada y debemos
arreglarla”.
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En julio del 2011 asumió la cartera el ministro Joaquín Lavín, quien en sus
primeros días en el cargo tuvo que responder los cuestionamientos de las
senadoras Isabel Allende, Soledad Alvear y Ximena Rincón, que presentaron
numerosos reclamos de personas que, pese a ser damnificados por el terremoto,
según la nueva Ficha eran menos vulnerables que en la medición de la anterior
FPS. Pese a ser damnificadas, esas
personas veían bloqueado su acceso a beneficios sociales en virtud del nuevo
instrumento.
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El ministro Lavín mostró la verdadera preocupación del gobierno. Dijo que
el principal problema de la FPS es que “efectivamente está mala, no es una buena ficha (ya que) ha permitido que
personas que no son pobres hayan obtenido beneficios falseando sus datos”.
Es decir, el nuevo aparataje, más que a medir la vulnerabilidad, buscaba
descubrir la mala fe.
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Según declaraciones de funcionarios del MDS, lo que ocurría con la
aplicación de la nueva Ficha Social era una suma de errores y situaciones no contempladas que hacían subir el
puntaje de las familias aunque su situación de vulnerabilidad se
hubiese acrecentado.
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Al revisar las bases de datos se repetían casos como el de un chatarrero
que según el nuevo sistema había dejado de ser vulnerable porque aparecía en el
Registro Civil como dueño de varios vehículos. O de preguntas que, al estar mal
formuladas, eran mal capturadas por los encuestadores y hacían subir los puntajes artificialmente.
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En algún momento del 2013, si no se aplicaban filtros y correcciones a los
datos del nuevo sistema, algunos
servicios del área social veían reducidos los postulantes a sus programas en
dos tercios. Para la nueva Ficha más del 60% de los usuarios habían
dejado de ser vulnerables.
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La nueva Ficha Social del actual gobierno, mágicamente convierte a buena parte de la población vulnerable en clase
media. Mientras la distribución del ingreso sigue siendo altamente
concentrada, para la nueva Ficha Social la vulnerabilidad se distribuye
mágicamente en una pendiente constante entre los diferentes quintiles de
población. Si ella se aplicase, dejaría
fuera del sistema de protección social al menos a un 50 por ciento de la
población que hoy se considera vulnerable.
Una posibilidad es que la distribución del ingreso haya cambiado
drásticamente desde la última CASEN. La otra, la más creíble, es que la nueva
Ficha Social se concentró tanto en descubrir eventuales engaños al sistema, que tiene errores metodológicos graves que
hacen no confiable su información.
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Aunque el gobierno destacaba que la Ficha Social era más completa y tenía
más preguntas, lo cierto, según los funcionarios, es que el modelo de cálculo
tuvo que descartar varias preguntas.Simplemente
la información capturada no sirve para medir lo que se pretendía.
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Ello llevó al ministro
Lavín a asumir una verdadera “cascada” decisional que a la larga sirvió,
básicamente, para dilatar el problema hasta después de las elecciones, pero que
implicó durante 2012 y 2013, negar a miles de ciudadanos de sectores vulnerables
beneficios a los cuales tienen derecho por ley.
La primera decisión fue respecto de la necesidad de contar con más nuevas Fichas aplicadas para
tener elementos para depurar las bases de datos. Para ello el Ministerio de
Hacienda autorizó un gasto de 12
mil millones de pesos al MDS durante 2013. Se transfirieron cuantiosos
recursos a los municipios y se tomaron medidas para presionar por la aplicación
de fichas. La segunda, dado los problemas de la nueva Ficha, fue aplazar su utilización varias veces (el
último plazo era enero de 2014, aunque ahora del actual ministro Baranda dejó
la decisión al futuro gobierno). La tercera, dado lo anterior, fue que para
toda la operación de los programas sociales se continuaría utilizando el puntaje de la FPS (la ficha antigua
que perjudica a los pobres según Matthei). La cuarta, dado que la FPS ya no se
estaba aplicando, los puntajes
fueron “congelados” al puntaje de fines de 2011.
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Para decirlo claro, esto significa que en Chile ninguna familia ha dejado de ser vulnerable desde
principios de 2012, aunque se haya ganado el Kino o aunque tenga más
miembros en edad de trabajar. Lo peor, tampoco familia alguna ha pasado a ser vulnerable (por lo tanto no
puede optar a beneficios sociales) aunque el sostenedor haya quedado sin ingresos
o un integrante haya sido afectado por alguna discapacidad. Por ejemplo, una
pareja joven recién formando familia, cesante, que tuvo un hijo el 2013, no
tiene puntaje de vulnerabilidad para optar a beneficios, pues al ser un grupo
familiar nuevo no posee FPS y se les aplicó la nueva Ficha que no ha
entrado en funcionamiento. Son pobres que el Estado no conoce.
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Buscando pillar a los
frescos, el actual gobierno cayó en el peor de los clientelismos con una falta
de seriedad horrorosa. Quienes podían acceder la protección social en 2012 no
sólo vieron asegurado su puntaje, sino que se cerró la puerta a otros que
necesitaran acceder.
El gobierno ha reconocido que se han aplicado más
de 2 millones 100 mil Fichas Sociales. Estimamos que el gasto del proceso podría
llegar a unos 20 mil millones de
pesos. La cifra no ha sido entregada oficialmente por autoridad alguna.
Sólo se reconocen los 12 mil millones oficializados por Hacienda y, de hecho,
la asociación de municipalidades ha pedido a la Contraloría que investigue el
uso de los recursos gastados.
No sólo se trata de recursos dilapidados. Lo más importante es que a muchos chilenos se les ha conculcado
administrativamente el acceso a servicios sociales a los cuales tienen derecho
por ley, lo cual podría ser incluso motivo de investigación judicial.
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Resulta lamentable que
mientras la discusión entre los expertos se centra hoy en avanzar hacia la
universalidad de derechos más que perfeccionar la focalización, nuestro país
haya dilapidado varios millones de dólares y desperdiciado los últimos cuatro
años en intentar perfeccionar un instrumento de medición de la vulnerabilidad
con un enfoque absolutamente anticuado.
Con todos sus bemoles,
la FPS era confiable, tanto que aún se sigue utilizando. Mientras, la nueva Ficha,
ni siquiera sus creadores se atreven a usarla. Por su parte los pobres,
especialmente los nuevos pobres, siguen esperando que el Estado se entere que
existen.
