José Antonio Viera-Gallo, ministro del Tribunal Constitucional por designación de la Presidenta Bachelet, criticó la reforma constitucional del 2005 y la práctica parlamentaria en el diario La Tercera.
Repitiendo ideas formuladas en un seminario de centros de estudios de la oposición, cuestiona las nuevas atribuciones del Congreso (la interpelación de ministros, mayor injerencia en la aprobación de los tratados), las menores atribuciones del presidente (el plazo de las urgencias aumenta a favor del Congreso) y la reducción del período presidencial de seis a cuatro años.
Esto último hace simultánea la elección de Presidente y parlamentarios, por lo cual "los diputados de gobierno adquieren más autonomía frente al Presidente, con cuyo apoyo fueron elegidos". Esta opinión caricaturiza la elección de los legisladores, porque reducirla al apoyo presidencial es desconocer las bases electorales de aquellos y conduce a subordinar a los legisladores a las prioridades del Ejecutivo, lo que significaría el fin de la separación de poderes.
Critica la práctica parlamentaria de dar carácter permanente a la Comisión Mixta de Presupuesto, "ante la cual concurren periódicamente los ministros para rendir cuenta de la ejecución presupuestaria de sus carteras".
Viera-Gallo olvida que esta práctica fue aprobada por los ministros de Hacienda de la Concertación, porque ello les permitía que hubiera un control adicional al que ejerce la Dirección de Presupuestos sobre el trabajo de los ministros. Además, favorece la transparencia, objetivo de una ley que él impulsó cuando fue ministro.
Estos cambios "han producido un reequilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso", que "puede llevar a una suerte de "parlamentarismo impropio", cuyas negativas consecuencias conocimos a comienzos del siglo XX", dice Viera-Gallo. Es perjudicial poner etiquetas a problemas complejos, porque impide analizarlos.
¿Quién define si la conducta parlamentaria es "impropia"? El que primero usó esta etiqueta fue el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para criticar la destitución de la ministra Yasna Provoste por el Senado el 2008, cuando la Cámara aprobó la acusación constitucional de la oposición por las graves irregularidades en la secretaría ministerial metropolitana del Ministerio de Educación. Esa destitución la pudo detener la Presidenta Bachelet si hubiera sacado a la ministra, pero no lo hizo.
No es serio que un ex senador critique una reforma constitucional que él mismo aprobó hace cinco años. Nadie lamenta hoy la disminución de las atribuciones del Presidente, menos los parlamentarios de la actual
oposición. No es prudente llamar a los parlamentarios a usar las nuevas facultades "con responsabilidad", un juicio subjetivo que no le corresponde a él emitir. ¿Es irresponsable la interpelación o acusación constitucional de un ministro por parte de la oposición? Viera-Gallo es poco cuidadoso de sus opiniones, porque integra el Tribunal Constitucional que puede ser llamado a dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Rebaja aún más el debate sobre el funcionamiento del Congreso traer a la memoria la mal llamada "república parlamentaria", que llevó al golpe de Estado de 1924 y éste, a la dictadura del general Carlos Ibáñez (1927-1931). Es hasta de mal gusto, por lo ocurrido en 1973. No es bueno que ex ministros o ex legisladores critiquen desarrollos pasados de las instituciones a las que pertenecieron, como si ellos no hubieran tenido nada que ver con ello. Esa es tarea de académicos y opinólogos.
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