KRADIARIO

2-10-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N° 872

LA FALACIA DE LO POSIBLE

Por Wilson Tapia Villalobos (*)

El ex presidente Patricio Aylwin (1990-94) puso de moda en Chile aquello de hacer justicia en la medida de lo posible. Se refería a los Derechos Humanos atropellados durante la dictadura. Casi dos décadas después del fin de su mandato, la frase adopta una dimensión que, con seguridad, él nunca pretendió darle.

Hoy, el ambiente político chileno se encuentra conmovido por el suicidio del general (r) Odlanier Mena (87). El ex militar se encontraba condenado a seis años de prisión por el asesinato de tres militantes socialistas. El hecho ocurrió un mes después del golpe militar, en octubre 1973, en Arica, donde Mena era Jefe de la Guarnición del Ejército. Luego, fue director de la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Actualmente estaba siendo procesado por la muerte del periodista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Augusto Carmona, asesinado el 7 de diciembre de 1977. Además, se hallaba encausado por el crimen, llevado a cabo el 21 de agosto de 1979, de Federico Álvarez, otro militante del MIR. Ambos delitos fueron cometidos por agentes de la CNI, mientras Mena era su Director.

El suicidio del general retirado se produjo en vísperas de su traslado de penal y mientras disfrutaba del beneficio de salida de fin de semana. Hasta ahora nadie ha explicado cómo un reo podía tener un arma en su casa. Cercanos atribuyen su autoeliminación al abatimiento que le produjo la decisión del presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera. En ese recinto, Mena y otros nueve militares cumplían sus condenas por graves atropellos a los derechos humanos. Entre ellos, algunos que acumulan varias cadenas perpetuas. Se trataba de un penal exclusivo. Los reos no vivían en celdas, sino en cabañas.

Disponían de privacidad, de modernos medios de comunicación y podían realizar actividades sociales. Contaban con áreas de esparcimiento, recintos para realizar ejercicios y deportes. Una cárcel completamente fuera del rango de los recintos penales chilenos. Y exclusivamente dedicado a ex militares de alta graduación condenados por violaciones a los DD.HH.

La resolución asumida por Piñera generó polémica desde antes del episodio del suicidio. Miembros de su propia coalición, entre ellos los presidentes de los dos Partidos que la integran, manifestaron su desacuerdo. El senador Carlos Larraín, líder de Renovación Nacional, dijo: "Esto es la última muestra de desprecio por nuestro sector de la opinión pública, que no habría esperado del gobierno que elegimos". Su colega de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Patricio Melero, tuvo expresiones similares. Paradojalmente, dos días antes de que se desatara la polémica, Carlos Larraín formuló declaraciones pidiendo que no se estigmatizara a su hijo Martín (24). El joven había protagonizado un accidente automovilístico en Curanipe. Como resultado de ello, murió Hernán Canales (39).

El autor del atropello huyó del lugar. Veinticuatro horas después fue detenido y se presume que manejaba bajo los efectos del alcohol. El argumento que reiteradamente esgrimió Carlos Larraín para defender a su hijo fue que nadie está por sobre la ley. Y que él no ejercería presión alguna para evitar que la Justicia actuara. Sólo 48 horas más tarde cambiaba de opinión. ¿O sólo eran dos estratagemas distintas?

Lo concreto es que el traslado de los reos se realizó. Pero la ley sigue haciendo distingos en Chile. Los militares fueron llevados a Punta Peuco. Otra cárcel creada para albergar sólo a militares violadores de DD.HH. Y muy diferente a los presidios en que son encerrados civiles. En ella no hay sobrepoblación, ni las condiciones paupérrimas que deben soportar los presos comunes. Pero, claro, no está al nivel de lo que era el penal Cordillera. Allí, también es cierto, sólo llegaban los presos VIP. Los militares de alta graduación.

Justicia en la medida de lo posible. La frase la pronunció Aylwin para justificar buena parte de la inacción de su gobierno frente a los violadores de DD.HH. Luego, presidentes de su mismo conglomerado, la Concertación de Partidos por la Democracia, ordenaron la construcción de penales exclusivos. En 1995, Eduardo Frei Ruiz Tagle creó Punta Peuco. En 2004, Ricardo Lagos hizo lo mismo con el Penal Cordillera.

Hasta ese momento, lo posible seguía siendo gobernar sin molestar a la derecha, ni a los militares. Hoy, la línea parece haberse corrido un poco, aunque sigan existiendo diferencias a favor de los ex militares delincuentes. La pregunta que, con justicia, se hacen muchos chilenos es: ¿por qué tal diferencia? ¿Acaso es más grave robar un banco o asaltar una casa particular, incluso matarse entre civiles, que torturar, asesinar y hacer desaparecer los cadáveres cuando los responsables de tal barbarie son uniformados?

Tanto en la respuesta de Aylwin, como en las de Frei, Lagos, Larraín y Melero, el peso del contenido político es mucho mayor que el valor de la ética. Y es posible que en la actitud adoptada por Piñera ese desequilibrio también esté presente. Si no fuera así, tal vez habría terminado por completo con los privilegios. Pero puede que esté sopesando otras alternativas. Varias veces, el mandatario se ha mostrado seguro de que el próximo gobierno no será de su signo. Y las encuestas hablan claramente de un esmirriado apoyo popular a su persona. Quizás terminar su mandato como un demócrata cabal lo pueda relanzar. Y 2018 sea otra oportunidad para llegar a La Moneda. Todo es posible, en la medida de lo posible.

(*)  Periodista y profesor universitario