Página Editorial Latinoamericana: La crisis magallánica

Diario La Tercera de Santiago de Chile
Una medida correcta, pero mal explicada

Es una lástima que una decisión acertada como el alza del gas en Magallanes no haya sido adecuadamente comunicada por el gobierno.

Bajo la mediación del obispo de Punta Arenas, el gobierno, autoridades y distintos sectores de la ciudad se encuentran negociando una salida para la crisis provocada por el anuncio del alza a los precios del gas en Magallanes. El desafortunado manejo político y comunicacional que ha mostrado el Ejecutivo para explicar y defender, ante la ciudadanía de esa región y el país, la necesidad de una medida plenamente justificada en lo técnico, lo ha puesto en una encrucijada de difícil solución.

La decisión original del gobierno buscaba, por una parte, evitar que Enap continuara perdiendo entre US$ 15 millones y US$ 18 millones anuales debido al beneficio entregado en Magallanes, que hace que hoy los usuarios residenciales y comerciales (excluyendo a las grandes empresas) de esta zona paguen la octava parte de lo que pagan los del resto del país por el gas que consumen.

Al mismo tiempo, pretendía entregar algunos incentivos a eventuales empresas que quisieran invertir en la región, en el entendido de que, si no se corrigen al alza los precios, existe el riesgo de que haya escasez de gas natural en Magallanes. Con estos objetivos en mente, se propuso alterar el esquema de beneficios, anunciando un cambio en los umbrales de consumo que gatillan los descuentos y un aumento del precio preferencial para consumo residencial. En concreto, esto significa que, de aplicarse la propuesta original del gobierno, la cuenta de un cliente promedio, que antes llegaba a $ 21.991 mensuales, alcanzaría a $ 25.418, lo que supone un incremento de 15,6%.

Naturalmente, no corresponde que Enap, una empresa estatal que enfrenta una delicada situación financiera, sea el vehículo escogido para la entrega de un beneficio como el que rebaja los precios del gas en Magallanes. Lo más lógico es que Enap llegue a cobrar el precio de mercado por el gas y que sea el Estado, a través de las agencias gubernamentales pertinentes, el que otorgue este tipo de subsidios. Para ello, cuenta con herramientas que le permiten identificar a las personas que, dado su perfil socioeconómico, debieran acceder a la ayuda. De esta manera, se consigue que el subsidio llegue a quienes realmente tienen carencias que deben ser enfrentadas, evitando que el Estado destine recursos a individuos que cuentan con los medios para pagar la cuenta del gas.

Existen también, en el caso de Magallanes, consideraciones geopolíticas. Se trata de una zona extrema que reviste un importante papel estratégico y cuyos habitantes enfrentan duras condiciones climáticas, por lo que es necesario estimular su presencia en la región. Todo esto hace atendible la entrega de subsidios, los que, en todo caso, deben estar orientados a satisfacer necesidades específicas a través de mecanismos puntuales.

Por todo lo anterior, la propuesta del anterior ministro de Energía -avalada, a través de su presencia en el directorio de Enap, por el que asumirá hoy- constituye una idea bien orientada, pues propone un alza moderada en los precios y respeta el compromiso presidencial, expresado en noviembre, de que los residentes magallánicos continuarían gozando de un régimen especial en torno al gas (de aplicarse, más del 90% de la población magallánica continuaría pagando un precio con descuento).

Es una lástima que La Moneda no haya sido capaz de comunicar acertadamente a la población el alcance limitado de la medida y su conveniencia de largo plazo para la economía magallánica. El perfil más político del nuevo gabinete debiera servir para mejorar el manejo comunicacional del gobierno en este tipo de temas.