KRADIARIO

DEBATE DEL DÍA

PODER JUDICIAL: NO HAY PROBLEMA ALGUNO NI OCULTAMIENTO EN LA LIBERTAD CONDICIONAL

DE 1900 CONDENADOS EN DIFERENTES CÁRCELES CHILENAS

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, anunció que no se va a revisar la decisión de los jueces de distintas Cortes de Apelaciones de otorgar – en total – cerca de 1900 libertades condicionales a reos del país.

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La cabeza del máximo tribunal respaldó las palabras emitidas el lunes por el vocero Milton Juica, quien sostuvo que la decisión se basa en criterios técnicos de las Comisiones de Libertad Condicional en las jurisdicciones del país.

Dolmetsch además indicó que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, no ha solicitado ninguna audiencia o reunión para tratar el tema, pero que de pedirla, será recibida.

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Agregó que ella puede tener su opinión sobre el proceso, pero eso no implicará que revisen los criterios de los jueces, ya que la Corte respetará su independencia, aseguró el jurista.

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Uno de los episodios más polémicos del otorgamiento de libertades condicionales se registró en la región de Valparaíso, donde se anunciaron 788 liberaciones. Por lo mismo, a las 13 horas de este martes estaba programada una conferencia de prensa de parte de los ministros de la Corte porteña, la que fue suspendida por adherir a lo ya pronunciado desde la Suprema.

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El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió ayer lunes al emplazamiento del Ejecutivo por el aumento del número de libertades condicionales. Recordó que el actual mecanismo establece que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones, que es la encargada de visar estas solicitudes, fue establecida por las serias dudas que generaban los criterios de los secretarios regionales ministeriales de Justicia, quienes antiguamente aprobaban o rechazaban estas medidas.

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También, el vocero del máximo tribunal del país reiteró que fue el Ejecutivo quien propuso este cambio buscando “reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se viven en nuestras cárceles y centros de detenciones”, las que anotan cerca de 60% de sobrepoblación penal. Asimismo, el mensaje apuntaba a que la toma de la decisión “se guíe por criterios eminentemente técnicos”.

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Incluso, señaló que en el mismo mensaje que contenía la propuesta para modificar la asignación o rechazo de las libertades condicionales se cuestionaba el rol de los seremis, cuya “intervención unilateral y decisoria” precipitó “en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial, y viene arrojando desde hace largo tiempo dudas acerca de la objetividad que guía un proceso que resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario, y fomentar la rehabilitación y reinserción de los condenados”.

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Asimismo, Juica expresó que los criterios que guían a los jueces son los que dispone la ley, que entró en vigencia en 2013, “sobre la base de una proposición de un órgano vinculado al Ministerio de Justicia” que es Gendarmería.

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“Aquí no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión. Hoy por hoy, el sistema ha estado operando y, por supuesto que llama la atención que opere en mayor medida que en épocas anteriores, porque los seremis de Justicia no otorgaban las libertades condicionales por carácter subjetivo y no objetivo”, detalló.