PIÑERA Y LAS AREAS PROTEGIDAS: EL CASO LAUCA
Por SARA LARRAIN
Directora Programa Chile Sustentable
El presidente Sebastián Piñera anunció en su visita a Arica la semana pasada, que piensa desafectar 40 mil hectáreas de parques naturales declarados reserva mundial de la biósfera, para facilitar las inversiones y explotación minera en la región de Arica y Parinacota. De concretarse este anuncio, Piñera violaría la legislación ambiental, la ley indígena vigente y desconocería los tratados ambientales internacionales suscritos por Chile. Esa decisión no es aceptable para los chilenos, ni para el desempeño ambiental que Chile comprometió al ingresar a la OECD (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).
Anunciar que se promoverá la explotación minera en un Parque como el Lauca, es un dramático ejemplo de la patética conciencia ambiental del Presidente, que cuida su precioso Parque Tantauco, pero desafecta un importante Parque Nacional.
El Parque Nacional del Lauca, es una Reserva Mundial de la Biosfera desde el año 1981 y un Parque Nacional desde el año 1983. Si el gobierno inicia la desafectación de esta área bajo protección, no sólo irá en contra de la voluntad de la sociedad chilena, sino que además desregularizará la legislación ambiental, la indígena y las convenciones de biodiversidad, de Washington, Viena y el patrimonio de la UNESCO.
Durante el régimen militar, el Ministerio de Obras Publicas (MOP), intentó intervenir el Parque para extraer aguas del Lago Chungará y la cuenca del Lauca, pero la ciudadanía y las comunidades Aymaras se lo impidieron mediante acciones legales, por su estatus de Área Protegida Nacional y Mundial.
A inicios de los 90, el MOP, intentó nuevamente extraer aguas superficiales y subterráneas del Parque, pero el propio presidente Aylwin detuvo este segundo intento evitando impactos ambientales, conflictos con las comunidades indígenas; y tensiones con el gobierno de Bolivia, que amenazó con denuncias ante la OEA, por tratarse de cuencas compartidas.
El año 2004, el MOP presentó un proyecto que pretendía extraer 45.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea de la zona. Este tuvo un fuerte rechazo de las comunidades indígenas, ambientalistas y generó tensiones con el gobierno boliviano. El presidente Lagos declaró que se iban a realizar estudios antes de tomar una decisión, y la Ministra de Relaciones exteriores de la época, Soledad Alvear, aseguró al canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, que el se había desistido de extraer agua de los pozos.
Detrás del anuncio de Sebastián Piñera está la misma extracción, pero abriendo una puerta de entrada a la explotación minera con un potencial de inversiones de US$ 2.000 millones y una producción de 240 mil toneladas anuales de cobre fino.
El país tendría que argumentar que no está reduciendo el SNASPE, ni relajando su legislación ambiental para favorecer actividades extractivas para exportación; pues esa acción puede constituir desregulación ambiental bajo los acuerdos de Libre Comercio entre Chile y EEUU o Canadá; y entre Chile y la Unión Europea; un hecho que habría que justificar ante la OECD.
Adicionalmente, la Ley Indígena, desde 1993, establece disposiciones especiales para salvaguardar las tierras y los bofedales de la etnia aymará en la I región. Este enfrentamiento al pueblo Aymará, por parte de Piñera, se sumaría a las tensiones con el pueblo mapuche y sería un factor más de tensión en las relaciones de Chile con Bolivia, ya que con toda razón, nuestros vecinos han reclamado que cualquier impacto en la Cuenca del Lauca, tendrá consecuencias en su territorio, por ser cuencas compartidas.
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