TRES PETICIONES DE INDULTO LE FUERON RECHAZADAS AL GENERAL ODLANIER MENA POR PARTE DEL GOBIERNO DE PIÑERA
El general (r) no era una blanca paloma como lo presentan los pinochetistas: Tenía dos casos de asesinatos pendientes
Los tres ministros de Justicia que ha tenido el gobierno de
Sebastián Piñera rechazaron peticiones de indulto presentadas por el fallecido ex
director de la Central Nacional de Inteligencia, Odlanier Mena, para una
condena que debía finalizar el diciembre de 2014.
La última de estas peticiones fue desestimada el 29 de julio
de este año por la ministra Patricia Pérez. En la carta que Mena dejó antes de
suicidarse este sábado aseguró que era inocente de los cargos que se le
imputaban.
En marzo de 2010 le correspondió rechazar la primera
petición a Felipe Bulnes, ministro de Justicia en ese entonces y actual
embajador en Estados Unidos que en los próximos meses se encargará de preparar
la defensa de Chile ante la demanda de Bolivia en La Haya. El mismo personero
reiteró la negativa ocho meses más tarde, en noviembre, y el 5 de abril de
2011, según consigna La Tercera.
Por su parte Teodoro Ribera -quien renunció al cargo en
medio de las críticas por sus lazos con el ex presidente de la Comisión
Nacional de Acreditación Luis Díaz- también
firmó en agosto de 2011 el rechazo a la solicitud que Mena había enviado en julio
de ese año.
Las negativas se enmarcan en el anuncio que realizó el 2010
el propio Sebastián Piñera para negarse a una nueva legislación de indulto,
tras las propuestas de diversos sectores religiosos.
El jefe de Estado aseguró en aquella oportunidad que el
indulto presidencial particular consideraría la avanzada edad de los
solicitantes, enfermedades terminales u otras causales, excluyendo de esto a
los que hubieran recibido condenas por crímenes de lesa humanidad.
El indulto responde a una atribución exclusiva y privativa
del Presidente de la República y, según dijeron fuentes oficialistas al diario,
las razones para rehusar las peticiones fueron tomadas considerando
"principios generales" como el apego al derecho internacional por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
que establece que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de
indulto.
También se consideró la "gravedad" de los delitos
cometidos y, en último término, la posición que fijó en 2010 el propio
Presidente Piñera en el marco de la discusión por el "indulto
Bicentenario", para beneficiar a reos mayores de 80 años y enfermos
terminales, donde el Mandatario estableció que si bien el beneficio no haría
distinción entre "civiles y militares", no incluiría a "los
condenados por delitos especialmente graves, como los de lesa humanidad".
Pese a la negativa al indulto, durante la administración
Piñera Odlanier Mena accedió a dos beneficios intrapenitenciarios: la salida
dominical -otorgada en febrero de 2011- y la salida de fin de semana, concedida
en junio de ese mismo año, basándose en el criterio de "igualdad ante la
ley".
Mena tenía casos pendientes
.
En una columna publicada hoy en el diario El Mostrador, la
periodista Patricia Poilitzer, se refiere a dos casos pendientes que el general
en retiro tenía con la justicia: el del profesor Federico Álvarez Santibáñez y
el del periodista Augusto Carmona, ambos militantes del MIR.
El primero murió
en la Posta Central después de permanecer varios días en poder de la CNI a
cargp del general Mena. Durante años, el ex director de la CNI aseguró que
Álvarez Santibáñez, militante del MIR y profesor de química del Liceo Santiago
Bueras de Maipú, murió a causa de los golpes en la cabeza que recibió al ser
detenido por carabineros mientras repartía panfletos en el centro de Santiago.
Sin embargo, en la investigación judicial los médicos que lo atendieron antes
de su muerte certificaron que tenía múltiples contusiones, quemaduras con
cigarrillos y electricidad, fracturas costales y contusión pulmonar. El
ministro Mario Carroza procesó en junio pasado a Mena y otros nueve agentes de la CNI por
este asesinato.
El caso del periodista Augusto Carmona ocurrió el 7 de
diciembre de 1977 cuando fue acribillado en la puerta de su casa en la comuna
de San Miguel. Sobre este hecho, Odlanier Mena siempre sostuvo que Carmona
había muerto en un enfrentamiento entre facciones políticas. La justicia, sin
embargo, acusó de su muerte a los agentes de la CNI. En mayo recién pasado, el
ministro Leopoldo Llanos lo encargó reo junto a siete subalternos.
"Sin duda, este año no había sido fácil para el general Mena.
Además de sus graves problemas de salud, la justicia comenzó a nublar —una vez
más— su pregonada inocencia y su libro de memorias —“Al encuentro de la
verdad”— no tuvo mayor repercusión. Durante
más de 40 años, intentó restablecer su honor como general de Inteligencia.
Acusó una y otra vez a Manuel Contreras de conspirar en su contra. Incluso lo
culpó de intentar envenenarlo, lo que parecía un absurdo", comentó Politzer.
Discrepancias en la alianza
Esta semana personeros de la directiva de RN reconocieron
haber respaldado y haber hecho lobby por la solicitud de indulto del ex
uniformado, lo que originó una crisis interna de carácter semi
"generacional" entre la dirigencia y quienes no tuvieron vida
política durante la dictadura, informó Cooperativa.
La diputada Marcela Sabat defendió
"la línea que deseamos seguir personas que queremos desarrollar la
centroderecha o acercar la derecha hacia el centro".
"Queremos romper el estigma de que la derecha es
solamente la derecha ligada al golpe militar, ligada a la dictadura", dijo
Sabat.
"Quiero recalcar que no todos los militantes de
Renovación Nacional pensamos como ellos (algunos dirigentes) han hecho sus declaraciones", que
son "minorías entre los militantes".
"Personalmente y a nombre, quizás, de la bancada de
Renovación Nacional, nosotros tuvimos una conversación con el Presidente y
apoyamos su decisión", indicó la parlamentaria, en la misma línea en que
se manifestó su par Nicolás Monckeberg, también alineado con Piñera, tanto en
su reflexión y acto por el 11 de septiembre como en el cierre del penal
Cordillera.
"Él tomó una decisión en base a principios. No tenía
sentido mantener funcionando un penal que tenía privilegios, en circunstancias
que por los mismos delitos otras personas cumplían condenas en forma
distinta", dijo Monckeberg.
"Yo espero que estas diferencias no existan respecto al
futuro. La proyección de la centroderecha hacia el futuro es con estricto apego
a la defensa de la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos humanos,
partiendo por el derecho a la vida", sentenció el ex presidente de la
Cámara Baja.
Más allá de estas discrepancias, desde la UDI su timonel
Patricio Melero indicó que "las relaciones con los gobiernos tienen altos
y bajos" y si bien "ha habido algunos momentos de mayor tensión, es
tanto más lo que está en juego que lo único que no vamos a hacer es quedarnos
anclados o atrapados en esos factores".
A través de una carta enviada ayer al diario La Segunda,
titulada "Centroderecha y ética", el ministro Rodrigo Hinzpeter
insistió en su tesis sobre necesidad de "hacerse cargo" de la
"debilidad ética" (leer ayer en KRADIARIO) de la centroderecha por haber
"mayoritariamente apoyado, o, en algunos casos, sido parte de un gobierno
que violó los derechos humanos".
En este tema hubo también otras sobresas como la declaración
del precandidato presidencial y ahora candidato a senador por Santiago Poniente
Andrés Allamand, quien fue enfático al
decir el domingo en “Tolerancia Cero” que no estaba de acuerdo con la decisión
del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera. Sin embargo, acotó que sí estaba de acuerdo en que bajo ninguna
circunstancia estas cárceles deben ser “fuentes de privilegios".
Allamand, quien en un foro pre-presidencial en agosto se negó a calificar de dictadura al régimen de Pinochet, recordó, haciendo un poco de historia, que "el ministro de Obras Públicas de la
época, Ricardo Lagos Escobar (1995) no quiso que Punta Peuco fuese una decisión
administrativa y unilateral del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y por eso
se tramitó un proyecto de ley, en virtud del cual, con muy pocas excepciones,
el parlamento dio el vamos a dicho penal especial.
"Posteriormente, en el año 2004, el Presidente Lagos,
hizo esta especie de anexo de Punta Peuco (Penal Cordillera), por las mismas
razones que se esgrimieron en los decretos que firmaron Frei y Soledad Alvear, Lagos
y Luis Bates nueve años antes, que apuntaban fundamentalmente a un concepto de segregación y
seguridad de las personas que en definitiva estaban cumpliendo condena".
"Cuando a una persona se le condena debe cumplir su
condena, pero no tiene porqué tener, por ejemplo, amenazas a su integridad
física como ocurriría en una circunstancia normal", agregó Allamand.
El candidato a senador dijo que "no creo que el
congreso en 1995 y el Presidente Lagos hayan cometido un acto contra la
igualdad de la ley al crear estos penales especiales", por eso, "no
veo razón alguna para, en definitiva, terminar con el Penal Cordillera y
trasladar a los presos a Punta Peuco".
"Si ustedes revisan el decreto por el que se crea el
penal Cordillera es simplemente porque se encuentra saturado Punta Peuco", acotó.
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