Presidente Piñera recibe Carta Abierta de AI con información que el Gobierno rechaza con energía
El Director de la Oficina de Amnistía Internacional (AI) ante la Unión Europea (UE) Dick Oosting, advirtió en una conferencia que se ocupó del Mercosur, bloque económico en el que también participa Chile como país asociado, que los derechos humanos en estos países "están siendo dejados fuera de la agenda".
El dirigente subrayó que la UE debería tomar en cuenta esta situación en su proyecto de asociación que está trabajando con el Mercado del Sur.
Oosting criticó la situación de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En el caso de Chile destacó el uso excesivo de la fuerza policial para disolver las manifestaciones pacíficas, con decenas de manifestantes según los informes de maltrato. El aumento de las tensiones entre la policía y los grupos indígenas en disputas por la tierra desde hace mucho tiempo. Una carta similar envió AI al Presidente chileno Sebastián Piñera, al cumplir dos años de mandato, que hoy fue rechazada por el ministro vocero Andrés Chadwick.
De los otros país el informe expresa:
Argentina
Numerosos informes de tortura y malos tratos a los detenidos, incluidos menores, por la policía y del personal penitenciario. Decenas de asesinatos en circunstancias controvertidas. Los abogados y defensores de derechos humanos fueron amenazados y agredidos. El uso excesivo de la fuerza durante los últimos meses de disturbios.
Brasil
La impunidad reina y es uno de los principales factores en la perpetuación de violaciónes de derechos humanos generalizadas. No hay cambios en el alto nivel de ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos cometidos por la policía y los escuadrones de la muerte. La tortura es endémica, las condiciones de la prisión cruel, inhumana y degradante. Hay una tendencia a utilizar los cargos penales de motivación política para frenar el activismo de los reformadores de la tierra. Defensores de los derechos humanos son objetivos frecuentes de la violencia.
Paraguay
Los informes de tortura y malos tratos a presuntos delincuentes, incluyendo menores de edad. El uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones y disputas por la tierra.
Uruguay
Los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de los abusos del pasado se vieron frustrados por las autoridades.
Los cinco países han pasado por una experiencia traumática de los derechos humanos durante las últimas décadas. En la mayoría todavía hay una tarea enorme no sólo para resolver el legado del pasado, sino también para poner remedio a los continuos problemas graves de derechos humanos. Estas violaciónes todavía incluyen un elemento político, sino que afectan a muchos otros, especialmente entre los grupos desfavorecidos de la sociedad que están atrapados en los sistemas de justicia inadecuados. El círculo vicioso de la impunidad aún no se ha roto.
La Carta a Piñera
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| Represión contra Mapuches |
En una carta abierta enviada al Palacio de la Moneda de diez hojas, AI expresa que la entidad internacional reconoce que durante los dos primeros años de su mandato se han dado pasos positivos hacia el respeto y protección de los derechos humanos en Chile, pero enfatiza en los abusos policiales cometidos especialmente en las marchas estudiantiles en 2011 con hechos irregulares como torturas cometidos a veces al interior de vehículos policiales.
En una parte del informe se lee textualmente: “Es alarmante el gran número de denuncias de abusos por parte de la policía durante marchas y protestas que se han venido registrando especialmente durante el último año. Estas denuncias comprenden el uso excesivo de la fuerza , uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua , detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual”.
La carta fue rechazada enérgicamente por el gobierno chileno. El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que "no compartimos" las cifras del organismo que dan cuenta de un aumento en abusos policiales. Aseguró que en este Gobierno "se respeta la libertad de expresión a mil", pero también se defiende "el orden público".
"No las compartimos, son distintas a las que han señalado otros informes, tanto de Naciones Unidas como de la OEA acerca del respeto a los Derechos Humanos en nuestro país", declaró el secretario de Estado.
Asimismo, precisó que el Ejecutivo "no ha criminalizado ningún tipo de movimiento social, por el contrario, han existido todas las facilidades que son propias de nuestras Constitución para manifestarse y expresarse sin ningún límite".
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