Las protestas indígenas en Bolivia

¿Es el fin del apoyo indígena a Evo Morales?

Por Sonia Alda

Aunque las movilizaciones de los indígenas amazónicos contra el gobierno se remontan al 15 de agosto, no parece que éste sea un tema resuelto y que pueda calcularse todavía su alcance político. El conflicto se remonta a la aprobación por el Gobierno de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Un área doblemente protegida por la Constitución, tanto por su biodiversidad, motivo por el cual es parque nacional, como por ser considerada territorio indígena, "dominio ancestral". De hecho, esta última condición obliga, según la ley, a la celebración de una consulta previa, a los pueblos indígenas afectados, antes de emprender cualquier programa que modifique los "recursos existentes en sus tierras". En este caso, los indígenas consideran que esta carretera construida por una empresa brasileña afectaría tanto al ecosistema natural como a su forma de vida y quieren asegurarse que la nueva vía no divida por la mitad su territorio.

A lo largo de estos meses se han producido sucesivos episodios, algunos de ellos dramáticos como la embestida de la policía a los marchistas en septiembre. En estos días, y después de recibir la visita de diferentes ministros y parlamentarios, se ha retomado la marcha hacia La Paz, ya que los resultados de la negociación con las autoridades no se consideran suficientes.

Hasta ahora, el Parlamento --compuesto mayoritariamente por el partido oficialista-- ha aplazado, pero no suspendido definitivamente, la obra. Esta suspensión temporal pretende utilizarse para la consulta a las regiones vecinas, otro particular rechazado por los indígenas de la reserva natural ya que entienden que es únicamente a ellos a quien debe consultárseles al respecto, pues son los directamente afectados. A ello debe sumarse que las provincias a las que quiere consultarse son proclives al Gobierno. Ciertamente, el presidente Evo Morales ha hablado de referéndum, pero no ha concretado nada más, ni sobre la población consultada ni sobre cuándo tendría lugar.

Estas protestas no deben verse de manera aislada, en realidad se han sucedido desde hace un año. Particularmente destacable fueron las del "gasolinazo". En esta ocasión buena parte del país, a finales del año pasado, se resistió a la subida del combustible. Todas estas protestas han tenido un reflejo inmediato en el apoyo del presidente, cuya popularidad ha llegado a mínimos.

Para todo gobierno la protesta popular es un motivo de preocupación por el desgaste y la deslegitimación que acarrea, pero para el presidente Morales esta cuestión es particularmente grave. No puede olvidarse que su Presidencia se justifica como medio para cumplir los deseos del pueblo y alcanzar así una "auténtica democracia". La renuncia de varios ministros o el malestar de la policía, desamparada por el Gobierno, pues éste se ha eximido de cualquier responsabilidad ante la represión ejercida, son indicadores evidentes de la profundidad de la crisis.

Pero sin duda para el presidente nada puede ser peor que ser acusado de "traicionar" la causa popular, ya que dicha traición cuestiona directamente su papel como intérprete y ejecutor de la voluntad popular. En la construcción de su legitimidad, el respaldo institucional, o incluso legal, no es tan importante como el apoyo de los pueblos y muy particularmente el de los indígenas.

Una de las manifestaciones de esta "nueva democracia" es el respeto a la pluralidad étnica, a los derechos de los pueblos indígenas y a la protección de la naturaleza. El presidente se ha erigido, tanto en foros nacionales como internacionales, en el máximo defensor de la madre tierra o Pacha-Mama. Y, con esta protesta, entra en contradicción punto por punto cada uno de estos presupuestos legitimadores.

El alcance de esta nueva crisis es imprevisible debido a la legitimidad que tiene en Bolivia la acción directa popular. Cualquier cosa puede ocurrir si se considera que el mismo Evo Morales, antes de ser presidente, formuló reivindicaciones y realizó formas de resistencia como si fueran legítimas y legales, aunque fuera el derrocamiento de un presidente constitucional.

Pero esta lógica también es válida y legítima para el actual mandatario. Así se lo han recordado los líderes de los movimientos sociales. Ciertamente sigue contando con un importante apoyo, pero hay potentes organizaciones que han manifestado su desacuerdo con el Gobierno, como la Confederación Obrera Boliviana. No por ello ha de contemplarse necesariamente la posibilidad de un derrocamiento, pero sí contemplar una persistente inestabilidad e incertidumbre que ahora, a diferencia del pasado, enfrentaría a "hermanos" indígenas. Una fractura que debilitaría mucho al Gobierno.

Después de las desacertadas decisiones adoptadas por el Gobierno, todo indica que hay pocos visos para una solución. No parece muy recomendable que el mandatario insista en la teoría del complot, ya que deja en muy mal lugar a los indígenas que protestan y por extensión al resto de esta población.

La suposición de manos oscuras que provocan y dirigen la protesta, en última instancia presupone que quienes la protagonizan son manipulables y carecen de criterio propio. Un argumento que históricamente ha sido utilizado por el racismo más rancio en contra de la población indígena.

Más que democracia directa conviene recurrir al diálogo y a la legalidad por parte de todos los actores en pugna y para lograrlo, el primero que debe comenzar a hacerlo es el gobierno. De regirse por estos criterios, la inestabilidad en Bolivia sería menor y su futuro mucho más prometedor.