Juez español investiga en Irak el asesinato del camarógrafo José Couso ocurrido en 2003

Por Ernesto Carmona
Mapocho Press Chile

El juez español Santiago Pedraz llegó ayer a Bagdad, Irak al frente de una comisión judicial hispana para investigar in situ el asesinato del camarógrafo español José Couso, a los 37 años, perpetrado por efectivos estadounidenses el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestine, al igual que otros dos periodistas extranjeros, el jordano Tarek Ayoub, de 35 años, de la cadena árabe TV Al Jazeera, y el ucraniano Taras Protsyuk, 35 años, de la agencia británica Reuters.

Durante la invasión, EE UU obligó a los periodistas extranjeros no “incrustados” en sus tropas a pernoctar en ese hotel, afirmando que era el lugar más “seguro” de la capital iraquí. El mismo magistrado ya procesó en abril de 2007 a los presuntos autores del asesinato, el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, pero la Audiencia Nacional de España revocó el procesamiento en mayo de 2009. El juez instruyó un nuevo proceso en mayo de 2009.

El camarógrafo mártir  José Couso

La comisión que encabeza Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, está integrada además por el conocido abogado español de derechos humanos Enrique Santiago, que representa a la familia de Couso, y cuatro periodistas que fueron testigos del asesinato en el hotel Palestine en 2003: Carlos Hernández, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero y Jon Sistiaga. También viajaron a Irak Antonio Segura y Raúl Maíllo, de la Asociación Libre de Abogados; Pablo Die, asesor jurídico de la Asociación de Camarógrafos de Televisión y Vídeo, la secretaria judicial, un funcionario y varios reporteros. Diez personas se trasladaron a Irak, pero sin despertar ningún entusiasmo en el gobierno español, que en 2008 bloqueó en Madrid el juicio por el asesinato de Couso. Tampoco viajó representante alguno de la Fiscalía.

La delegación salió el miércoles de Madrid todavía sin obtener las visas para su ingreso a Irak, pero las consiguieron en la embajada iraquí en Amman, Jordania. La comisión judicial reconstruirá hoy viernes los hechos del 8 de abril de 2003 en el puente Aljumuriya y el hotel Palestine, donde estaba Couso cuando fue asesinado.

El reportero Carlos Hernández regresó a Bagdad 8 años después de lo que casi fue su última cobertura como periodista. En el diario El Mundo de España escribió que “el llamado caso Couso va mucho más allá de la mera venganza por su estúpida muerte. Es una batalla que libramos quienes creemos en los derechos humanos, en la libertad de expresión y en un papel llamado Convención de Ginebra”.

El juez Pedraz quiere comprobar la visibilidad que tenían los militares estadounidenses desde el puente Aljumuriya y establecer si pudieron distinguir que le disparaban a un periodista y no a un francotirador. Ésta es la primera inspección ocular que realiza un juez extranjero. Pedraz pidió autorización al Consejo General del Poder Judicial de España y con su aprobación solicitó visa para ingresar a Irak.

El abogado Santiago y los demás acusadores consideran esta diligencia como un gran avance en la demanda de justicia universal. Basándose en los cables de la Embajada de EE UU en Madrid filtrados por Wikileaks, Javier Couso, hermano de la víctima, denunció el 13 de diciembre que el Gobierno, la Fiscalía y la judicatura de España maniobraron para que el caso no prosperara en la Audiencia Nacional. Su denuncia ante la Fiscalía mencionó que los datos filtrados pueden "ser indicativos de la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración y altos cargos españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera, por otra parte". Javier Couso aludió que ese poder extranjero ordenaba cómo actuar a los funcionarios hispanos.

Los cables de la Embajada de EE UU a la Secretaría de Estado revelaron los afanes del Fiscal General del Estado, de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y de jueces de la Audiencia Nacional para lograr el archivo del caso y señalaron la rapidez con que esos altos funcionarios hispanos informaban al embajador estadounidense sobre los resultados de sus presiones, incluso antes de producirse la decisión judicial.

Javier Couso alegó que los cables demostraron "la connivencia de la Fiscalía y del Gobierno de España con la Embajada y el Gobierno de EE UU para que no prosperara" la causa por el asesinato de su hermano. "No es lo mismo intuirlo que leerlo", dijo.

Fuentes: EFE, Notimex, El País, El Mundo, http://www.radiocable.com/pedraz-irak-couso873.html