El informe de la OCDE sobre la educación superior en Chile ya lo advertía: proporcionalmente Chile es el país con más altos aranceles en la educación superior, de todos los países de la OCDE.
En ese estudio, Chile aparece por sobre Estados Unidos, que ya de por sí ostenta los precios más altos en educación mundial. Lo que acontece es que algunas universidades de Estados Unidos son más costosas que las chilenas, pero el promedio es más alto en Chile.
Ahora, un nuevo estudio, publicado el día 4 de julio en el diario “Estrategia”, se revela también a Chile como el país de más altos aranceles, luego de estados Unidos; pero ahora no se trata sólo de la OCDE, sino a nivel del mundo todo.
Se da la curiosa realidad de que muchos de los países con más altos ingresos del mundo, ingresos per cápita que duplican al de Chile, sostienen aranceles de la educación superior que son la mitad de los aranceles de las universidades chilenas, lo que nos otorga la absurda realidad de ser en estos casos un país con costos casi el doble de los países ricos, en educación superior.
Más aún, la clase media, aunque quiera no puede educar a más de un hijo en la enseñanza terciaria, y eso sobre la base de endeudamiento a tasas de interés también expropiatorias.
Un segundo hijo es imposible que pueda educarse, dado el nivel de ingresos de este sector.
En la década de los 70, Chile tenía un porcentaje del 12% de estudiantes en la educación universitaria, más otros 8% en la educación técnica superior. En la actualidad Chile mantiene a un 26% de jóvenes en la llamada Educación Superior (que incluye la universitaria y la técnica superior). La diferencia está en que por entonces la educación era gratuita y hoy está casi totalmente financiada por las familias.
Esta mayor cobertura emprendida en base a las universidades privadas, no se debe a la mayor diligencia de estas academias privadas, sino a que el sistema negó a las universidades públicas el presupuesto necesario para su expansión de manera sistemática y por muchos años. Es decir, algo similar a lo que ha pasado con CODELCO y las mineras privadas, en que el Estado ha negado los recursos de expansión y ha privilegiado la incursión privada en la explotación de una riqueza que pertenece fundamentalmente al pueblo de Chile, pues esa riqueza constituye su único patrimonio, y está siendo dilapidado en manos de las transnacionales y los grupos nacionales que se les solidarizan.
Es decir que estos 6 puntos porcentuales de incremento en la cobertura, adjudicada a la expansión de las universidades e institutos privados, representa un mezquino suplemento si uno mide los costos que impone al total de los costos de la educación en el país. Pues si Chile, siendo varias veces más pobre (como PIB comparado) pudo mantener una educación pública de calidad aceptable para los estándares de esa época, es incomprensible que no pueda ahora hacerse cargo de seis puntos adicionales, de una educación que, por lo demás, ha bajado ostensiblemente de calidad, si se le mide con los estándares presentes.
La otra gran paradoja es que se da en Chile un opuesto de Pareto pero inverso: en los países de la OCDE el financiamiento público abarca aproximadamente el 85% de los costos totales, mientras que el financiamiento de las familias no supera el 16%. Pues en Chile acontece lo opuesto: las familias se hacen cargo del 85% de los costos educacionales, mientras que el Estado no asume más que el 15% del total.
Lo que deduce la OCDE es que algo anda muy mal en el sistema, y al parecer los jóvenes educandos de Chile piensan que se les ha estafado, que se les ha embaucado y embarcado en un negocio que no es beneficioso para ellos ni para sus familias. Que hay negocios turbios o truculentos detrás de esta “normativa” que rige la educación, que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura, cuyos discípulos están hoy a cargo del país, normativa que fue mantenida y profundizada por la Concertación, cuya nulidad reformadora queda hoy al desnudo.
El problema está en que los actuales dirigentes del país se encuentran inhabilitados para hacer los cambios que los estudiantes y los padres y los rectores y la mayoría del país viene demandando. Simplemente no pueden hacerlo, pues es como desdecirse en público, es condenarse ante todos los chilenos. Por otra parte están amarrados por los intereses corporativos cruzados, que sabemos amarran a todos los dirigentes políticos de la derecha y a muchos de la Concertación, con los propietarios de la educación privada en Chile.
No está demás recordar que con esta ley de educación superior privada, que se define sin fines de lucro, por tanto no pagan impuesto, las inversiones de las empresas financieras en el sector universitario se vienen incrementando de manera asombrosa. ¿Y saben por qué? Simplemente porque las inversiones en las universidades privadas se han transformado en uno de los grandes recursos legales para vaciar excedentes, maquillarlos, y evitar pagar impuestos. Esta práctica descarada, esta villanía legalizada, debe terminar, pues en Chile se está estafando al Estado y a las familias se les ordeña de manera ruinosa y sistemática por estos cerebros que idearon la ley justamente para ensañarse luego en la trampa.
Es tan escandaloso el artilugio financiero hecho con la educación superior que hasta las clínicas privadas han puesto en arriendo sus instalaciones (que de paso crecen como monstruos mitológicos) a las universidades, justamente para reproducir la estafa al Fisco, esa forma de elusión tributaria que consiste en formar parte de la renta universitaria, vía alquiler inmobilario.
Esta realidad es insostenible; pero el problema que el cambio es también irrealizable por los actuales conductores. Debemos prepararnos para “desalojar” a la derecha del poder (que incluye la Concertación tradicional) y forjar otro referente político que tenga la claridad ideológica y la fuerza democrática suficiente para rehacer la Constitución y la gran impostura que se ha consolidado en Chile a través del sistema más injusto y absurdo que rige al planeta.
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