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lunes, 31 de enero de 2011

Parece que la liberación de cinco rehenes de las FARC sería ahora en serio

Piedad Córdoba
La Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron las coordenadas de los tres lugares donde entregaría esta semana, presumiblemente el jueves, a cinco rehenes, informó el gobierno tras recibir la información de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba.

En un comunicado el gobierno informó que las operaciones se concentrarían en tres aeropuertos: Ibagué, Villavicencio y Florencia, que corresponden a las capitales de los departamentos de Tolima, Meta y Caquetá, respectivamente.

De igual forma, el gobierno confirmó que ya está en Colombia el personal técnico de Brasil que apoyará las labores logísticas de la operación, que se cumplirá en tres etapas.

“El gobierno considera que están dadas todas las garantías necesarias para que se produzca la liberación de estos cinco colombianos a la mayor brevedad posible, a la vez que reitera su llamado a las FARC para que liberen en forma inmediata a todos los secuestrados que mantiene en su poder”, expresó el comunicado.

Córdoba dijo ayer que espera que las liberaciones se produzcan entre el jueves y domingo próximos. La ex senadora tiene previsto viajar el jueves a una base militar de Brasil, donde abordará uno de los helicópteros aportados por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La misión se desplazará desde allí a los lugares señalados por las FARC.

El grupo guerrillero anunció a comienzos de diciembre que liberará al mayor de la Policía Guillermo Solórzano (secuestrado el 4 de junio de 2007), al cabo del Ejército Salín Sanmiguel (23 de mayo de 2008), al infante de Marina Henry López (23 de mayo de 2010) y a los concejales Armando Acuña (29 de mayo de 2009) y Marcos Vaquero (28 de junio de 2009).

Las FARC dijeron que los rehenes serán entregados a Córdoba como una forma de “desagravio” por la sanción que le impuso la Procuraduría General de Colombia tras destituirla como senadora e inhabilitarla para ejercer cargos públicos por 18 años por considerar que tuvo contactos con el grupo armado ilegal.

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