BORRARON LA INFORMACIÓN DE LOS DISCOS DUROS DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DEL EJÉRCITO PERJUDICANDO LA INVESTIGACIÓN DEL MILLONARIO FRAUDE MILITAR
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| El general en retiro Héctor Ureta declarando en la Comisión de la Cámara que preside el diputado Jaime Pilowsky (DC). |
Los chilenos nos enteramos
ahora que los discos duros en las computadores del Comando de Apoyo a la Fuerza
del Ejército fueron borrados intencionalmente como denunció el general en retiro Héctor Ureta, perjudicando seriamente la investigación sobre el millonario fraude al Fisco.
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En su segunda declaración
ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso de fraude en el
Ejército con dineros de la Ley Reservada del Cobre, el general retirado reveló este supuesto borrado y la pérdida de
valiosa información.
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Según el ex comandante, el hecho se habría
producido justo en plena investigación del fraude que hasta ahora, se
cuantifica en más de $6.600 millones de pesos en facturas ideológica y
materialmente falsas.
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Preciso, como consigna este
miércoles emol.com, que
"el hecho se produjo mientras el coronel Clovis Montero y el cabo Juan
Carlos Cruz se encontraban en prisión". El presidente de la instancia,
Jaime Pilowsky (DC), advirtió la gravedad del hecho y criticó que el Ejército
durante tanto tiempo no haya establecido sistemas de control para prevenir este
tipo de hechos.
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"Es difícil pensar que
sólo sean cinco los funcionarios involucrados, aquí hay una maquinación de
varios funcionarios al interior del Ejército para hacer este millonario fraude
y esperamos que el ministro en visita pueda avanzar en determinar otros
responsables desde el punto de vista penal. Nosotros, por nuestra parte,
avanzaremos en saber por qué no se tomaron las medidas adecuadas para haber
evitado este tipo de hechos y quiénes fueron los responsables de aquello",
precisó Pilowsky.
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El parlamentario además
anunció la citación de todos los generales que estuvieron a cargo del Comando
de Apoyo a la Fuerza desde el 2011 al 2015, organismo donde se han centrado las
críticas por la falta de controles. A partir de lo expuesto por el general (r)
Ureta, Pilowsky agregó que "algo pasó en el Comando de Apoyo a la Fuerza,
que desde el año 2012 los controles que ya eran precarios, pasaron a ser
simplemente inexistentes. Queremos saber quién y por qué se diluyeron los
controles en el CAF".
Querella de Impuestos Internos
El 13 de enero último ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos
Internos presentó la primera querella por delitos tributarios en el marco del
caso de fraude en el Ejército.
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Se
trata de una acción penal en contra del coronel Clovis Montero y el cabo
primero Juan Cruz Valverde por supuestos delitos tributarios previstos y
sancionados en el artículo 97 número cuatro inciso primero, relativos a la
presentación de declaraciones falsas de impuestos. El perjuicio fiscal asciende
a $ 153 millones. Ambos están en prisión preventiva por la justicia militar.
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La
investigación transitó por dos esfera: En el mundo militar encargado al ministro en visita Omar Astudillo. En esta instancia han sido
sometidos a proceso cinco uniformados (dos de ellos son querellados hoy por el
SII): Clovis Montero (coronel), Juan Carlos Cruz (cabo 1°), Millaray Simunovic
(sargento 2°), Miguel Escobar (sargento 1°) y Claudio González (suboficial).
Todos ellos por el presunto delito de defraudación fiscal y falsedad
documentaria, en calidad de autores. Sólo los dos primeros están en prisión preventiva.
La denuncia y los hechos
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En enero de 2014, mientras
el coronel Montero, que cumplía funciones en el Comando de Apoyo a la
Fuerza del Ejército, puso en marcha un plan que prometía ser perfecto. Previo
acuerdo con el proveedor Francisco Huincahue, presentó facturas adulteradas por
concepto de reparaciones en vehículos militares que en realidad nunca se
realizaron.
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El monto defraudado en este primer movimiento sería de 50 millones
041 mil 080 pesos, el que se repartió entre el coronel Montero, el propio
Huincahue y el cabo Juan Carlos Cruz, quien facilitó el trámite como auxiliar
contable en la Dirección de Finanzas del Ejército.
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Como señala un
reportaje de Radio Universidad de Chile, con esta primera y exitosa operación,
el coronel Clovis Montero se propone repetirla. La Abastecedora de Repuestos
Frasim LTDA., de propiedad de Francisco Huincahue, era un proveedor oficial del
Ejército, por lo que sus reiteradas facturas no levantarían sospechas. Según
los antecedentes presentados por la defensa del cabo Juan Carlos Cruz, el
Coronel le informa que debe repetir las mismas acciones que realizó con el
fraude anterior, y que consistían en simular fases de visto bueno en los
documentos mercantiles. “Accedí ante la insistencia y presión de mi superior”,
declara el cabo. “Pero esta vez la acción no pasó inadvertida para el Tesorero
del Ejército”, agrega.
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Las nuevas seis
facturas fraudulentas, que sumaban 53 millones 041 mil 750 pesos, fueron
ingresadas con celeridad para su pago. Eso advirtió al Tesorero del Ejército,
quien preguntó al Cabo quién enviaba las facturas a cobro. El cabo Juan Carlos
Cruz confiesa lo ocurrido a sus superiores y se inicia un proceso en su contra.
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Por tratarse de una
repartición castrense, el caso presenta diferentes complejidades para su
tramitación en manos de la justicia. La arista militar, que involucra a los dos
funcionarios del Ejército, es llevada por la fiscal militar Paola Jofré, en la
Sexta Fiscalía Militar de Santiago. La arista civil, que involucra al proveedor
que facilitó las facturas por servicios no prestados, es llevada por la fiscal
jefe de Santiago Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte. Ambas causas
procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben
responder además en su calidad de funcionarios públicos.
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Por su parte, en el
resguardo de los intereses fiscales patrimoniales, el Consejo de Defensa del
Estado se hizo parte querellante. Consultado este organismo por la Radio de la
Universidad de Chile, se dijo que la investigación ha debido remontarse al
menos hasta el año 2013.
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El Comando de Apoyo
a la Fuerza es un organismo dependiente de la Comandancia en Jefe, responsable
de responder a las necesidades materiales y de personal del Ejército. A su
cargo está la adquisición de equipamiento, incluyendo vestuario, pertrechos,
infraestructura y material bélico. La mayoría de estos ítems son financiados
con fondos de la Ley Nº13.196 Reservada del Cobre, que en su Artículo 5º
establece que un 10 por ciento de las ventas del cobre serán destinadas a la
adquisición y mantenimiento de “los materiales y elementos que conforman el
potencial bélico de las instituciones armadas”.
El reconocimiento de los hechos
El general
Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, desató
una verdadera guerra al interior de su institución en diciembre de 2015, luego que revelara en un
correo masivo cómo se produjeron las oscuras y millonarias defraudaciones con
los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el mayor escándalo de
corrupción militar desde el retorno a la democracia.
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“Hay todo tipo de
responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostuvo Ureta, a
días de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que enlodan
su carrera y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray
Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos.
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En un mensaje de varias
páginas, el general Ureta apuntó sus críticas al mando del Ejército y al
polémico Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición a cargo de gestionar en
reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. “A
la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó el oficial.
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El general Ureta, alegando la
defensa de su unidad y prestigio, no trepidó en revelar los más íntimos
secretos de cómo son administrados los polémicos fondos destinados a la compra
de armamento. Tampoco dejó de subrayar los hechos que a su juicio le sirven de
parapeto ante las investigaciones judiciales en curso.
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“De las más de 1.200 facturas
falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no
existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes
organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, recalcó.
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Sin ambages, el general afirmó
además que en el Ejército “existía una red de personas que desde diferentes
lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de
Apoyo a la Fuerza”, la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la
Ley Reservada del Cobre.
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En ese punto, su versión coincide con las investigaciones que sustancia la VI
Fiscalía Militar desde 2014. Es decir, la corrupción en torno a los fondos
provenientes de la Ley Reservada del Cobre era una práctica extendida al
interior del Ejército, no sólo la argucia de los cinco militares detenidos hasta
ahora en el Regimiento de Policía Militar.
Sin embargo, Ureta no hizo
ninguna mención a la captura de dos de sus colaboradores como supuestos
miembros de esas redes que precisamente denuncia, las que tienen a civiles y
militares involucrados en sendos procesos judiciales en la justicia civil y
militar.
Ante todas las polémicas financieras que han sacudido a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ministra de Justicia Javiera Blanco ‘golpeó la mesa’ y pidió a la entidad mayor transparencia y compromiso para acabar con las irregularidades.
