Donald Trump ni olvida ni perdona. Tras haber estado envuelto en varios procesos legales que él llamó una “caza de brujas”, ahora está usando su poder desde la Casa Blanca para cumplir con el proceso la tradicional estabilidad de algunos cargos de la administración pública.
En una semana en la Casa Blanca, el presidente ha puesto en marcha una operación de aparentes represalias que, si bien en este momento no muestra con claridad el camino que seguirá, indica que busca “cobrarse” los malos ratos que enfrentó tras ser el primer mandatario de la historia de EE UU en ser acusado de crímenes en tribunales federales y estatatles.
Este lunes, el Departamento de Justicia despidió a más de una docena de empleados que trabajaron en investigaciones criminales contra Trump como parte del equipo del fiscal especial Jack Smith, mientras que el fiscal federal interino para Washington DC, ordenó investigar los fiscales que llevaron casos de quienes asaltaron el Capitolio en enero de 2021.
Ambas medidas, que siguieron a la sorpresiva reasignación de funcionarios de carrera de alto rango la semana pasada, se realizó a pesar de que los fiscales de base por tradición permanecen en sus puestos en todas los cambios de gobierno y no son castigados por sus investigaciones.
Pero el nuevo gobierno está rompiendo esa tradición y quiere deshacerse de funcionarios que percibe como desleales al presidente, como queda establecido en una carta que les escribió el fiscal general interino James McHenry.
“El funcionamiento adecuado del gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositen en sus subordinados. Dado su importante papel en el procesamiento del presidente, no creo que el liderazgo del Departamento pueda confiar en ustedes para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”, escribió McHenry.
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