LAS EMBAJADAS - POR MARTIN POBLETE PUYOL

Desde mediados del Siglo XIX, las embajadas en Latinoamérica fueron consideradas lugares respetados bajo protección del derecho internacional; sus titulares, los embajadores, también estaban protegidos, y en casos de guerra se les concedía salvoconducto bajo protección de un país neutral.

En el Siglo XX, las referidas protecciones evolucionaron en verdadera tradición transversalmente respetada. Las más notorias dictaduras latinoamericanas observaron sin excepciones, a veces a regañadientes, dicha tradición.

En República Dominicana, el largo régimen de Rafael Leonidas Trujillo, fervoroso admirador del General Franco, adoptó uno de sus títulos: Generalísimo; en Nicaragua, los sucesivos regímenes de la familia Somoza; en Guatemala, esa prolongada sucesión de dictaduras militares iniciadas por Carlos Castillo Armas y Julio César Méndez Montenegro; en Venezuela, la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez; en Colombia, las de Laureano Gómez y del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Hubo tres incidentes que sacudieron la tradición; en Guatemala, durante el régimen del General Efraín Ríos Montt, una prolongada balacera en el centro de Ciudad de Guatemala terminó con serios daños a la Embajada de España, el gobierno español encabezado por don Adolfo Suárez, siendo Jefe de Estado el Rey Juan Carlos de Borbón, protestó la versión oficial; en el Perú, durante el régimen del General Manuel Odría, el líder del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, debió pasar casi dos años bajo la protección de la Embajada de Colombia ante la negativa del gobierno peruano de concederle salvoconducto de salida.  

En Chile, durante la dictadura encabezada por el General Augusto Pinochet, personal de la DINA lanzó sobre la muralla el cadáver de una prisionera política, el cual cayó en el jardín de la residencia del embajador de Italia.

La semana pasada, el régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela, se retractó de una decisión previa, y desconoció la protección de la Embajada de Argentina en Caracas, asumida por el Gobierno de Brasil. En dicha embajada hay varios perseguidos políticos venezolanos, a quienes a su vez se les había concedido protección. 

La dictadura venezolana encabezada por Maduro rompió con una valiosa tradición; los gobiernos latinoamericanos, por sus propias conveniencias, deben protestar enérgicamente lo sucedido y exigir respeto a la integridad de la Embajada de Argentina, y al rol del Gobierno de Brasil como administrador del recinto en ausencia del país titular, con el cual las relaciones fueron unilateralmente suspendidas por el régimen de Maduro.