LUCRO

Por Wilson Tapia Villalobos

En estos días la palabra lucro acapara atención. Pero como estamos en época de cambios acelerados, hasta el lenguaje se hace difuso. Más claramente, pareciera que en las crisis civilizatorias cada cual trata de darle el significado que se le antoja a las palabras. Así, el ministro de Educación -¡nada menos que de Educación!- acusa a los estudiantes secundarios y universitarios de ideologizar sus movilizaciones. En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, María José Hoffman -militante de la Unión Demócrata Independiente, igual que el ministro-, aboga por “tener un debate lo menos ideológico posible”. Eso es pedir algo impracticable. Más aún, sería tratar de crear un debate sin las mínimas condiciones intelectuales. Es, casi, una manifestación de desprecio contra quienes son contradictores de la actual administración.

La ideología es un conjunto de ideas que ordena el pensamiento de una persona. Es posible que el ministro Joaquín Lavín y la diputada Hoffman confundan ideología, con ideología partidista o política. Ambas equivocaciones inexcusables para autoridades políticas. Tales palabras hacen recordar más bien la época de la dictadura. Cuando el general Pinochet criticaba a “los señores políticos”. Y, por supuesto, desprestigiaba la política. Como si las medidas que él tomaba arbitrariamente no hubieran obedecido a un ejercicio político. Aquí, igual.

Hasta allí, uno podría pensar sólo en un error de información, grave, pero error al fin. Sin embargo, lo que está en juego es lo suficientemente importante como para mirar las cosas con mayor detenimiento. Estos dos personeros, al igual que la administración Piñera en su conjunto, defienden el derecho al lucro en la educación. Y, obviamente, están a favor de privatizar ojalá todas las pocas actividades que hoy aún desarrolla el Estado. Dejar a éste constreñido a jugar un rol absolutamente subsidiario. Lejos, muy lejos ojalá, de la gestión empresarial, que queda reservada a los privados. La justificación es la supuesta ineficiencia del Estado, versus la también supuesta eficiencia de los privados.

Por eso es que la distribución gratuita de medicamentos y leche, que hoy se hace en los consultorios públicos, ha sido traspasada a las farmacias. Un negocio adicional para las tres cadenas -Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde- que sólo recientemente fueron sorprendidas en una colusión de pecios que perjudica a todos los chilenos. Y que en la actualidad continúan imponiendo valores que no se condicen con el mercado internacional. Todo lo cual lo conocen las autoridades. Finalmente, ellas sostienen que es el mercado el que debe operar. Lo cual no explica que, sólo con atravesar la cordillera, los medicamentos puedan adquirirse a precios cercanos al 50% de lo que nos vemos obligados a pagar aquí.

Todo esto se hace en aras del lucro o gracias a él. Obviamente, hay que decir que el lucro en sí no está mal. Es su manipulación ilícita la que debe condenarse. Como cuando se aplica mañosamente en actividades a las que los ciudadanos están obligados a recurrir, como la educación, la salud, o servicios esenciales: el agua, la energía, las comunicaciones. Todo esto ya se encuentra privatizado en Chile. El actual gobierno terminó por traspasar el total de las sanitarias. La venta había comenzado en gobiernos anteriores, encabezados por personeros que hoy están en la oposición.

Es precisamente por eso que los trabajadores de la empresa cuprera que mayores ingresos aporta al erario nacional, Codelco, paralizaron sus labores el lunes pasado. Fue una protesta ante la posibilidad de que hasta allí llegue el afán privatizador. Y eso ocurrió justo cuando se cumplían 40 años de la nacionalización del cobre. Una fecha histórica, ya que en 1971 el cobre pasó todo a manos del Estado. La legislación respectiva fue aprobada por la unanimidad de los partidos políticos. Vale decir, por derecha a izquierda. La decisión se tomó apenas dos años antes de que los militares derrocaran al gobierno constitucional de Salvador Allende.

Hoy las cosas, han cambiado. Sólo el 29% de la producción es estatal y el 71% restante de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Obviamente, se ha impuesto la ideología privatizadora, que privilegia el lucro. Y esto tiene algunos riesgos que el propio presidente parece haber puesto de manifiesto.

El lunes 11 de julio lamentó no poder cumplir con su compromiso de campaña de terminar con la delincuencia en el país. Y como justificación, señaló que jamás se podría acabar con ella, porque está en la esencia misma del ser humano.

Tiene razón el Presidente. Y muchas veces es el lucro el que hace a los seres humanos delinquir. Él cuenta con a lo menos dos experiencias en que la ley se ha pronunciado en su contra. En 1982, en la quiebra del Banco de Talca. En aquella ocasión llegó a tener orden de detención por fraude. Y en 2009, cuando se le acusó de utilizar información privilegiada en operaciones accionarias de Lan Chile. Para evitar perjuicios políticos -estaba en plena campaña presidencial- alcanzó un acuerdo judicial. Pagó $350 millones.

Efectivamente, el lucro en sí no es cuestionable. Es cómo se lo alcanza. Y es posiblemente por ello que el ambiente social en Chile se encuentra convulsionado. Las respuestas políticas tradicionales no bastan. Son poco creíbles. Y aún no aparecen las alternativas que hagan recuperar la confianza que, con razón, se perdió.