KRADIARIO

Análisis de la violencia callejera del 21 de Mayo 

CEREMONIA REPUBLICANA, EFEMÉRIDE Y PROTESTA MALOGRADAS 

                          Nihilismo: Negación de todo principio religioso, político y social (RAE).

Por Hernán Ávalos

El 21 de Mayo de 2016 en Valparaíso dará que hablar por años. Fue celebrado el Día de las Glorias Navales con el desfile prusiano de las FF.AA. que contrastó con el diálogo frívolo de las autoridades encabezadas por la Presidenta Bachelet  durante su recorrido por la cripta subterránea del Monumento a los Héroes de Iquique. Poco antes la Mandataria concurrió a la sesión plenaria del Congreso Nacional para asistir a la inauguración de la Legislatura Ordinaria. Leyó su mensaje con rapidez, dejando poco espacio para los aplausos. Y cerca de un tercio de senadores y diputados no llegaron a esta ceremonia republicana y aquellos que estuvieron presentes y que luego hicieron declaraciones a la prensa, dejaron la impresión de haber escuchado lo que conviene a sus respectivas tiendas políticas.

Pero lo que es peor. Algunos parlamentarios ni siquiera salieron bien informados de los proyectos de ley que interesan al Gobierno, porque durante el mensaje presidencial estaban más preocupados del “chatear” por teléfono.

La marcha por las calles céntrica de Valparaíso convocada esa misma mañana por diversas organizaciones sociales, laborales y comunitarias para reivindicar demandas insatisfechas en salud, vivienda, trabajo y educación fue ignorada por la mayoría de los medios de prensa tradicional. Y como ocurre en las manifestaciones públicas, los desórdenes callejeros comenzaron al final, cuando la protesta terminaba a una cuadra de la céntrica Plaza Victoria, en avenida Pedro Montt, esquina calle Las Heras, donde fueron instaladas las vallas papales y el cerco tendido por las fuerzas antimotines de Carabineros para impedir el tránsito de peatones y vehículos hacia la sede del cercano Congreso Nacional, donde hablaba la Presidenta Bachelet.  Fue en ese momento que un centenar de encapuchados emergió por sorpresa y premunido de armas contundentes y herramientas especiales protagonizó un verdadero “reality” de violencia inusitada, filmado en directo por los canales de televisión y relatado como un verdadero espectáculo por algunas radioemisoras.

El grupo de vándalos venía organizado para destruir el mobiliario urbano, escaparates, comercio y oficinas. Luego  abrió sendos forados en las cortinas y mallas metálicas de edificios para saquear y destruir equipos, computadores o máquinas que encontraron. Para culminar su faena destructiva incendiaron dos edificios arrojándoles bombas molotov. El edificio histórico de cuatro pisos ubicado en la misma esquina de avenida Pedro Montt y Las Heras ardió rápidamente levantando lenguas de fuego y grandes columnas de humo gris. En su interior quedó atrapado  Eduardo Lara. Fue rescatado agónico por los bomberos  y su deceso ocurrió camino del hospital Van Buren. Era guardia de las Oficinas de Concejales Municipales habilitadas en uno de los pisos siniestrados. Un local de Farmacias Ahumada y una oficina de la telefónica Claro también quedaron en cenizas. En su accionar los encapuchados atacaron a los carabineros y a los reporteros con proyectiles obtenidos de los escaños de cemento molidos a golpes de combo y mantuvieron alejados a los carros bombas para dificultar la extinción del fuego. Así tuvieron tiempo suficiente para hacer rayados murales en homenaje a Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, y escapar.

La mantención del orden público

Como era de esperar, han arreciado las críticas a las unidades de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones por su incapacidad para anticipar el escenario de violencia callejera del 21 de Mayo último, quizás el de mayor impacto ciudadano y mediático de la última década en el país. Las miradas inquisitivas están dirigidas, principalmente, a los efectivo antimotines de Carabineros, quienes actuaron como aprendices en la mantención del orden público, en circunstancias que nacieron a la vida nacional hace 50 años como Grupo Móvil, dispersando a los estudiantes  del ex Pedagógico de la Universidad de Chile, quienes protestaban en las calles de Macul para acelerar la demorada reforma universitaria. 

La mantención del orden público por lejos es la función más ingrata de la policía en cualquier democracia. Y también la que visibiliza su capacidad, equipamiento, experiencia, profesionalismo y las instrucciones específicas del mando para enfrentar la contingencia. Entonces cabe la interrogante: ¿Qué ocurrió para que los encapuchados sobrepasaran a los carabineros y utilizaran una violencia callejera desconocido hasta ahora? El general director Bruno Villalobos respondió en parte la pregunta hablando con los reporteros a la salida del Congreso Nacional donde estuvo entre los invitados: “Lamentamos profundamente la muerte de un trabajador…! pero basta ya de poner siempre en tela de juicio a los carabineros¡  Nosotros ponemos el pecho a las piedras, las balas, a los fierros y, al final, (ustedes) siempre encuentran un pero (sic). Acá no falló la inteligencia policial al morir un trabajador -que es padre de un carabinero-­ por acciones de delincuentes. El que falla es el país…”

Pero la verdad es que el resultado de la jornada sabatina no pudo ser más deplorable: El mensaje de  la presidenta Bachelet al Congreso Pleno, como acto republicano, sin considerar su contenido, mediatizado por la violencia callejera y la muerte del guardia municipal; la conmemoración del Combate Naval de Iquique reducido a una “postal” del desfile militar en la plaza Sotomayor y la protesta social organizada por diferentes entidades políticas, comunitarias y sindicales, desvirtuada por la acción vandálica. La amplia convocatoria de la manifestación incluyó el atraso en la reconstrucción del gran incendio en los cerros de Valparaíso, la demora en la reforma educacional, la corrupción y la desconfianza en políticos y empresarios, el aumento del sueldo mínimo, la impunidad en la colusión de los precios en medicinas, pollos y papel, como la demora en reparar los perjuicios causados a los consumidores, entre otras demandas ciudadanas.

Los medios de comunicación tradicionales, y principalmente la televisión, hicieron su aporte para terminar arruinando el Día de las Glorias Navales. Es cierto que transmitieron en directo el mensaje presidencial desde el  Congreso Nacional y el homenaje a Prat.  Y también ignoraron la marcha de protesta por las calles céntricas del puerto que terminó en la plaza  Victoria y que estaba autorizada por la Intendencia. Pero las transmisiones en directo, los comentarios y entrevistas posteriores sobre los desmanes callejeros producidos por los encapuchados, superó por lejos aquellas referidas al Congreso Nacional y a la plaza Sotomayor. Es cierto que resulta lamentable la muerte del guardia que a los 70 años aún estaba activo. Aunque no es menos cierto que fue resultado imprevisto del incendio del edificio que custodiaba, causado por una bomba molotov. Incluso  los bomberos supieron, tardíamente, que el infortunado trabajador había pernoctado allí y que no estaba entre las personas que habían desalojado en la emergencia.

Es probable que el Gobierno haya solicitado a Carabineros rendir cuenta de su actuación en Valparaíso. Mientras, el ministro del Interior Jorge Burgos, morigeró la crítica y aseguró que como parte de su trabajo, la jefatura policial evalúa sus procedimientos para mantener sus fortalezas y superar sus debilidades. Quizás lo que espera la ciudadanía es que los carabineros realicen su labor con eficiencia y con respeto a la ley, los reglamentos y los derechos humanos. Mientras los porteños solicitan que la ceremonia de apertura de la legislatura ordinaria sea realizada en el antiguo Congreso en Santiago el primer día de junio como era tradicional, de modo que la celebración del 21 de Mayo en Valparaíso, tenga la significación y el realce que merecen los héroes de la Patria.

Para entender la violencia callejera

Para  comprender los desmanes ocurridos en el puerto habría que considerar que el año pasado los chorros de agua lanzados a potencia desmedida por los carros de Carabineros, estrellaron en las aceras a dos manifestantes dejándolos lesionados, uno de ellos de gravedad. Los uniformados recibieron críticas por su actuación, los participantes directos fueron querellados y sometidos procesos judiciales.

El escenario autorizado para la manifestación pública en la esquina de las céntricas avenidas Pedro Montt y Las Heras fue cerrado al oriente (es decir hacia el Congreso Nacional) con barreras papales que resultaron débiles y fueron derribadas por los exaltados, abriendo una foco inesperado de desórdenes.

Las fuerzas policiales y sus carros antimotines tuvieron cuatro accesos expeditos hacia el centro de los incidentes, desde los cuatro puntos cardinales, para intervenir con rapidez y dispersar con chorros de agua o detener a los encapuchados más activos. Pero demoraron 15 o 20 minutos, más de lo esperado para considerar una intervención oportuna y eficiente. Y cuando lo hicieron, las cortinas metálicas de los locales habían sido abiertas con herramientas o derribadas a golpes, o destruidos los objetos de valor encontrados y originados sendos incendios.

Los encapuchados mostraron organización y planificación. Llegaron portando herramientas para cortar metal y grandes combos para golpear y destruir. Actuaron por sorpresa en tres o cuatro focos para dispersar la reacción policial. Así fue como atacaron son palos y piedras a los bomberos para permitir la propagación del fuego en los dos edificios que incendiaron..

Por tratarse de delitos flagrantes, los carabineros están obligados a detener a sus autores sin esperar instrucciones del fiscal de turno, ni orden judicial alguna, según establece tanto el Código Procesal Penal, como las leyes y reglamentos institucionales. En consecuencia, tienen la fuerza y los instrumentos para actuar, y por tanto, no requieren de ninguna reforma legal.  La misma normativa sanciona a quién usan capucha u oculta el rostro para impedir su identificación o reconocimiento. Por tanto, los policías están obligados a proceder sin dilación, capturar a los infractores y presentarlos ante los tribunales. Bajo esta legislación detuvieron a una treintena de individuos, uno de los cuales estaría vinculado a los incendios intencionales.