ANULADO ACUERDO ENTRE LA FISCALÍA Y LOS EJECUTIVOS DE LAS FARMACIAS Y SE ESPERA QUE AHORA SE HAGA JUSTICIA VERDADERA
Estafaron a medio mundo y les habían suspendido el proceso a cambio del compromiso de que cumplieran una capacitación de "ética empresarial"
En un fallo unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió anular el acuerdo establecido el pasado 8 de julio entre la Fiscalía y las defensas de los ejecutivos de las farmacias involucradas en la colusión para subir los precios de 220 medicamentos entre 2008 y 2009.
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El polémico acuerdo definía la suspensión condicional del proceso a cambio de que los imputados cumplieran durante un año clases de capacitación en "ética empresarial", además de donar un total de 230 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro como la Corporación Nacional del Cáncer, la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem.
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Este acuerdo fue impugnado judicialmente por el ex diputado DC Jaime Mulet, quien se declaró satisfecho por la resolución del tribunal de alzada.
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"Yo creo que la Corte ha resuelto en Justicia",
dijo Mulet, que afirmó que estaba
esperando este fallo "con nerviosismo, porque uno nunca sabe...".
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"Creo que la Corte ha corregido las cosas y lo que ha hecho es (fijar) que frente a situaciones de abuso, cuando un fiscal ha pedido una condena de cinco años, no puede después suspender condicionalmente el procedimiento y dar una multa y dejar a la gente como blanca paloma. Lo que la Corte, en definitiva, ha dicho, es: 'Que haya juicio'", celebró.
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Cristián Muga, defensor de uno de los ejecutivos imputados, desdramatizó este fallo.
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"Nosotros no valoramos esto como una decisión negativa, sino que simplemente, como una garantía esencial del proceso, que es el juicio oral para los imputados. El juicio oral es garantía y nosotros estamos desde hace mucho tiempo preparados para esa instancia", dijo el jurista según Radio Cooperativa.
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Salcobrand y Cruz Verde fueron condenadas a pagar 19 millones de dólares por la Corte Suprema por este caso, al confirmar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las compañías. Ahumada pagó sólo un millón luego de acogerse al mecanismo de la delación compensada, que destapó el escándalo en el año 2009.
La historia del proceso
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Cristián Sanchez, aprobó el 8 de julio de este año un acuerdo alcanzado entre
el Ministerio Público y los 10 imputados por el delito de alteración
fraudulenta de precios, en el denominado caso farmacias, lo que permitía la
suspensión condicional por un año del procedimiento.
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El fiscal hizo un llamado a "legislar seriamente sobre la colusión y la necesidad de sancionarlo con penas que sean realmente disuasivas".
La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella
interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel
Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de “delación
compensada”, en la que admitió irregularidades y entregó información,
recibiendo una multa de US$1 millón. Posteriormente, en marzo de 2011, el
entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza,
formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.
Ramón Avila Silva, gerente comercial de Farmacias Salcobrand deberá aportar $30 millones, los cuales irán a la Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($15 millones) y a Cruz Roja ($10 millones).
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"Creo que la Corte ha corregido las cosas y lo que ha hecho es (fijar) que frente a situaciones de abuso, cuando un fiscal ha pedido una condena de cinco años, no puede después suspender condicionalmente el procedimiento y dar una multa y dejar a la gente como blanca paloma. Lo que la Corte, en definitiva, ha dicho, es: 'Que haya juicio'", celebró.
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Cristián Muga, defensor de uno de los ejecutivos imputados, desdramatizó este fallo.
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"Nosotros no valoramos esto como una decisión negativa, sino que simplemente, como una garantía esencial del proceso, que es el juicio oral para los imputados. El juicio oral es garantía y nosotros estamos desde hace mucho tiempo preparados para esa instancia", dijo el jurista según Radio Cooperativa.
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Salcobrand y Cruz Verde fueron condenadas a pagar 19 millones de dólares por la Corte Suprema por este caso, al confirmar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las compañías. Ahumada pagó sólo un millón luego de acogerse al mecanismo de la delación compensada, que destapó el escándalo en el año 2009.
La historia del proceso
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
Cristián Sanchez, aprobó el 8 de julio de este año un acuerdo alcanzado entre
el Ministerio Público y los 10 imputados por el delito de alteración
fraudulenta de precios, en el denominado caso farmacias, lo que permitía la
suspensión condicional por un año del procedimiento.
Esta figura judicial consiste en que se declara suspendido
el proceso penal respecto de los imputados, con la condición de que cumplan
determinados requisitos económicos y de conducta.
El juez resolvió que pasado un año se revisaría el
cumplimiento de los requisitos establecidos, y si es así se determinaría la
suspensión definitiva del proceso. ¡Así de fácil!
Los 10 imputados en el caso: Sergio Purcell y Ricardo
Ewertz, de Fasa; Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde, y Roberto
Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de
Salcobrand y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman,
aceptaron la propuesta de la Fiscalía en el marco de la audiencia preparatoria
que se realizó el 8 de julio pasado.
El jefe de la Fiscalía Regional Metropoitana Centro Norte,
Andrés Montes, criticó la legislación existente, ya que "es insuficiente
para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los
chilenos". Montes estimó que la pena por estos delitos es muy baja y que
podría haber llegado a 21 días, "obviamente sin ningún tipo de privación
de libertad. Eso es insuficiente. Este delito es grave y debe ser sancionado
drásticamente" puntualizó. .
El fiscal hizo un llamado a "legislar seriamente sobre la colusión y la necesidad de sancionarlo con penas que sean realmente disuasivas".
Todo comenzó en 2009
La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella
interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel
Silber. Ese año, Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de “delación
compensada”, en la que admitió irregularidades y entregó información,
recibiendo una multa de US$1 millón. Posteriormente, en marzo de 2011, el
entonces fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Luis Inostroza,
formalizó a 17 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios.
El controvertido fallo del TDLC Libre Competencia consideró
numerosas pruebas recogidas en la investigación del Ministerio Público y dictó el siguiente compromiso:
Roberto Leopoldo Belloi Pechini, gerente general de Farmacias Salcobrand,
deberá pagar $45 millones los cuales se dividirán en aportes para la Liga
Chilena contra la Epiledsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer
($20 millones) y a Cruz Roja ($20 millones).Ramón Avila Silva, gerente comercial de Farmacias Salcobrand deberá aportar $30 millones, los cuales irán a la Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($15 millones) y a Cruz Roja ($10 millones).
En tanto, Mario Zemelman Rivaros, Gerente Gral Laboratorio
Medipharm, deberá pagar $30 millones aportados a la Liga Chilena contra la
Epilepsia ($5 millones), la corporación nacional del cancer ($10 millones) y a
Cruz Roja ($15 millones).
Mehilin Velásquez
Chau, jefa de departamento de precios de Salcobrand cancelará $15 millones los
cuales irán a Liga Chilena contra la Epilepsia ($5 millones), la corporación
nacional del cancer ($5 millones) y a Cruz Roja ($5 millones).
Claudia Fanny Carmona Zuñiga, category manager de Salcobrand pagará $15
Millones los cuales irán a la Liga Chilena contra la Epilepsia
Judith Margarita Carreño Oteíza, category manager de Salcobrand
Pagará $15 millones que irán a su totalidad a Liga Chilena contra la Epilepsia
Por su parte Sergio Puercell Robinson, gerente general de Farmacias Ahumada pagará
$45 millones, que se dividirán en aportes a Liga Chilena contra la Epilepsia
($20 millones), la corporación nacional del cancer ($20 millones) y a Cruz Roja
($5 millones).
Ricardo Ewertz Munchemeyer,
gerente comercial área Farma de Farmacias Ahumada cancelará 15$ millones
que irán a Coaniquem.
En el caso de Ricardo Iván Valdivia Kloques, gerente área
Farma de Farmacias Cruz Verde deberá para $30 millones en medicamentos para
Coaniquem.
Cristián Marcelo Catalán López, category manager de Cruz
Verde deberá pagar $15 millones en medicamentos, 7,7 millones a Coaniquem y 7,5
a Conac.
Los imputados Ricardo Valdivia, Cristián Catalán, Sergio
Purcell y Ricardo Ewertz deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Asistir a un programa de capacitación, específicamente
inscribirse, asistir y aprobar un curso presencial de una duración mínima de 30
horas lectivas, sobre ética empresarial, buenas prácticas de gobierno
corporativo o responsabilidad social de la empresa, que sea impartido por una
Universidad que a la fecha cuente con una acreditación concedida por un periodo
de 4 años o mas.
Asimismo, los imputados Roberto Belloni, Ramón Avila, Mario
Zemelman, Mehilin Velásquez, Claudia Carmona y Judith Carreño, deberán
contribuir a que las empresas farmacéuticas para las cuales trabajaban a la
fecha de los hechos materia de la acusación lo siguiente:
Elaboren e implementen un "Programa de cumplimiento de
la normativa de la libre competencia" que permita prevenir la comisión al
interior de estas empresas de atentados contra la libre competencia y que
cumpla con los requisitos esenciales establecidos en la Guía que para fomentar
la adopción de tales programas por parte de los agentes económicos, fue
elaborada y publicada en Junio de 2012 por a Fiscalía Nacional económica.
Además deberán elaborar e implementar, un modelo de
prevención de delitos en los términos establecidos en el artículo 4 de la ley
20393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Todo esto quedó hoy anulado para comenzar "un juico verdadero" que sancione realmente a los ejecutivos de las farmacias que engañaron a miles y miles de usuarios.
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