CADA VEZ MÁS CERCA DE LA VERDAD EL ASESINATO DEL ESPAÑOL CARMELO SORIA OCURRIDO EN CHILE EN PLENA DICTADURA
Colaboración de la Justicia estadounidense es fundamental
La
Corte Suprema chilena solicitó a Estados Unidos la extradición de tres
presuntos responsables del crimen del diplomático español y ex funcionario de
la Cepal en Santiago, Carmelo Soria.
En
fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema aprobó solicitar la
extradición de los exagentes de la disuelta DINA, el chileno Armando Fernández
Larios, del estadounidense Michael Townley Welch, y del ciudadano de
nacionalidad cubana Virgilio Paz Romero.
Los
requeridos se encuentran procesados en Chile en calidad de autores de la
detención, torturas y homicidio del diplomático español, Carmelo Soria,
ocurrida en julio de 1976, caso que es investigado por el ministro del alto
tribunal, Lamberto Cisternas.
La
sala penal tuvo como uno de sus argumentos para esta resolución el Tratado de
Extradición entre Chile y Estados Unidos suscrito el 17 de abril de 1900.
El
14 de julio de 1976, Soria fue detenido cuando regresaba a su hogar desde su
oficina en la Cepal. Ahí es secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la
DINA y torturado en Villa Grimaldi. Su cuerpo fue encontrado a bordo de su
vehículo, para intentar aparentar que había desbarrancado por ingesta de
alcohol.
Los restos del diplomático español Carmelo Soria,
asesinado por la policía política chilena durante la dictadura de Augusto
Pinochet, fueron exhumados el 1 de mayo de 2002 para verificar su identidad. La
exhumación fue realizada por orden del juez Andrés Contreras, del 23º Juzgado
del Crimen de Santiago, quien acogió una solicitud de la familia.
A la exhumación, llevada a cabo en el Cementerio General
de la capital chilena, asistieron Carmen, Laura y Luis, los tres hijos de quien
fuera funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), dependiente de la ONU. El abogado de la familia, Alfonso Insunza,
explicó que los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su
identificación mediante exámenes de ADN.
En abril de 2002, Carmen Soria e Insunza presentaron una
querella ante el juez Contreras por el delito de "presunta inhumación
ilegal". Sospechan que en 1983, durante el traslado en un ataúd sellado
dentro del mismo cementerio, los restos de la víctima fueron sustraídos. Los
propietarios del mausoleo donde estaba sepultado Soria habían recibido
previamente amenazas y presiones.
El abogado explicó que en 1994, cuando Carmen Soria
presentó una querella por el asesinato de su padre, recibió amenazas
telefónicas anónimas, en una de las cuales le dijeron que "no sacaría nada
con investigar las causas de la muerte, pues sus restos no estaban en el
cementerio". En otros casos, agentes de la policía política pinochetista
(DINA) sacaron los restos de las víctimas de los lugares donde estaban enterrrados
para eliminarlos.
Además
de estos tres exagentes de la DINA, otros 12 miembros del organismo represor de
la dictadura militar están procesados por el homicidio.
Fernández
Larios y Townley permanecen bajo el sistema de protección a testigos en Estados
Unidos, luego de colaborar en el juicio por el crimen del excanciller Orlando
Letelier ocurrido en Washington en septiembre de 1976.
La
sala penal de la Corte Suprema ordenó notificar a la Cancillería chilena para
que tramite las extradiciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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