Por primera vez en 38 años de historia, la Justicia chilena investigará a fondo la muerte del derrocado presidente Salvador Allende Gossens, ocurrida el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, Palacio Presidencial que fuera ocupado por militares golpistas al mando de Augusto Pinochet. En su interior se encontraba el mandatario constitucional que soñaba con la apertura de "las grandes alamedas".
La Corte de Apelaciones de Santiago designó hoy al ministro Mario Carroza para que investigue el hecho luego que la fiscal Beatriz Pedrals, presentara el lunes pasado 726 querellas por víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1973 y 1990, informaron fuentes judiciales en la capital chilena.
Pedrals dijo que el Poder Judicial no tenía ninguna causa abierta sobre la hasta ahora no bien aclarada muerte del ex presidente, ya que el caso fue “rotulado” por militares como suicidio.
La decisión adoptada por el Poder Judicial responde a una "uniformidad de criterio, es decir, lo que no se investigó, la justicia lo va a investigar. Se llegará al final que sea correspondiente. Puede que consigamos aclarar ciertas situaciones, otras no. Pero que el Poder Judicial las va a investigar, las va a investigar", declaró la fiscal.
Señaló además que se quiere "judicializar" todo lo ocurrido, para que no se diga después que esta causa quedó pendiente.
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| Bombardeo de La Moneda |
Las querellas presentadas por la fiscal judicial corresponden a víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y respecto de las cuales no ha habido ningún tipo de acción judicial.
La idea central de esta importante decisión judicial es que los procesos y las consiguientes investigaciones tengan un punto de término, ya que no es posible ni tampoco bueno para el país, que los casos se perpetúen en el tiempo.
Las acciones judiciales se presentan luego de que durante el año 2010 el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz -en su calidad de ministro coordinador para casos de derechos humanos- detectara que existían víctimas de violaciones de los derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.
Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta condición, encomendándose a la fiscal Pedrals la redacción de las respectivas querellas.
Así, por primera vez, los tribunales deberán indagar sobre el fallecimiento del derrocado mandatario y determinar si fue provocado por un suicidio o si recibió un disparo. Esto, ya que Allende se encuentra entre las víctimas de la dictadura no judicializadas, que fueron recopiladas por Pedrals.
El juez Mario Carroza, encargado ahora de investigar hará su trabajo en combinación con la Policía de Investigaciones (PDI). Carroza lleva también el reabierto caso del asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991 en Santiago.
Primeras reacciones
Entre las primeras reacciones se conoció hoy la del presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, quien valoró la decisión de la justicia de abrir una investigación para esclarecer la muerte de Salvador Allende, ya que aún existe déficit en la justicia chilena.
"Verdad y justicia sigue siendo un pendiente en Chile, y cualquier cosa que se haga para que se haga verdad, siempre será bien recibida por nosotros", resaltó.
Entretanto, el cineasta Miguel Littin reafirmó la tesis de que la muerte de Salvador Allende en realidad correspondió a un asesinato y no a un suicidio, premisa que desarrolló como parte de la línea argumental del filme "Dawson, Isla 10". En dicho trabajo cinematrográfico, y en paralelo a las penurias que sufrieron los jerarcas de la Unidad Popular que luego del Golpe de septiembre de 1973 fueron enviados a la inhóspita isla del sur, la cinta contiene imágenes inéditas de Allende, en una trama que busca llegar "a la conciencia del espectador".
En declaraciones a Radio Cooperativa, Littin dijo que "hay forenses que dicen que efectivamente (Allende) recibió dos balazos antes de que apareciera el presidente en las circunstancias en que se conoce actualmente. Entonces yo fiel y leal a ese planteamiento y teniendo además las pruebas, lo puse en la película".
Intervención brasileña en el derrocamiento de Allende
Una de los puntos claves que deberá investigar el juez Carroza es la versión publicada en agosto de 2009 por el diario paulista Folha de Sao Paulo, cuyo origen son documentos desclasificados por Estados Unidos, en el sentido que el ex dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici (1969-1974) y el ex presidente estadounidense Richard Nixon planearon derrocar a Salvador Allende y a Fidel Castro.
El 9 de diciembre de 1971 ambos presidentes se reunieron, junto a Henry Kissinger (asesor de Seguridad Nacional de Nixon), para conversar sobre el tema. En la ocasión, Garrastazú Médici afirmó que Brasil estaba "trabajando" en el derrocamiento de Allende, ante lo cual Nixon preguntó si los militares chilenos estarían dispuestos a colaborar en la asonada contra el socialista.
Kissinger transcribió el informe, en donde Nixon propone al dictador brasileño enviar dinero o "alguna otra ayuda" a los grupos de la oposición chilena, para de esta forma "evitar" experimentos izquierdistas.
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