KRADIARIO

HORA DE EXPERTOS

CHILE: UNA POLÍTICA EXTERIOR SECUESTRADA POR JUECES Y ABOGADOS

Por José Rodríguez Elizondo
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La diplomacia chilena de los dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de “espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”. En vez de aprovechar a los diplomáticos profesionales meritorios, la autoridad prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo de Chile".

Para los abogados-abogados es difícil comprender la diplomacia. Académicamente adiestrados para encajar las conductas del presente en las normas jurídicas del pasado, les cuesta aceptar que, en casos de conflicto internacional, los grandes diplomáticos las tomen con beneficio de inventario. Es decir, como precedentes para una negociación.

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Podría analizarse el tema desde la filosofía del derecho, pero en formato periodístico sale pedante. Baste apuntar que los juristas –que son algo más que abogados– saben que, epistemológicamente hablando, la ciencia jurídica es “historia congelada”. Más fácil es enterarse por los ejecutores pensantes de la diplomacia. Estos han llegado a conclusiones separatistas desde la práctica de los conflictos.

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En rápida sinopsis, tenemos al diplomático y miembro de la Academia Francesa, Francois de Calliéres (1645-1717), quien advirtió que los malos consejeros del rey eran hechura del ethos jurídico: “La formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Añadió que “la diplomacia es una profesión que merece la misma preparación y atención que los hombres dan a otras profesiones conocidas”.

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En época más cercana, el embajador, académico y jurista francés Jules Cambon (1845-1935) puso en guardia contra “la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que aquellos que los tratados les confieren”. Lo explicó en un libro de 1926, agregando que “el carácter diplomático difiere del jurídico”, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación llevan consigo en teoría un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.

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También hay letrados chilenos en la misma onda. Mario Barros Van Buren, abogado, diplomático de carrera y autor de la notable Historia diplomática de Chile (1970), incluso lo expresa en tono áspero. Dice que nuestra diplomacia de los dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de “espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”. Añade que, en vez de aprovechar a los diplomáticos profesionales meritorios, la autoridad prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo del Chile decimonónico”.

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Llevamos siete años con nuestra política exterior secuestrada por jueces y abogados. A mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados. Desde la majestad de la ley se nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico en el pleito con Perú y que con Bolivia vamos ganando.

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Algo similar dice el abogado y embajador Jorge Heine, para quien “reducir la acción internacional de un país al respeto de las normas jurídicas internacionales es equivalente a decir que el objetivo político clave de un gobierno debe ser respetar la Constitución y las leyes”. Eduardo Ortiz, abogado ex embajador y ex director de la Academia Diplomática de Chile, aludiendo a las limitaciones del Derecho Internacional, escribió que la relación entre naciones e individuos “se desarrolla a pesar de las normas o en ausencia de ellas”. El abogado y politólogo Luciano Tomassini, en una de sus obras, hizo una síntesis muy precisa de la relación contradictoria entre abogados y diplomáticos, agregando el insoslayable factor de la fuerza: “La diplomacia ha oscilado siempre entre el derecho y el uso de la fuerza, con una instancia intermedia que es la negociación”. Concluyó que la negociación es “el método normal, más satisfactorio y menos peligroso para conducir las relaciones entre los Estados”.

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El camino de la realidad

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Parece claro, entonces, que hay una tensión histórica y teórica entre abogados y diplomáticos, respecto al rol del derecho como medio de solución de los conflictos internacionales. Pero, si uno se pregunta por su origen duro, debe “descender” desde las teorías a la realidad. Esta dice que, siendo los conflictos interestatales conflictos de poder, los gobiernos competentes los enfrentan con toda la panoplia de su poder y con todos los profesionales que puedan defender sus intereses. No se limitan, ingenuamente, a los cultores de la hermenéutica legal.
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Visto así, el acotamiento del rol de los abogados, en las diplomacias desarrolladas, ha sido fruto de un proceso largo, en cuyo curso a) los diplomáticos –con o sin título de abogado– se constituyeron como un cuerpo de negociadores con habilidades multidisciplinarias, b) decayó la fe en un “estricto derecho” con productos “intangibles” y c) se legitimaron las soluciones transaccionales, flexibles y creativas.
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Este proceso se llama “profesionalización” y terminó creando nuevos y más complejos organigramas en las cancillerías modernas. Ahí la ilusión legalista, a que alude Cambon, es una reminiscencia casi romántica, pues las piezas encajaron en los sitios que les asignaba la realidad. Hoy los abogados aparecen como asesores técnicos calificados y los diplomáticos como miembros del Servicio Exterior, con funciones oficiales de representación, información y negociación.
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De ese modo y sin desconocer el rol del derecho como conquista cultural de la humanidad, esas cancillerías han instalado una diplomacia proactiva y proteica. Tiene sistemas de trabajo conjunto con las instituciones de la Defensa, proyecta su acción hacia los nuevos y múltiples actores civiles de la política exterior y busca agentes formados en la multidisciplinariedad. Estos pasaron, así, desde la simplicidad de la solución jurídica preestablecida a la complejidad de la imaginación prospectiva.
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Henry Kissinger, uno de los innovadores más audaces –al margen del juicio ético que merece su trayectoria política–, cuenta que en los Estados Unidos esos cambios no fueron sencillos. Dice en uno de sus libros que, como Secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon, debió chocar con “las tradiciones legalistas” del establishment.
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Estado de situación nacional

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Dos preguntas fluyen lógicas... e implacables: ¿seguimos los chilenos sosteniendo una visión jurídica (y obsoleta) de la realidad internacional? ¿Estamos en la vía correcta para tener una Cancillería moderna y una diplomacia desarrollada?
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Los porfiados datos responden que sí a la primera pregunta –al menos en el nivel oficial– y que no a la segunda. Y es obvio: llevamos siete años con nuestra política exterior secuestrada por jueces y abogados. A mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados. Desde la majestad de la ley se nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico en el pleito con Perú y que con Bolivia vamos ganando.
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Por lo mismo, es mejor ceder la palabra final a uno de los más grandes cancilleres de nuestra historia. A Gabriel Valdés Subercaseaux, quien, tras el término de su última misión en 2008, se mostraba preocupado por la postergada condición de nuestra Cancillería. Decía que Chile, abierto como estaba al mundo, necesitaba una organización para el siglo XXI. Pero, como sabía que eso “no era tema” para la clase política, hizo la siguiente declaración a una periodista:
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Una reforma de este tipo no se puede hacer desde adentro de la Cancillería; hay que hacerla desde fuera, quizás con la asesoría de grandes países. Hay que buscar una fórmula para que Chile, que es pequeño y no es rico, tenga un funcionamiento externo más adherido a lo que está pasando, que utilice mejor los talentos, que sea una carrera donde lo profesional se pueda perfeccionar con el tiempo, que no sea un pagador de recursos para algunos políticos.

Así nos interpeló don Gabriel. Y no basta con responder Amén.