4-10-2013-KRADIARIO-EDICIÓN
N° 872
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JULIO PONCE EN LA MIRA POR EL "CASO CASCADA", NUEVO ESCÁNDALO NACIONAL
La Fiscalía Regional Centro Norte presentará hoy un recurso
especial, amparado en el Artículo 19 del Código Procesal Penal, con el fin de
que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le entregue la formulación
de cargos en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto
Guzmán, por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado
de Valores.
José Morales, fiscal a cargo de la investigación penal en el
denominado “caso cascada”, explicó que esta medida la tomaron a raíz de la
negativa de la SVS de entregar al Ministerio Público esos antecedentes, aun
cuando la información ha sido filtrada por los medios de prensa.
La investigación del Caso Cascadas podría convertirse en uno de los más desafiantes capítulos en el historial de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte, porque la cantidad de involucrados, los delitos que eventualmente se podrían configurar, y la complejidad del esquema de operaciones, hace que aún ni siquiera exista un horizonte probable para realizar dicha investigación.
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Por el momento existe claridad respecto a que el Ministerio Público abordará tanto los antecedentes de la querella que fue presentada en la Fiscalía Oriente -y luego derivada a la Centro Norte- por el accionista minoritario Roberto Lobos Cerda, por la supuesta realización de transacciones ficticias con títulos de SQM -a intermediados por Linzor Capital en 2011, además de los antecedentes que originaron el requerimiento de la investigación por parte de la SVS, que involucra operaciones realizadas entre 2009 y 2011.
La investigación del Caso Cascadas podría convertirse en uno de los más desafiantes capítulos en el historial de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, dependiente de la Fiscalía Centro Norte, porque la cantidad de involucrados, los delitos que eventualmente se podrían configurar, y la complejidad del esquema de operaciones, hace que aún ni siquiera exista un horizonte probable para realizar dicha investigación.
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Por el momento existe claridad respecto a que el Ministerio Público abordará tanto los antecedentes de la querella que fue presentada en la Fiscalía Oriente -y luego derivada a la Centro Norte- por el accionista minoritario Roberto Lobos Cerda, por la supuesta realización de transacciones ficticias con títulos de SQM -a intermediados por Linzor Capital en 2011, además de los antecedentes que originaron el requerimiento de la investigación por parte de la SVS, que involucra operaciones realizadas entre 2009 y 2011.
Según el Diario Financiero, entre los cinco cargos formulados por el regulador contra
Julio Ponce, dos son delitos que comprenden penas de cárcel de hasta 10 años:
las infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por efectuar
transacciones ficticias y transar o inducir a transar valores por mecanismos engañosos
o fraudulentos, los que serán abordados por la fiscalía.
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Sin embargo, al conocerse el expediente que originó los cargos levantados por el regulador contra Ponce y ejecutivos de las sociedades cascada, se podría abrir una nueva arista: si se configura o no el delito de asociación ilícita. Esto, porque la SVS detalla en dicho documento las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un “esquema de operaciones” y que fueron agrupadas en Cascadas (sociedades anónimas abiertas que conforman parte de la cadena de control de SQM), Relacionadas (sociedades bajo el control de Julio Ponce distintas de las sociedades cascada), Vinculadas (sociedades en cuya propiedad participa un cercano a Julio Ponce) e Instrumentales (presentan algún tipo de vínculo transaccional con las Relacionadas o con las Vinculadas).
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El fiscal a cargo en este caso, José Morales, declaró a La Tercera que “ha quedado demostrado que la reserva aducida por el superintendente no ha sido eficiente para efectos de asegurar lo que él está tratando de preservar que no suceda con el Ministerio Público. Por lo tanto, no entendemos la negativa de no entregar los antecedentes", indicó. Agregó que, hasta ahora, y mediante oficios, sólo ha pedido la formulación de cargos y no el expediente completo: "Obviamente que esto retrasa la investigación para poder decretar diligencias y acelerar una investigación de esta magnitud y naturaleza".
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Según el matutino Morales indicó que uno de los argumentos que expondrán hoy al tribunal es que "la reserva sustentada por el superintendente no puede ser obstáculo a las facultades de investigación del Ministerio Público, y así lo ha dicho en jurisprudencia la Corte de Apelaciones".
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El devastador informe de SVS implica en el caso Cascadas a los actores más poderosos del sistema financiero chileno.
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La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) justificó la formulación de cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, hecho que ha impactado fuertemente esta semana en la Bolsa de Comercio y en el mercado chileno de capitales.
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La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma, tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y 2011, publicó El Mostrador.
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Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
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Si bien usualmente el Ministerio Público investiga si se configura este tipo de delito al detectar la posible existencia de una organización de sujetos, con medios y un fin criminal, y eventualmente la existencia de una asociación ilícita, en este caso el esquema sería bastante más complejo. Esto porque también podrían parecer organizaciones estructuradas previamente, que después fueron utilizadas para cometer ilícitos, lo que cambiaría el escenario.
Opinión de Hacienda
Sin embargo, al conocerse el expediente que originó los cargos levantados por el regulador contra Ponce y ejecutivos de las sociedades cascada, se podría abrir una nueva arista: si se configura o no el delito de asociación ilícita. Esto, porque la SVS detalla en dicho documento las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un “esquema de operaciones” y que fueron agrupadas en Cascadas (sociedades anónimas abiertas que conforman parte de la cadena de control de SQM), Relacionadas (sociedades bajo el control de Julio Ponce distintas de las sociedades cascada), Vinculadas (sociedades en cuya propiedad participa un cercano a Julio Ponce) e Instrumentales (presentan algún tipo de vínculo transaccional con las Relacionadas o con las Vinculadas).
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El fiscal a cargo en este caso, José Morales, declaró a La Tercera que “ha quedado demostrado que la reserva aducida por el superintendente no ha sido eficiente para efectos de asegurar lo que él está tratando de preservar que no suceda con el Ministerio Público. Por lo tanto, no entendemos la negativa de no entregar los antecedentes", indicó. Agregó que, hasta ahora, y mediante oficios, sólo ha pedido la formulación de cargos y no el expediente completo: "Obviamente que esto retrasa la investigación para poder decretar diligencias y acelerar una investigación de esta magnitud y naturaleza".
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Según el matutino Morales indicó que uno de los argumentos que expondrán hoy al tribunal es que "la reserva sustentada por el superintendente no puede ser obstáculo a las facultades de investigación del Ministerio Público, y así lo ha dicho en jurisprudencia la Corte de Apelaciones".
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El devastador informe de SVS implica en el caso Cascadas a los actores más poderosos del sistema financiero chileno.
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La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) justificó la formulación de cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, hecho que ha impactado fuertemente esta semana en la Bolsa de Comercio y en el mercado chileno de capitales.
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La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma, tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y 2011, publicó El Mostrador.
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Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
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Si bien usualmente el Ministerio Público investiga si se configura este tipo de delito al detectar la posible existencia de una organización de sujetos, con medios y un fin criminal, y eventualmente la existencia de una asociación ilícita, en este caso el esquema sería bastante más complejo. Esto porque también podrían parecer organizaciones estructuradas previamente, que después fueron utilizadas para cometer ilícitos, lo que cambiaría el escenario.
Opinión de Hacienda
Sobre el asunto opinó esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respaldando la autonomía de la SVS en su decisión de no entregar dicho documento al Ministerio Público, hecho que originó una nueva polémica en este caso.
"La decisión de no entregar información a la fiscalía es una decisión que toma en forma autónoma el superintendente de Valores y Seguros", dijo el ministro.
Respecto al caso mismo y al marco jurídico, el secretario de Estado señaló que con el actual marco regulatorio "se puede avanzar" y que está en manos de la SVS.
"Por el momento no tenemos contempladas modificaciones (al marco regulatorio), si bien es cierto que siempre vamos a estar abiertos a recibir buenas ideas respecto de la legislación financiera y económica", dijo la autoridad.
"Aquí en Chile las instituciones funcionan. Existe una 'súper' (SVS) que va a preocuparse de que en el mercado financiero (...) las leyes se cumplan y existe un tribunal de libre competencia que va a mirar que no se vulnere el principio de la libre competencia", dijo Larraín
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