Definitivamente, el segundo gobierno aprista que concluye hoy, liderado por Alan García Pérez, es totalmente distinto de la primera administración de 1985-1990 que dejó al país sumido en una grave crisis económica, política y social.
Ahora, en líneas generales, como lo evidencian las encuestas, el saliente mandatario aprista deja el cargo con niveles de aprobación más que aceptables, que fluctúan entre 42% y 46%. Ello no es casual: sin mezquindades ni anteojeras politiqueras, esta gestión fue excelente en lo macroeconómico, pero displicente en el tratamiento de los conflictos sociales y débil en la lucha anticorrupción. En cuanto a la lucha contra la pobreza, se pudo hacer mucho más, pero tampoco se puede soslayar que en los últimos cinco años la pobreza extrema disminuyó en un tercio.
En lo económico, el Perú ha logrado posicionarse como un país estable y atractivo para las inversiones, con un promedio de 6% de crecimiento del producto bruto interno. Y, si bien la minería y los precios internacionales de los ‘commodities’ son importantes, ha habido un incremento ostensible de la exportación de productos no tradicionales, a lo que habría que agregar el sostenido ‘boom’ de la construcción, que revela el buen momento de la demanda interna.
En síntesis, este gobierno deja reservas internacionales netas por US$47 mil millones a fines de junio, según el Banco Central de Reserva (BCR), crecimiento de las exportaciones cercano al 30% anual, aumento descollante de la recaudación tributaria y la inflación más baja de América Latina.
En este ámbito, la valla que deja el aprismo al nuevo gobierno es bastante alta. El reto no es solo mantener estos indicadores sino superarlos, para poder satisfacer las expectativas sociales de la población.
Todo esto es producto de un adecuado manejo de la economía, que no permite experimentos heterodoxos, sino que se caracteriza por su disciplina fiscal, monitoreo constante del contexto internacional, autonomía del BCR y una política de apertura comercial que ha permitido resistir los embates de la recesión mundial. El Perú ha firmado tratados de libre comercio no solo con Estados Unidos y China, los mercados más grandes del mundo, sino con Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea, entre otros.
Relaciones Exteriores
En lo diplomático, la gestión del presidente García tuvo el acierto de mantener al canciller José Antonio García Belaunde (foto izquierda), de desempeño muy positivo. No solo posicionó al Perú como un país pacífico, respetable y respetuoso del orden jurídico internacional, sino que logró poner punto final a cualquier materia de controversia con el Ecuador y encauzado ante La Haya el complejo diferendo marítimo con Chile.
En este contexto, lo deseable y necesario, por el bien del país, sería que se mantenga en lo esencial el equipo técnico ante La Haya liderado por el embajador Allan Wagner Tizón, teniendo en cuenta también que el fallo definitivo, que ambos países se han comprometido a honrar, se dará durante el gobierno de Ollanta Humala.
El sector Educación ha tenido, sin duda, avances significativos, sobre todo en la evaluación y capacitación de maestros, pero queda mucho por hacer para aumentar la calidad educativa. En analfabetismo ha habido igualmente logros importantes, que colocan a Perú en una posición privilegiada en el contexto internacional.
Conflictos sociales y gestión pública
Por contraste, un aspecto crítico del régimen que termina ha sido el manejo de los conflictos sociales. Desde el conflicto de Bagua hasta el de Moquegua, el país ha sido remecido por protestas violentas que, o no fueron detectadas oportunamente o no tuvieron la prioridad ni el trato debido. Claro que no se puede descartar elementos ideológicos en algunas, pero la mayoría de los conflictos revela ignorancia de la idiosincrasia de las comunidades, que ha llevado a desencuentros con la actividad minera y petrolera.
El Estado tiene que prestar más atención a los peruanos de todo el territorio, dialogar antes que imponer y dar más énfasis a la comunicación y la educación, de modo que el desarrollo económico no esté reñido con el mantenimiento de hábitats naturales. La Presidencia del Consejo de Ministros, como lo hemos reiterado, debe proceder a la reingeniería de la Unidad de Prevención de Conflictos, dar más relevancia a los informes de la Defensoría del Pueblo y trabajar de la mano con el Congreso –para debatir las leyes necesarias como la de consulta previa–, y de los gobiernos regionales y locales, que no pueden seguir eludiendo responsabilidad ante la erupción de cualquier conflicto.
A propósito, ahora que se transfieren más funciones y fondos a los gobiernos regionales es momento de revisar no solo la deficitaria gestión de recursos públicos, sino también lo actuado en regionalización y descentralización.
Seguridad ciudadana y corrupción
Otro ámbito deficitario en estos cinco años ha sido el de la seguridad ciudadana, en total desproporción con el crecimiento macroeconómico. Hoy más que nunca los niveles de criminalidad e indefensión son escandalosamente altos, en lo que no ha habido una respuesta adecuada del Gobierno ante bandas criminales que operan impunemente desde los penales. En Lima, el 72% de los ciudadanos se siente inseguro en su propio distrito y en 43% de los hogares al menos uno de los integrantes ha sido víctima de un delito. La promesa del nuevo gobierno no puede limitarse entonces a la reorganización policial,sino que debe incluir la coordinación con los fiscales, jueces, autoridades penitenciarias y gobiernos locales y regionales para derrotar la ola de criminalidad con inteligencia, estrategia y ley.
La lucha anticorrupción es otro lunar negro del gobierno saliente, que ha hecho mucho daño al Gobierno y al partido aprista. A pesar de que no se compara con los esquemas del montesinismo, hay casos emblemáticos como los de la interceptación telefónica y los ‘petroaudios’, que involucraron a altos personajes del régimen y que no han sido debidamente aclarados. Cofopri, Essalud y otras entidades han sido objeto de denuncias graves, al igual que los funcionarios involucrados en la reconstrucción de Pisco. Aparte de ello hay problemas sistémicos que deben subsanarse, tanto en los portales web de transparencia, cuanto en las compras estatales, en lo que se dan fallas y vacíos sospechosos. ¿Y qué decir de hospitales estatales, como el de la Policía Nacional, donde los pacientes se quejan clamorosamente por falta de médicos capaces, de atención y de medicamentos?
Hay otros sectores, como la lucha antidrogas, con estadísticas controvertidas. Así, los avances en el lavado de activos no son coherentes con el incremento preocupante de las áreas de cultivo de coca, ni con la presencia y accionar violento de los remanentes de Sendero Luminoso, que aún copan una buena parte de la selva baja central. La estrategia contra el narcoterrorismo debe entonces ser reevaluada, sin caer en los excesos del pasado, y teniendo clara la necesidad de una mayor presencia del Estado y de políticas sociales y represivas congruentes.
Diario El Comercio de Lima
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