La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy jueves a Chile a adelantar inmediatamente una investigación “seria” sobre el ataque de supuestos neonazis a un joven homosexual, que murió el martes tras agonizar por tres semanas, informó Radio Biobío en Santiago.
“La impunidad de un crimen de odio promueve la tolerancia social de este fenómeno”, advirtió en un comunicado la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Daniel Zamudio, de 24 años y declarado homosexual, fue violentamente golpeado en una plaza de Santiago el 3 de marzo por un grupo de supuestos neonazis, cuatro de los cuales se encuentran en prisión.
El joven recibió “gravísimas lesiones” que anteayer le provocaron la muerte y fue marcado con “la señal de la esvástica en el pecho”, indicó la CIDH.
El gobierno chileno debe “desarrollar la investigación en forma inmediata, seria, con todas las garantías del debido proceso y con el objeto de identificar y sancionar a todos los responsables”, señaló.
Cualquier ataque contra una persona por su orientación sexual “es condenable en toda circunstancia”, agregó la Comisión.
Recientemente, el 20 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló ya en contra de Chile en otro caso de discriminación social, el de la jueza chilena Karen Atala Riffo, quien demandó al Estado chileno tras establecer que con su divorcio sus tres hijas -entonces de cinco, seis y diez años- no podían estar a su cuidado debido a los efectos que generaría en las niñas convivir con una madre lesbiana, quien vivía en pareja con Emma de Ramón.
La Corte en su fallo a favor de Atala no cuestiona las leyes chilenas ni las califica de discriminatorias. Lo que condena es la interpretación de ellas que hace el Poder Judicial -y en particular la Corte Suprema. En este sentido, la Corte Interamericana pidió cambiar la forma de proceder de los jueces y entregar educación y capacitación a los funcionarios públicos. Entretanto el Estado de Chile deberá pagar a Atala una indemnización de US$ 60 mil: US$ 20 mil para ella y US$ 10 mil para cada una de sus tres hijas, por concepto de daños morales, y US$ 10 mil por los gastos médicos y sicológicos en los que ha incurrido la jueza.
El fallo establece que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada de Atala; de la violación a la garantía de ser escuchada, ya que la Corte Suprema no consideró -al entregar la tuición al padre- el testimonio de las menores. Sostiene, además, que si bien la "sentencia constituye per se una forma de reparación", se debe brindar atención médica y sicológica a las víctimas y obliga a las autoridades a "realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", entre otras.
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