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PIÑERA PERDIÓ OTRO ROUND
Por Hernán Ávalos Narváez (*)
El Gobierno de Sebastián Piñera perdió otro round en el combate contra la delincuencia que aseguró ganaría mediante una gestión eficiente antes de asumir el poder, con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, la sensación de temor y la calidad de vida de la población.
Así, en medio de la disputa de la derecha por levantar una
candidatura presidencial única, el Ministerio del Interior publicó las
estadísticas en su página web, sin mayor difusión en los medios de prensa
tradicionales, donde aparece un aumento importante de los delitos contra la
propiedad.
El segundo trimestre del año en curso (abril, mayo y junio)
comparado con igual período de 2012 presenta un incremento del 27,6% en robos
por sorpresa (lanzazos), aumento del 8,9% en robos con violencia o intimidación
(asaltos) y 3,2% en robos con fuerza en las cosas.
El análisis estadístico efectuado por la Subsecretaría de
Interior considera las tasas de denuncias presentadas por las víctimas y las
detenciones de imputados por delitos flagrantes cada 100 mil habitantes,
proporcionadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones.
“! Vamos a cerrar la
puerta giratoria ¡” y “! Se terminó la fiesta de los delincuentes ¡” fueron
algunas de las frases de Piñera cuando era candidato a La Moneda. Pero el
tiempo se ha encargado de demostrar que era sólo una promesa, desprovista de contenido.
Porque lo de la puerta giratoria de los delincuentes que son
aprehendidos y luego recuperan su libertad es una mentira. En el continente
americano Chile tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad, léase
encarceladas, detrás de EE UU y Brasil que lideran el ranking.
Los Juzgados de Garantía fueron instituidos para asegurar el
debido proceso tanto de imputados como de víctimas, aplicar la ley y dar
efectividad al Derecho. Aquí concurre el Ministerio Público que tiene la
prerrogativa legal de llevar adelante la acción penal con el auxilio de
Carabineros, la Policía de Investigaciones y demás órganos del Estado, presentando
las evidencias y demás elementos probatorios.
La Defensoría Penal alega en favor de los imputados.
Durante el Gobierno
de Michelle Bachelet, por una campaña publicitaria de la Derecha, fue modificado
por ley el Código Procesal Penal el cual había sido concebido en la reforma que
terminó con el sistema penal inquisitivo. Y los jueces de garantía perdieron la
facultad para resolver sobre las libertades. En la práctica esto significa que
durante la audiencia de control de detención basta que el fiscal del Ministerio
Público apele la resolución del juez, para que el imputado vaya a la cárcel
hasta que la Corte de Apelaciones resuelva sobre su libertad.
Nuestro sistema procesal penal no puede ser más restrictivo
del derecho a la libertad. Y esto considerando que en las sociedades que se
precian de civilizadas, como la nuestra, los bienes jurídicos más protegidos
por el andamiaje jurídico y que por tanto tienen mayor valor para los ciudadanos
son, primero la vida y segundo la libertad.
¿Cómo entonces Piñera prometió terminar con la delincuencia
si esta no depende del Gobierno?
Porque en verdad la delincuencia tiene su origen en
múltiples factores los cuales pueden ser abordados mediante una política
nacional de seguridad ciudadana para lograr una adecuada prevención y
contención. Pero su ejecución en la
primera línea de la represión está mediatizada por los mandos de Carabineros y
la Policía de Investigaciones, quienes más bien responden a su doctrina y a sus
propios reglamentos más que a una política gubernamental.
Luego el Ejecutivo carece de injerencia directa en el
sistema de persecución penal, ya que el Ministerio Público es autónomo en su
gestión. Y los tribunales de justicia constituyen uno de los Poderes del Estado
y por tanto son independientes en el
ejercicio de la magistratura.
Por lo demás hay consenso que en la generación de criminalidad
influye la distribución del ingreso. Y en esto nuestro país ocupa los últimos
lugares del ranking mundial. Esta inequidad social genera marginalidad, pobreza
y falta de oportunidades, entorno donde de seguro se reproducen y
perpetúan las conductas antisociales. Y
es aquí donde el sistema económico neoliberal como el que nos han impuesto carece de
respuestas adecuadas.
Terminar con la delincuencia debe ser una de las causas de la discreta aprobación a su gestión que tiene Piñera, según las últimas encuestas de opinión pública (33% CERC en Julio y 37% ADIMARK en Agosto 2013). En la misma medición del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea CERC, el 86% de los encuestados considera la inequidad como uno de los mayores problemas que afectan a nuestra sociedad.
( *) Periodista Universidad de Chile
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