La visita a Irak de una misión judicial encabezada por el juez español Santiago Pedraz para reconstruir el asesinato en Bagdad del camarógrafo hispano José Couso, 37 años, de la cadena Telecinco, marca un hito en la lucha por una efectiva justicia universal y también constituye una derrota política para el gobierno “socialista” de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fiscalía Nacional de España, la Embajada de EEUU en Madrid, la Casa Blanca y todos los sectores interesados en echarle tierra al asesinato del periodista, ocurrido el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina.La diligencia de la comisión judicial de Pedraz también debería entenderse como un reclamo tácito de justicia por el asesinato de otros dos periodistas muertos al mismo tiempo que Couso: el ucraniano Taras Protsyuk, de 35 años, de la agencia británica Reuters, y el jordano Tarek Ayoub, de 35 años, de la cadena árabe Al Jazeera TV. Los tres fueron atacados por un tanque de EEUU tripulado por el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, cumpliendo órdenes del teniente coronel Philip de Camp.
El juez Pedraz y su comitiva concluyeron su misión el viernes 28 con algunas dificultades. Pudieron visitar la habitación 1403, en el piso 14 del hotel Palestina, e instalar en el balcón una cámara con trípode similar a la de Couso, apuntada en dirección al puente Aljumuriya, desde donde el tanque estadounidense disparó el cañonazo mortal. También Pedraz y sus acompañantes pudieron observar el piso 15, que fue el blanco principal del proyectil. Lo que no pudieron hacer los miembros de la comisión fue adentrarse en el puente hasta el lugar preciso en que se encontraba el tanque pues se los impidió el ejército de Irak.
Los problemas de la comisión judicial de Pedraz comenzaron al llegar al puente Aljumuriya. El ejército iraquí les bloqueó el acceso hasta el lugar preciso en que se hallaba el tanque al momento de efectuar los disparos, alegando razones de seguridad. Sólo dejaron bajarse de los automóviles a ocho miembros de la delegación, pero a 20 metros lejos del lugar exacto de los disparos. A esa distancia, los militares iraquíes permitieron la presencia de sólo tres cámaras: las del juez Pedraz y del abogado de la familia Couso, Enrique Santiago Romero, y del equipo de televisión de TVE. Argumentaron que el puente está bajo control militar, mientras el permiso que obtuvo Pedraz para su inspección ocular fue otorgado por el ministerio del Interior iraquí …no por el ministerio de Defensa.
El magistrado Pedraz, junto con los periodistas Jon Sistiaga, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero y los juristas Enrique Santiago Romero y Enrique Maillo, de la Asociación Libre de Abogados, pudieron comprobar que desde esa posición se divisan perfectamente las cinco plantas superiores del hotel Palestina, un edificio de 17 pisos. La habitación 1403, en cuyo balcón trabajaba Couso, se encuentra en el piso 14. Aunque proyectil impactó de lleno en el 15, Couso pereció un piso más abajo a consecuencia del mismo cañonazo. Durante las tres horas y media que duró la reconstrucción de la escena en el balcón del hotel Palestina un empleado local de la embajada de España representó el rol de Couso junto a la cámara y el trípode. Tras el análisis de las imágenes, Pedraz deberá dictaminar si Couso y su cámara eran visibles para el tanque.
El juez iraquí Fhihad Ahmed Hussein acompañó a su colega español durante toda la diligencia. Al término, se despidió amablemente de su colega español: "Estoy muy honrado de colaborar con usted durante la práctica de las diligencias". La delegación regresó enseguida a Madrid. Ese viernes hubo más de 50 muertos en atentados en Bagdad.
Boicot oficial hispano a la diligencia
La inspección ocular de Pedraz y su comisión judicial tuvo que vencer varios obstáculos en España. Primero, el caso fue archivado en dos ocasiones por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, pero después el Tribunal Supremo anuló esas decisiones por estimar que existían indicios fundados de delitos de homicidio y contra la comunidad internacional. El juez imputó a los tres militares estadounidenses que ordenaron y ejecutaron el disparo que acabó con la vida de Couso (y de sus dos colegas). El mismo Tribunal Supremo ordenó practicar la diligencia en Bagdad.
No obstante, el gobierno de Rodríguez Zapatero y el ministerio Fiscal se opusieron al viaje a Bagdad. El 13 de enero, el ministerio de Justicia le escribió al juez Pedraz expresándole su "altísima preocupación" por el viaje por no existir en Irak garantías para la protección de la comisión judicial (integrada, además, por la secretaria judicial, los testigos y los abogados de las partes). Añadió que la embajada de España carecía "de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad de 17 o 18 personas", incluyendo periodistas testigos y enviados especiales. El mismo día de la inspección ocular hubo más de 50 muertes por atentados en otros lugares de Bagdad.
Según los Wikileaks, la embajada de EE UU en España informó al Departamento de Estado que la ex vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, maniobraron sin éxito para archivar el caso a lo largo de toda la investigación judicial. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le garantizó al embajador de EEUU que el ministerio público se opondría a las eventuales órdenes de detención de Pedraz contra los tres militares estadounidenses imputados. La Fiscalía no quiso designar a ningún representante suyo en la comisión de Pedraz.
El juez español fue recibido en Bagdad por nueve magistrados del Tribunal Supremo iraquí que le demostraron apoyo y cenaron con él durante su breve estancia. El magistrado homólogo que colaboró con Pedraz en la inspección ocular, Fhihad Ahmed Hussein, es el juez del tribunal de Al Rusafa, bajo cuya jurisdicción se encuentran el hotel Palestina y el puente Aljumuriya.
La diligencia fue una victoria para la justicia universal y el magistrado Santiago Pedraz. También marca un hito en la tenaz lucha del abogado de derechos humanos Enrique Santiago Romero, quien antes enjuició a George Bush por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro internacional de torturas de la prisión de Guantánamo, así como contra los “servicios de hotelería” negociados por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 80 mil dólares por cada prisionero de Guantánamo eventualmente trasladado a España y el reabastecimiento en territorio de España de los vuelos clandestinos de la CIA que transportaron presos políticos secuestrados por EEUU en diferentes países del orbe para llevarlos a prisiones secretas del este de Europa y otros lugares.
*) Mapocho Press- Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno,
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